DERECHOS HUMANOS: PERSPECTIVA 2000

El ex dictador chileno Augusto Pinochet espera, desde su lujoso arresto domiciliario en el barrio londinense de Virginia Waters, la llegada del 2000 como actor central de uno de los hechos mas trascendentes del fin del siglo.
Pinochet, de 84 años, cambio en marzo de 1998 el uniforme por el traje civil y asumio el cargo de senador vitalicio, pero no llego a representar un anhelado papel de legislador, sino que permanecio atado al de violador de los derechos humanos por obra y gracia del juez espanol Baltasar Garzon.
Garzon y Pinochet fueron en 1999 los puntos de referencia de un nuevo y controvertido capitulo en la historia del derecho internacional, que genero roces diplomaticos y aprensiones en gobiernos y foros multilaterales. El caso Pinochet coloco en la agenda internacional el problema del juzgamiento extraterritorial de los crimenes contra la humanidad antes de que pudiera materializarse la creacion del Tribunal Penal Internacional, acordada en septiembre de 1998 en Roma.
La detencion en Londres del ex dictador el 16 de octubre de 1998 puso tambien a prueba otros instrumentos mundiales, como la Convencion Internacional sobre la Tortura, en la cual se basa el juicio en curso para la extradicion de Pinochet a Espana.
Los procesos a cargo de Garzon, que involucran tanto a Chile como a Argentina, tienen una carga politica que va mas alla de esos dos paises y constituye una suerte de ajuste de cuentas con la historia reciente de America Latina. El juez desato un conflicto con varios agonistas y antagonistas en la region: la soberania nacional versus las leyes internacionales, la democracia versus las amenazas militares, la impunidad versus la justicia, la memoria versus el olvido.
El hito preliminar de esta saga se produjo una manana de diciembre de 1992 en Asuncion, cuando el juez paraguayo Jose Fernandez y el ex preso politico Martin Almada descubrieron los archivos de la llamada Operacion Condor. Miles de documentos encontrados en la estacion de policia de Lambare, donde fueron dejados por funcionarios de la dictadura de Alfredo Stroessner, derrocado en 1989, registraban en esos archivos la coordinacion de los cuerpos represivos del Cono Sur latinoamericano en los anos 70 y 80.
Se comprob¢ asi el caracter transnacional y colectivo del terrorismo de Estado. Hasta entonces, paises europeos, como Francia en el juicio al capitan argentino Alfredo Astiz, habian tenido que limitarse a sentenciar criminales en ausencia por casos particulares.
El 10 de junio de 1996, el juez Garzon acogio en Madrid una denuncia presentada en marzo de ese ano por la Union Progresista de Fiscales (UPF) de Espana por hechos de terrorismo, genocidio y otros crimenes contra la humanidad a manos de la dictadura que goberno Argentina entre 1976 y 1983. En julio de ese mismo ano, la UPF presento otra denuncia, por delitos similares, contra Pinochet y los miembros de la Junta Militar que el 11 de septiembre de 1973 derroco a Salvador Allende e instalo una dictadura que duro hasta marzo de 1990.
La causa contra la dictadura chilena fue asumida por el juez Manuel Garcia Castellon, pero los antecedentes sobre la Operacion Condor permitieron a Garzon emitir una orden internacional de captura contra Pinochet cuando se supo que el general estaba en Londres en octubre de 1998. Garzon pudo asi concentrar ambas causas para darles un tramite judicial resistido no solo por los presidentes Eduardo Frei, de Chile, y Carlos Menem, de Argentina, sino tambien por la mayoria de los gobiernos latinoamericanos, incluido el de Cuba.
Dirigentes politicos conservadores de otros paises, como la britanica Margaret Thatcher, se alinearon tambien junto al ex dictador chileno, para rechazar su juzgamiento internacional y caracterizarlo como victima de una persecucion politica. Se trazo una linea divisoria en America Latina que dejo de un lado a victimas de la represion y activistas por los derechos humanos, movidos por demandas eticas, y del otro a gobiernos, sectores conservadores y militares, cuyos argumentos principales se basaron en razones de Estado.
En el archivo de 1999 quedaran otros personajes emblematicos como Sola Sierra, la presidenta de la Agrupacion de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Chile, fallecida en septiembre durante una operacion de la columna vertebral similar a la que motivo el viaje de Pinochet a Londres y permitio su arresto alli. La flematica justicia britanica siguio imperturbable con el caso Pinochet, en una sucesion de dictamenes y apelaciones, marchas y contramarchas, hasta que el juez Ronald Bartle dio lugar el 8 de octubre al juicio de extradicion a Espana del ex dictador basandose en la Convencion Internacional sobre la Tortura. Garzon, quien mantiene un pedido internacional de arresto contra 40 militares y ex funcionarios de la dictadura chilena, emitio en noviembre otra contra 98 violadores argentinos de los derechos humanos.
El criterio de extraterritorialidad de la justicia aplicado por Espana fue objeto de criticas impulsadas por Frei y Menem y aprobadas por foros como la Cumbre Iberoamericana de La Habana, a la cual ambos mandatarios faltaron en senal de protesta, y la ultima cumbre del Mercado Comun del Sur en Montevideo. Mas alla de las posiciones gubernamentales, la ruptura del manto de impunidad de las antiguas dictaduras alento una reactivacion de las acciones judiciales en Argentina y Chile relacionadas con el terrorismo de Estado.
El ex dictador argentino Jorge Rafael Videla fue encarcelado por el delito de secuestro de ninos, y seis generales chilenos fueron encausados en 1999, incluso involucrados en querellas presentadas contra Pinochet. Jueces de Chile sentaron una nueva jurisprudencia para no amnistiar casos de desaparicion forzada de personas, y las Fuerzas Armadas de este pais accedieron por primera vez a conversar con abogados sobre derechos humanos, en una mesa de dialogo de incierto futuro.
En el umbral del 2000, el futuro inmediato de Pinochet aparece atado a un prolongado juicio de extradicion o a su liberacion por razones de clemencia, en virtud de su avanzada edad y de la supuesta gravedad de las enfermedades que sufre. Cualquiera sea el desenlace para el ex dictador, el escenario ya no volvera a ser el mismo y el derecho internacional seguira enfrentando desafios que, tal vez, incrementen las reservas de los gobiernos hacia el Tribunal Penal Internacional. La historia continuara. La guatemalteca Rigoberta Menchu, Premio Nobel de la Paz, anuncio a comienzos de diciembre que presentaria a Garzon una denuncia por los 200.000 crimenes represivos que se cometieron en su pais desde los anos 50. (FIN/IPS/ggr/mp-mj/hd/99)