LIMA, abr (IPS) Analistas independientes de Perú cuestionan las
estadísticas del gobierno y del Banco Mundial según las cuales la
pobreza se redujo en el país en la presente década.
María Cristina Rizo Patrón, ministra de la Presidencia hasta la
semana pasada, dijo que los programas del gobierno y el respaldo
de las agencias extranjeras de cooperación lograron reducir el
segmento de población en extrema pobreza en Perú, que bajó de 22 a
17 por ciento en los últimos años.
Esta versión es objetada por informes no gubernamentales, como
el efectuado por el Instituto Apoyo, cuyos directivos admiten el
incremento de los gastos oficiales en inversión social pero
señalan que esa inversión se caracteriza por una concentración
inadecuada de los programas.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI,
son pobres las familias cuyos ingresos son menores a los 180
dólares mensuales. Actualmente, 48 por ciento de la población se
encuentra en ese nivel.
La extrema pobreza corresponde al segmento de pobreza en donde
los ingresos por hogar familia son menores a cien dólares
mensuales, suma que no alcanza para cubrir los gastos de la
canasta alimentaria mínima y no deja margen para pagar servicios
de ningún otro tipo.
Patrón anunció en esa oportunidad que el gobierno del que
formaba parte obtuvo recientemente varios créditos externos, del
Banco Mundial y de otras fuentes, por 400 millones de dólares,
para la ejecución de programas de saneamiento y de asistencia
social en las zonas rurales mas deprimidas.
Esos recursos se sumarán a los mil millones de dólares
destinados en el presupuesto fiscal del presente año para aliviar
la situación alimentaria y de salud de los peruanos en condición
de pobreza extrema, tanto en las ciudades como en el campo.
En 1998, la inversión social del Estado fue similar, aunque
gran parte de los recursos debieron orientarse a obras de
reconstrucción y rehabilitación de viviendas, carreteras, puentes
y canales de regadío destruidos por las inundaciones provocadas
por el fenómeno climático de El Niño.
«La deficiente distribución del gasto social hace que los
beneficios se concentren en sectores de mayores ingresos, y que
lleguen en menor medida a los mas pobres», dice el informe de
Apoyo.
Según ese estudio, sólo 35,2 por ciento de los beneficios de
los gastos sociales llegan al sector de extrema pobreza.
Precisa que esa tendencia se manifiesta en mayor grado en el
campo de la salud, en que el gasto beneficia en 52 por ciento al
estrato pobre alto, y en educación, en el que 30 por ciento de los
gastos es aprovechado por los sectores medios y pobres altos.
También señala Apoyo que la población de las comunidades
indígenas, que radican en las zonas más altas y deprimidas de la
sierra, han sufrido un grave retroceso económico en los últimos
cinco años.
«Mientras que en 1994 una familia indígena tenía 24 por ciento
de posibilidades de ser mas pobre que una familia no nativa, en
1998 ese porcentaje se incrementó a casi 30 por ciento», indica
el informe.
Pero no sólo se critica la inadecuada distribución de los
recursos empleados para reducir la pobreza sino también los
resultados reales del programa.
«Más allá de las cifras, la reducción de 22 a 17 por ciento de
la pobreza extrema significa que vamos a ingresar al nuevo milenio
con más de cuatro millones de peruanos viviendo en condiciones de
extrema pobreza», asegura Eduardo Lastra, editor de la revista
especializada Avance Económico.
«Los funcionarios que diseñan y exhiben los resultados de la
política económica fiscal mencionan ese resultado sin rubor, sin
tomar en cuenta que significa bolsones de pobreza, desnutrición,
rebrote de tuberculosis y deserción escolar en aumento», añade.
Otro experto no gubernamental, Pedro Francke expresa que «más
de 12 millones de peruanos se encuentran en situación de pobreza y
considerando optimistamente que se mantenga el ritmo anunciado de
reducción de pobreza, estaríamos eliminando la pobreza en el año
2050″.
«Lo más probable es que la pobreza no se reduzca sino que, por
el contrario, se incremente, tomando en cuenta que hemos entrado
en una grave crisis recesiva, caracterizada por un acelerado
aumento del desempleo», observa.
Francke vincula la evaluación de la lucha contra la pobreza a
los resultados del modelo económico puesto en practica por el
presidente Alberto Fujimori, del que señala que «ha generado
crecimiento pero pocos empleos, lo que ha incrementado las
distancias sociales».
«La apuesta por la inversión extranjera privilegia sectores
como el primario-exportador (minas y pesca) y servicios modernos
(telecomunicaciones) que generan poco empleo, en tanto que la
rebaja de los aranceles de importación significó el cierre de
fábricas y el crecimiento del desempleo», expresa.
Cuando arribó al gobierno, en 1990, Fujimori puso en práctica
un duro programa de ajuste para revertir la hiperinflación que
encontró.
La implementación de esos planes originó el despido de más de
200.000 trabajadores públicos y privados, eliminó los subsidios a
medicinas, alimentos y servicios básicos, impacto que el gobierno
trató de conjurar con los programas de ayuda alimentaria y el
incremento del gasto social.
«La economía creció a un ritmo acelerado entre 1993 y 1995,
luego a un ritmo irregular pero menor entre 1996 y 1997, para
entrar en 1998 a una recesión y estancamiento», dice Francke.
«Una proyección para el conjunto de la década arroja un
crecimiento anual promedio de apenas dos por ciento en el producto
bruto interno, lo que significa que al fin del siglo el producto
per cápita será 10 por ciento inferior al de 1987″, sostiene.
También destaca que «el modelo abierto adoptado por Fujimori
ha aumentado la vulnerabilidad externa y Perú ha sido sacudido por
los impactos de la crisis iniciada en Tailandia y Malasia,
contagiada a todo el sudeste asiático y seguida por Rusia y la
impredecible situación de Brasil». ( Sabina Astete)
