FUJIMORI SE RETIRA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Peru rehusará en adelante aceptar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en rechazo a la anulacion por parte de este tribunal de la condena a cadena perpetua por terrorismo de cuatro chilenos.
El gobierno de Peru, que tiene varios casos en su contra pendientes ante la CIDH, no denunciara, sin embargo, la Convencion de Derechos Humanos o Pacto de San Jose, cuyos postulados seguira respetando, segun decidio el parlamento por 64 votos contra 33 y una abstencion.
Hernan Salgado, presidente de la CIDH, declaro en la noche del miercoles en San Jose para los informativos de television de Lima, que el retiro de Peru de la jurisdiccion de la corte y la permanencia en el Pacto de San Jose »no es juridicamente viable».
Esta posibilidad »no figura dentro del espiritu y la letra de la Convencion Americana de Derechos Humanos», dijo Salgado.
En consecuencia, anuncio que la CIDH, con sede en la capital de Costa Rica, proseguirá analizando y fallando sobre los casos pendientes y los que sean presentados en el futuro mientras Peru continue adhiriendo a la Convencion, y recordo que la denuncia requiere un plazo minimo de 12 meses.
La CIDH fue creada como instrumento para aplicar la Convencion y como instancia supranacional a la que pueden acudir personas e instituciones de los pa¡ses signatarios, que consideren que sus derechos civiles han sido lesionados por los gobiernos.
El ultimo fallo de la CIDH contra Peru declaro nula la sentencia a los cuatro chilenos del guerrillero Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, porque fue emitida por un tribunal militar.
El fallo tambi’n reclama a Pero la reforma de los dispositivos legales que encargan a tribunales militares, el juzgamiento de civiles acusados de terrorismo y de traicion a la patria.
Esta recomendacion fue declarada »inaceptable» por Fujimori, quien recordo que los tribunales militares fueron creados porque los jueces civiles y sus familiares, eran amenazados de muerte por organizaciones terroristas.
»El propio Abimael Guzman, asi como otros dirigentes del criminal partido maoista Sendero Luminoso, fueron declarados inocentes por falta de pruebas por jueces asustados. Para detener la violencia politica que costo 30.000 muertos y desaparecidos, necesitamos tribunales energicos», afirmo Fujimori.
Pero la acci¢n de los tribunales militares, compuestos por jueces enmascarados para evitar que sean identificados, violo las garantias del debido proceso, segun organizaciones defensoras de los derechos humanos y la CIDH.
La ruptura con la CIDH es respaldada por del 64,7 por ciento del electorado, mas del doble que el apoyo a Fujimori, mientras solo 23,7 por ciento consideran que se debe acatar el fallo, segun la firma encuestadora Apoyo, Opinion y Mercado.
»El electorado se muestra descontento con los resultados economicos de la gestion de Fujimori, especialmente con el alto desempleo, pero sigue considerando que uno de sus mayores meritos es su politica antiterrorista», explico Alfredo Torres, de la empresa encuestadora.
Pero parlamentarios opositores afirman que el terrorismo ya ha sido practicamente liquidado, aunque admiten que subsisten focos en areas selvaticas, y acusaron a Fujimori de magnificar su rebrote con informaciones alarmistas en las ultimas semanas.
La intencion del mandatario es asustar a la poblacion y favorecer sus proyectos reeleccionistas, agregaron.
Los opositores afirman tambi’n que la ruptura con la CIDH tiene el proposito de abrir paso a la ilegal intencion de Fujimori, de postularse para un tercer periodo presidencial consecutivo en las elecciones del 2000.
La CIDH se aprestaba a ordenar la restitucion en sus cargos de los miembros del Tribunal Constitucional destituidos por oponerse a la reeleccion, afirmaron los legisladores de la oposicion en el debate de mas de 12 horas.
Los portavoces del gobernante partido Cambio 90 no replicaron esa acusacion, y se limitaron a sostener que rechazan a la CIDH porque su fallo revela incapacidad politica, para entender las medidas extraordinarias que Fujimori debio adoptar para derrotar a la subversion.
El presidente de la Comision de Justicia del Congreso, Oscar Medelius, sostuvo que acatar el fallo de la CIDH motivaria a los 1.800 presos acusados de terrorismo a acogerse al mismo dispositivo.
Medelius pronostico que, en ese caso, »los jueces civiles serian nuevamente intimidados y muchos de ellos ordenarian la libertad de los subversivos».
Javier Alva Orlandini, lider del centrista y opositor partido Accion Popular, sostuvo que »la salida de la jurisdiccion de la Corte de San Jose dejara a 24 millones de peruanos desamparados, frente a un gobierno pertinaz violador de derechos humanos y civiles».
Edgar Nunez, del socialdemocrata Partido Aprista Peruano, agrego Fujimori tiene otros motivos para esta decision. »El gobierno quiere apartar a Peru de la CIDH para atentar impunemente contra la libertad de prensa y no devolver su canal de television al ciudadano Baruch Ivcher», dijo.
El gobierno de Peru despojo de su ciudadania a Ivcher, propietario de una televisora critica del gobierno nacido en Israel, de su nacionalidad.
La unica sancion que puede disponer la CIDH ante el incumplimiento de sus fallos, es una comunicacion a la Organizacion de Estados Americanos, recordo en el debate el parlamentario opositor Fernando Olivera.
Eso ya ocurrio. Peru fue condenado indemnizar a los familiares de los 300 presos politicos muertos, al aplastarse la rebelion de militantes de Sendero Luminoso en cuatro c rceles de Lima y Callao en junio de 1986, cuando el aprista Alan Garcia, hoy en el exilio, era presidente, dijo Olivera.
Garcia fue acusado por sus adversarios de haber ordenado en persona el exterminio de los amotinados. Muchos senderistas presos recibieron disparos en la cabeza luego de rendirse.
La oposicion sostiene que el retiro de la CIDH acarreara a Peru desprestigio internacional, reduccion del apoyo financiero externo y retraccion de las inversiones extranjeras.
Algunos dirigentes empresariales, como Carlos Bruce, presidente de la Asociacion de Exportadores, y Roque Benavides, presidente de la Confederacion Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, expresaron hoy su inquietud al respecto. (FIN/IPS/al/mj/ip hd/99)