GOBIERNO PERUANO DENUNCIADO ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DD.HH

El gobierno peruano seráá denunciado ante laCorte Interamericana de Derechos Humanos, por negarse a restituir a los magistrados destituidos del Tribunal Constitucional, que se opusieron a una segunda reelección de Alberto Fujimori.
La defensa de los juristas Delia Revoredo, Manuel Aguirre Roca y Guillermo Rey Terry, «solicitó formalmente» a la Comisión Interamericana de Derecho Humano (CIDH) de la OEA, que la denuncia de ese caso sea elevado por el organismo ante la Corte de San José.
Sin éxito, concluyeron la víspera en el seno de la CIDH en Washington, las negociaciones entre los representantes del gobierno peruano y la representante legal de los tres magistrados destituidos, Lourdes Flores, para solucionar el problema.
Informó de que la causa principal del fracaso de las conversacionescon la Comisión de Alto Nivel, obedece a que el gobierno y la mayoría oficialista del Congreso no desean cumplir con la recomendación de la CIDH, de reponer a los tres magistrados.
La representaci¢n del gobierno hab¡a expresado su disposici¢n a aceptar la reposici¢n mas como una cuesti¢n simb¢lica que como una presencia real de los tres magistrados destituidos, «y por principios no podemos aceptar», manifest¢ Flores.
El Congreso, controlado por una coalici¢n gobiernista, destituy¢ a los juristas, en mayo de 1997, por haber considerado inaplicable una ley interpretativa aprobada por el parlamento y que permite a Fujimori postularse por tercera vez consecutiva en el 2000.
Antes los magistrados fueron objeto de una acusacion constitucional por la supuesta usurpaci¢n de funciones y, luego destituidos por la mayor¡a oficialista del Congreso. En solidaridad tambi’n renunci¢ el presidente del Tribunal Constitucional, Ricardo Nugent.
Los otros tres integrantes del Tribunal Constitucional, Jos’ Garc¡a Marcelo, Luis Valverde y Francisco Acosta, este oltimo reemplazo en el cargo a Nugent, si avalan la reelecci¢n.
La oposici¢n pol¡tica, que denunci¢ el caso ante la CIDH, insiste en la reposici¢n de los tres magistrados y considera  que una nueva postulaci¢n de Fujimori contradice la Constituci¢n peruana.
En la Carta Pol¡tica se prohibe una segunda reelecci¢n consecutiva, pero el oficialismo sostiene que la actual Constituci¢n fue aprobada en 1993 y no cuenta la elecci¢n de Fujimori de 1990, sino a partir de 1995, en que fue reelegido.Para la legisladora oficialista Martha Ch vez, a la oposici¢n s¢lo le queda apoyar el proceso de selecci¢n de nuevos magistrados y dijo que la facultad constitucional del Congreso de destituci¢n no pod¡a estar sujeta a negociaci¢n y menos a una evaluaci¢n de la CIDH.
«Este es un proceso dif¡cil dado que la minor¡a, cuyos votos se requieren para elegir a los magistrados, tiene que apoyar este proceso. S¢lo nos queda esperar», manifest¢ la ex presidenta del Poder Legislativo.
El tema ha sido materia de preocupaci¢n de la CIDH,- Comisi¢n Interamericana de Derechos Humanos -, que recomend¢ en diciembre pasado al gobierno peruano reponerlos en sus cargos, pero el oficialismo ha dilatado la soluci¢n del caso.
Aunque el presidente de la CIDH, el estadunidense Robert Goldman, pidi¢ a Flores que el di logo se mantenga, la defensora de los tres magistrados cesados solicit¢ que el caso pase a la Corte Interamericana, que deber  resolver en un plazo m ximo de 30 d¡as.
Flores, legisladora del opositor Partido Popular Cristiano (PPC), dijo que ante la falta de acuerdo con el gobierno, ser   el nuevo Congreso -a ser elegido en el 2000- la instituci¢n que podr¡a restituir a los magistrados y as¡ efectuar un acto de justicia.