Con motivo del primer aniversario de la detención del general retirado Augusto Pinochet en Londres (16 de Octubre: una fecha que pasará a la historia como clave en la lucha contra la impunidad), la Sección Española de Amnistía Internacional ha emitido un informe sobre los importantes acontecimientos que han tenido lugar durante este año:
Argentina/Chile: El gobierno español ha de colaborar activamente con la justicia. Un año después de la detención de Pinochet.
Este documento critica la falta de colaboración activa del gobierno español con los procesos abiertos en la Audiencia Nacional por violaciones de derechos humanos en Chile y Argentina.
Ante las informaciones sobre la petición realizada por el gobierno de Chile al gobierno del Reino Unido para que paralice el proceso de extradición de Pinochet a España en virtud de razones humanitarias (lo que supondría su retorno a Chile y la perpetuación de la impunidad), Amnistía Internacional (AI) pide al gobierno espa_ol que se oponga con todos los medios a su alcance, tal y como ha hecho en otros casos en los cuales se ha denegado la extradici¢n de personas reclamadas por la justicia espa_ola.
La posici¢n del gobierno espa_ol ante esta posibilidad qued¢ expresada en un art¡culo del ministro espa_ol de Asuntos Extranjeros, Abel Matutes, publicado en el diario chileno «El Mercurio» el pasado d¡a 11 de julio de 1999, en el cual afirma: «Dentro del mbito de pol¡tica exterior que le es propio, el gobierno espa_ol ha comunicado al gobierno chileno que respetar cualquier decisi¢n de la justicia del Reino Unido en caso de que esta o el gobierno brit nico decidan apreciar razones de tipo humanitario para interrumpir la extradici¢n a Espa_a y permita el traslado a Chile del senador Pinochet«.
AI considera que las «razones humanitarias» en caso de un deterioro de la salud del general retirado Augusto Pinochet no pueden invocarse para su retorno y para la paralizaci¢n del proceso judicial. Las «razones humanitarias» solo pueden tenerse en cuenta para la ejecuci¢n de la pena, pero no han de garantizar la impunidad ante un proceso judicial en curso.
El informe que presenta AI muestra la preocupaci¢n de la organizaci¢n «por la actitud del gobierno espa_ol en este proceso, m s interesado por la marcha de las relaciones bilaterales entre Espa_a y Argentina y Chile que en ejercer su responsabilidad de colaborar activamente con la justicia en investigar los cr¡menes contra la humanidad en Argentina y Chile que, adem s, tuvieron como v¡ctimas a centenares de espa_oles. El gobierno espa_ol, al contrario que muchos otros gobiernos, se ha limitado a cumplir administrativamente con la justicia en Espa_a mientras trabajaba muy activamente en pro de unas relaciones pol¡ticas y comerciales estrechas con Argentina y Chile. Las v¡ctimas de la represi¢n en estos pa¡ses no han tenido nunca una palabra de apoyo por parte de las m s altas instancias espa_olas, ni han sido recibidas por las autoridades«.
Es m s, segon el informe, «el gobierno espa_ol no ha invocado los Tratados Bilaterales que existen entre Espa_a y Chile y Argentina, para hacer que estos gobiernos cumplan con las exigencias legales de colaborar con la justicia«. Este documento incluye tambi’n diversas recomendaciones al gobierno espa_ol para que colabore activamente en este proceso, poniendo a disposici¢n de la Audiencia Nacional toda la informaci¢n que tenga en su poder sobre violaciones de derechos humanos en el periodo objeto de investigaci¢n judicial. En caso de que parte de esta informaci¢n estuviese clasificada como «secreta» o «reservada», el Gobierno ha de proceder a su desclasificaci¢n y entrega a la Justicia, o justificar con claridad que pone en riesgo la seguridad y la defensa del Estado.
El informe de AI tambi’n recomienda a los parlamentarios espa_oles que impulsen la colaboraci¢n activa de las autoridades espa_olas en este proceso, destaca los hitos hist¢ricos para la causa de la Justicia que se han producido durante este a_o desde la decisi¢n adoptada por la Audiencia Nacional de Espa_a el 29 de Octubre de 1998 – por la cual se ratificaba la competencia de los tribunales espa_oles para proseguir la investigaci¢n judicial -, hasta la sentencia del pasado 8 de Octubre, por la cual el tribunal brit nico competente autoriza la extradici¢n de Pinochet a Espa_a, e incluye la posibilidad de que sea juzgado por los delitos de «desaparici¢n» forzosa que continoan sin aclararse.
Para la organizaci¢n de defensa de los derechos humanos, las v¡ctimas tienen derecho a que se haga justicia, y, adem s, «la historia ha demostrado que solo la verdad y el reconocimiento de las atrocidades cometidas pueden hacer cicatrizar las heridas del pasado«.
Encontrar n m s informaci¢n sobre Amnist¡a Internacional – Catalunya y sus actividades en http:www.pangea.org/ai-cat.
Para obtener el informe sobre Chile y Argentina o concertar entrevista, contactar con el Equipo de Informaci¢n Poblica de AIC (e-mail ai-eip@suport.org).
