LA ASOCIACIÓN DE PRENSA LIBRE PERUANA, ACUSADA DE FALSIFICACIÓN

El Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM),organismo judicial de las fuerzas armadas del Perú, denunció a periodistas miembros de la Asociación Prensa Libre, por haber utilizado documentos presuntamente falsificados, a fin de acusar de espionaje político al Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).
La denuncia del CSJM fue hecha ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que la ha remitido a la Fiscalía de la Nación. En ella se acusa a los periodistas de la Asociación Prensa Libre, de haber cometido varios delitos tipificados en el Código Penal para adulterar documentos, en los que el SIE dispone seguimiento a los virtuales candidatos presidenciales Alberto Andrade Carmona y Luis Castañeda Lossio.
El 25 de agosto 1999, en su primera aparición pública, la Asociación Prensa Libre -integrada por Anel Townsend, Roxana Cueva, Luis Iberico, María Elena Belaunde, Iván García y otros- mostró en conferencia de prensa documentos y grabaciones fílmicas que demostrarían un seguimiento a la oposici¢n por parte de los servicios de inteligencia.
En un comunicado, el CSJM ha dicho que tras esta denuncia poblica, dispuso un examen oficial grafot’cnico de los documentos, el cual determin¢ que eran falsos.
Segon los resultados de la investigaci¢n sumar¡sima, realizada por -lvaro Castro Osores, fiscal superior de la vocal¡a de instrucci¢n del CSJM, el SIE no habr¡a cometido ningon delito militar, por lo cual no habr¡a lugar para denuncia penal contra el personal de dicho estamento castrense. De acuerdo a estas conclusiones, confirmadas por la Fiscal¡a de la Sala de Guerra del CSJM, los Planes de Operaciones «Pol¡ticos», divulgados por «Prensa Libre», «no son aut’nticos por haber sido fraguados en su confecci¢n».
En las conclusiones se indica «que al haberse simulado pruebas o indicios de un hecho delictivo para motivar maliciosamente un proceso penal, se configura la comisi¢n de los delitos contra la fe poblica y la funci¢n jurisdiccional en agravio del Estado, previstos y penados en los art¡culos 427 y siguientes, y 402 del c¢digo penal».
Al mismo tiempo, se archiv¢ en forma definitiva la investigaci¢n sobre los Planes de Operaciones «Pol¡ticos», del SIE, referidos al acoso y al seguimiento a Andrade y Casta_eda.
Esta actitud del CSJM resulta cuestionable porque revela el inter’s de perseguir a denunciantes de un supuesto acto de espionaje pol¡tico que merece ser investigado exhaustivamente, lo que no ha ocurrido. Es evidente, asimismo, que, independientemente de la solvencia de los documentos, el prop¢sito de los periodistas fue el que anima muchas de las denuncias de la prensa: mostrar hechos que deben ser investigados. Al hacerlo, la Asociaci¢n Prensa Libre actu¢ en aras del inter’s poblico y en uso de su derecho a la libertad de expresi¢n.
La falta de una investigaci¢n seria de la denuncia es se_alada acertadamente en el comunicado de respuesta de la Asociaci¢n Prensa Libre, al indicarse que el supuesto examen grafot’cnico fue elaborado sobre simples reproducciones del material aparecido en los diarios. Lo cual, como saben los especialistas, vicia toda conclusi¢n al respecto. El IPYS reconoce el derecho de las instituciones a proteger sus derechos y el de las personas a proteger su buen nombre, entablando, en cada caso, las acciones judiciales que consideren pertinentes. Sin embargo, al no haber existido una investigaci¢n id¢nea, este suceso podr¡a convertirse en un caso de persecuci¢n pol¡tica, dado que el CSJM pretende atribuir a los periodistas la autor¡a de una supuesta falsificaci¢n. Esto es sumamente preocupante porque, como lo ha demostrado el IPYS en sus sucesivos informes, el Poder Judicial se halla severamente influido por el gobierno, y es un arma que puede ser usada en cualquier momento contra periodistas opuestos al r’gimen.
El intervencionismo en el Poder Judicial se viene demostrando, por ejemplo, en el caso de las denuncias hechas por periodistas independientes contra H’ctor Faisal, el personaje que a trav’s de Internet insulta met¢dicamente a la prensa que se opone al presidente Alberto Fujimori. Como se sabe, diversos cambios de jueces se han producido solamente para favorecerlo. Este intervencionismo puede operar ahora en contra de los miembros de Prensa Libre y de cualquier otro periodista o medio opositor.
Al mismo tiempo, el periodista Juan S nchez Oliva, director del radionoticiero «Quassar en la noticia», transmitido por radio Quassar de la ciudad de Huaraz, capital del departamento de Ancash, denunci¢ ante el IPYS ser v¡ctima, desde hace aproximadamente seis meses, de constantes amenazas y amedrentamiento con agresiones no s¢lo contra ‘l sino tambi’n contra sus familiares m s cercanos.
S nchez mantiene en su programa una l¡nea independiente y cr¡tica frente a la pol¡tica del gobierno, as¡ como de algunas instituciones y empresas que han establecido su centro de operaciones en esa regi¢n -como algunas mineras-, denunciando permanentemente los abusos e irregularidades que se cometen en perjuicio de la poblaci¢n, sobretodo de peque_os poblados que se encuentran a merced de las arbitrariedades de los empresarios mineros.
Segon refiri¢ al IPYS el periodista, el atentado m s grave, perpetrado a manera de advertencia, ocurri¢ contra su hermano C’sar Augusto, quien fue interceptado el 27 de agosto 1999 en horas de la noche por seis sujetos encapuchados, con vestimenta militar y armados con fusiles de largo alcance, los mismos que le dieron una brutal golpiza, por lo que ha tenido que ser internado en un hospital.
Este ataque ocurri¢ horas despu’s que S nchez sostuviera entrevistas telef¢nicas con el Dr. Alberto Borea y la congresista Anel Towsend, dos personalidades del  mbito pol¡tico opositor al gobierno. En la interpretaci¢n del periodista, el ataque ser¡a en respuesta a las entrevistas difundidas. Un d¡a despu’s fue amenazado de muerte, a trav’s del tel’fono, otro hermano del periodista. Luego, el 30 de agosto, cuando S nchez se dirig¡a a su domicilio, desde una camioneta 4×4, sin placa de rodaje, fue amenazado con ser desaparecido en cualquier momento, sin poder reconocer a los autores. El oltimo atentado efectu¢ el pasado 6 de septiembre en la madrugada contra el domicilio de una de sus hermanas, en el que desconocidos rompieron todos los vidrios del segundo piso de la vivienda. Estos hechos son considerados por S nchez como muestra de amedrentamiento con el firme prop¢sito de coactar su libertad y derecho a informar como hasta ahora, pese a las amenazas, lo viene haciendo.
S nchez manifest¢ al IPYS que oportunamente ha solicitado las garant¡as necesarias para preservar su integridad f¡sica y la de su familia, pero hasta el momento no se le ha proporcionado seguridad, por lo que se ha visto obligado a contratar seguridad privada en prevenci¢n de cualquier atentado que m s tarde podr¡amos estar lamentando. Mientras tanto, las llamadas telef¢nicas con mensajes amenazadores continoan.