Los últimos acontecimientos relativos a la incautación de un libro duramente crítico de nuestra judicatura y la prisión del gerente y del editor de una editorial deben hacer reflexionar a los chilenos que se consideren hombres libres respecto del verdadero y muy lamentable estado de nuestra democracia y el peligro que enfrentan nuestras libertades.
En efecto, una ley declara que el Estado tiene el poder de castigar corporalmente a todo aquel que difame, injurie o calumnie a las aproximadamente doscientos cincuenta funcionarios públicos de mayor jerarquía de la República, es decir al Presidente, los parlamentarios, los jueces de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, Comandantes en Jefe, etc. En los hechos, esta norma impide que cualquier persona que desee denunciar delitos cometidos por dichos funcionarios, sus conductas impropias o indecorosas, las contradicciones de sus vidas públicas y privadas, o simplemente ejercer el derecho a criticarlas con severidad por sus actos, pueda hacerlo. Participar a los chilenos de los actos de nuestros gobernantes se reprime; el reconocimiento y la importancia basal para la democracia de la libre circulaci¢n de las ideas, de la opini¢n, la informaci¢n, del esp¡ritu cr¡tico, se sanciona.
Qu’ hacen nuestras autoridades, los llamados a proteger nuestras libertades, administrar el Estado y utilizar el poder que emana de la soberan¡a que nuestra Constituci¢n declara reside en nosotros los gobernados? El Presidente de la Repoblica guarda silencio. Algunos parlamentarios critican la medida, hay un proyecto de ley durmiendo en el Congreso, pero nada ocurre. De hecho, ambas C maras se querellaron invocando exactamente la misma ley que ahora algunos de sus miembros critican, y lograron que se castigara criminalmente a quien intent¢ denunciar conductas absolutamente repudiables de algunos parlamentarios. Pero sin duda que quienes m s debieran hacer son los que menos hacen. Los Tribunales de Justicia, aquellos a quienes la Constituci¢n les encarga velar por los derechos humanos de todos los habitantes de la Repoblica, en vez de defender con valent¡a los necesarios espacios de libertad y cr¡tica a nuestras autoridades, se hacen part¡cipes de esta vergonzosa situaci¢n.
Andr’s Mena Ortiz. Abogado
