Sus líderes exigen que 200 mil hectáreas usurpadas les sean
restituídas. Rompen diálogo y desafían al Gobierno Central.
Los representantes de aproximadamente un millón de mapuches, la mayor
parte de las comunidades del país mayoritariamente en las zonas de
Malleco y Arauco, han celebrado una «cumbre mapuche» para analizar el
conflicto por las tierras que actualmente están en manos de empresas
forestales. Allí, los lonkos optaron, explícitamente, por la
confrontación. Amenazaron con «movilizaciones de todo tipo», rechazando
la «mesa de diálogo» propuesta por el Gobierno Central y las empresas
forestales.
La situación ha evolucionado agravándose desde el año pasado cuando
elementos exaltados quemaron camiones forestales en Lumaco.
Prosiguieron movilizaciones en torno al proyecto de la central
hidroeléctrica Ralco, en que se vieron envueltos la española Patricia
Ballestero y el norteamericano Lee Pope. Posteriormente, en incidentes
registrados en Temulemu, en las cercanías de Traiguén, se detuvo al
chileno-francés Arnauld Fuentes.
Estas personas, tras ser calificadas por autoridades de gobierno como
«gente extranjera» y «agitadores infiltrados», impugnaron los decretos
de expulsión y lograron que la Justicia los anulara. Luego hubo
violentos ataques al fundo Lleu Lleu, cerca de Tirúa, donde dos veces
fueron incendiadas algunas construcciones. En la misma zona ocurrió el
asesinato de un agricultor, tras una discusión sobre el conflicto
étnico al interior de un bar. Por este incidente hay dos mapuches
inculpados.
José Huenchunao, werkén de las comunidades de Arauco, afirmó que no
están dadas las condiciones para sentarse a negociar.
«Por tal motivo, acordamos que cada comunidad, en forma autónoma,
determinará los tipos de movilizaciones en distintos sectores».
«Las forestales siguen avanzando sobre nuestras tierras. Se da el caso
que en Alto Biobío perderemos, de una sola plumada, tres mil hectáreas
y en Arauco se han comprado no más de mil hectáreas. Esto significa que
no hay ningún avance en la línea social del Gobierno para restituir las
tierras usurpadas».
«Le decimos al Gobierno que el tema no pasa por que la Conadi
(Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) vaya a dividir a los
mapuches. Exigimos hoy soluciones globales que nos garanticen que
tendremos, con el tiempo, la restitución de nuestros derechos para
vivir como pueblo, porque estamos amenazados con el exterminio».
«El Gobierno se ha equivocado y ha cometido muchos errores en el tema
mapuche. Los problemas no se resuelven reprimiendo, sino sólo cuando
haya respuestas concretas a las demandas. Podemos asegurar que los
problemas pueden agudizarse y pasar a mayores».
«Que se nos diga que a través del Ministerio de Planificación se
tratará de crear una comisión; sin embargo sabemos que Mideplan va a
desaparecer. La mesa de diálogo ya es una mentira».
Declaró que la solución de los problemas pasa porque el Gobierno
asegure un mecanismo para que se les entreguen 200 mil hectáreas que
reclaman como propias y que «hoy están en poder de empresas forestales
y de particulares».
El werkén reiteró que, mientras se detenga y someta a proceso a los
mapuches, no habrá ninguna posibilidad de dialogar. Desde el inicio de
los conflictos, han sido procesados varios mapuches. Por el incendio de
camiones en Lumaco, fueron sometidos a proceso 12 personas; por la
muerte del agricultor Rolando Chávez en Cañete, se hizo lo propio con
los hermanos Javier y Héctor Millabur. Por los incendios en la hacienda
de Lleu Lleu pasaron a la justicia Avelino Meñaco y su hijo Luis. Sin
embargo, por los enfrentamientos en Traiguén (ataque a camionetas y a
la base de operaciones de la Forestal Mininco) y la toma de la sede de
la Corporación de la Madera (Corma) en Concepción, no hubo procesados,
pese a que fueron detenidos más de 25 mapuches.
Huenchunao reconoció que el camino elegido es la confrontación y señaló
que históricamente han tenido, como pueblo, formas de lucha pasiva y
también activa. «Hoy, nuestro pueblo no puede estar pasivo, porque la
violencia ha reflotado contra los mapuches. Quienes nos usurparon los
derechos nos golpean con más fuerza al verse amenazados sus intereses.
Las comunidades están reaccionando».
Además, consideró una falta de respeto que se les acuse que están
infiltrados o manipulados por grupos extremistas.
Cuestionó la incapacidad de la Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena (Conadi) para resolver esta situación. Manifestó que las
compras han sido menores a las pérdidas de tierras sufridas en el
último tiempo.
Los lonkos sostuvieron que sería «un nuevo y grave error» del Gobierno
si decide aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado contra los
mapuches. Hicieron notar que los costos políticos serían altos.
Por la otra parte, Jorge Serón, presidente regional de la Corporación
de la Madera (Corma), dijo que las empresas exigirán el respeto a la
ley. Expresó que promover tomas de predios y otras acciones son
situaciones al margen del Estado de Derecho.
Serón reiteró la disposición de las empresas forestales a estudiar
alternativas de solución al problema de tierras. Este dirigente afirmó
que las empresas seguirán trabajando como legítimos propietarios y
exigirán respeto a sus derechos, pero aclaró que se mantendrán atentos
a la evolución de los hechos. Explica que el conflicto indígena es un
tema de Estado, porque las forestales no tienen capacidad para
resolverlo. «Sería vanidoso de parte nuestra creer que la solución está
en nuestras manos. Es un tema de larga data y corresponde al Estado
resolverlo»
Admitió que en Arauco existe una situación de inquietud, pero hasta
ahora no ha sido necesario reforzar la seguridad con guardias privados.
Esta última afirmación del representante empresarial es desmentible ya
que existen suficientes evidencias sobre la persistente presencia de
civiles armados, funcionarios de las empresas forestales, patrullando o
vigilando el área. Por otra parte, los mapuches han denunciado,
reiteradamente, la actitud de franca colaboración entre carabineros del
sector y el personal de las empresas forestales.
Valentin Marchant
Desde Santiago de Chile
