Los abogados de Derechos Humanos frente a la situación de los procesos judiciales seguidos en contra del querellado Pinochet y sus oficiales procesados, que ejecutaron sus órdenes, declaramos:
1.- Nuestra profunda preocupación por la postura que ha adoptado el Gobierno de Chile de interferir en el proceso judicial seguido contra Pinochet con el declarado propósito de liberarlo del proceso penal por razones de salud o de aplicarle el decreto-ley de Amnistía que el propio Pinochet dictó y firmó en su propio beneficio.
2.- Se busca un privilegio unipersonal, contrario a la igualdad ante la ley y ante el tribunal, que pone en duda la independencia del Gobierno ante el General Pinochet y las Fuerzas Armadas, y muestra hasta qué punto ha fracasado en asumir la tarea de democratizar el país y proteger los derechos humanos.
3.-Ya bajo la administración Freí, sus ministros, en concertación con la inteligencia militar y grandes empresarios, lograron burlar la justicia rescatando al perseguido Internacional de ser extraditado, juzgado y condenado por grav¡simos delitos contra la humanidad, o evitar ser apresado en virtud de otras ¢rdenes de captura internacionales dictadas en su contra.
4.- Estando Pinochet detenido en Londres, el Gobierno de Frei implemento la Mesa de Di logo, que se desarroll¢ bajo auspicio militar y cuya onica finalidad fue liberar a P¡nochet y permutar los cuerpos de los torturados y asesinados por la impunidad de sus victimarios. Desde esa instancia, hasta l¡deres religiosos perdieron la fe en la moralidad de la justicia y optaron por el pragmatismo de la pol¡tica.
5.- El ministro Insulza, que ha mostrado insensibilidad por el dolor de las v¡ctimas y desconocimiento de la lucha librada por el movimiento de los derechos humanos en contra de la dictadura; y que fue un puntal de la liberaci¢n administrativa en Londres del poderoso P¡nochet, ahora libra esfuerzos por enga_ar a la opini¢n poblica de que tampoco puede ser procesado en Chile por razones de salud f¡sica.
6.- Del mismo tenor son las declaraciones del ex presidente Patricio Aylwin y del influyente hombre de negocios Jorge Schaulson, que apareciendo ayer contrarios a Pinochet, hoy buscan en forma vergonzante su exenci¢n procesal.
7.- Otro tanto ocurre con el repentino cambio de Opini¢n que tuvo la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clara Szczaranski, quien despu’s de abogar con elocuencia, por el desafuero de Pinochet, ahora quiere liberarlo por razones m’dicas, haciendo suyas los alegatos del abogado contrario, que antes hab¡a impugnado con vehemencia.
8.-Por oltimo, el Presidente Lagos, que dio recientes seguridades al Secretario General de «Amnist¡a Internacional», Pierre San’, de que el gobierno de Chile, no interferir en el proceso judicial, aparece ahora tranquilizando a los grandes empresarios, que el caso Pinochet tendr «una pronta soluci¢n», afirm ndolo con la seguridad propia de quien tiene el dominio de la situaci¢n, todo en abierto desprestigio de la administraci¢n de justicia y en estrecha coherencia con lo obrado por personeros de su administraci¢n.
9.- Si llegara a cumplirse tal fat¡dica promesa, con desprecio del principio de independencia y autonom¡a del poder judicial, se consumar el mas grave crimen de impunidad, que aborrecer la comunidad internacional. Dicho crimen de impunidad no traer la paz, sino que como lo prueba la experiencia de «Amnist¡a Internacional», confirmar la tesis de que la impunidad est indisolublemente vinculada al crimen sistem tico y que si no se le juzga y castiga, vuelve a reproducir nuevas escaladas de violencia criminal.
10.- Advertimos al gobierno, que el Estado de Chile ya ha sido condenado dos veces, bajo administraciones post Pinochet, por la Comisi¢n Interamericana de Derechos Humanos de la Organizaci¢n de los Estados Americanos, OEA, por denegac¡on de justicia y aplicaci¢n del Decreto-Ley de Amnist¡a y que, en consecuencia, lo instamos a que no intervenga en el proceso judicial en favor de Pinochet, que no propenda a concederle privilegios personales de impunidad y que reasuma su deber de restablecer la democracia y proteger los derechos de las v¡ctimas, gravemente violentados por el estado; que reasuma su deber humanitario de proteger a los d’biles, hambrientos de justicia y no se incline ante los poderosos, ya colmados de privilegios.
El texto est respaldado por los abogados:
Hugo Guti’rrez; Fabiola Letelier; Alberto Espinoza; Boris Paredes; Hyram Villagra; Eduardo Contreras; Graciela -lvarez; Ram¢n Vargas; Santiago Cavieres; Juan Subercaseaux; Juan Pav¡n; Alejandro Guzm n; Miriam Contreras; Julia Urquieta; Juan Enrique Prieto; Ren’ Far¡as; Pedro Aravena.
Desde los Tribunales de Justicia en Santiago de Chile.
