SOLICITAMOS LIBERTAD INMEDIATA DE EMILIO AL-
Señor Juez:
Los abajo firmantes, integrantes de la COORDINADORA CONTRA LA REPRESIÓN POLICIAL E INSTITUCIONAL (CORREPI) y de la LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE, ambas con domicilio en Av. Corrientes 1785, piso 2¦ «C», Ciudad de Buenos Aires, conjuntamente a V. S. nos presentamos y decimos:
I.
En nombre y representación de las organizaciones indicadas, que han tomado conocimiento de la detención del dirigente de la Unión de Vecinos Organizados (U.V.O.) y de la Coordinadora Marplatense Contra la Represión (CO.MA.RE.) Emilio Alí en el marco de esta causa y por los hechos ocurridos en la jornada del último paro nacional, venimos ante V. S. a efectuar las siguientes consideraciones:
II.
Realizamos esta presentación amparados en el derecho de peticionar ante las autoridades, y legitimados por nuestro carácter de organismos de Derechos Humanos que nos impone pronunciarnos activamente en todos los casos que caracterizamos como violaci¢n por parte del Estado de las m¡nimas garant¡as y derechos de las personas. Perfectamente anoticiados de no resultar partes ni profesionales intervinientes en autos, reinvindicamos el inalienable derecho-deber que nos asiste de ejercer la defensa promiscua de todo aqu’l que resulte victimizado en la forma que fuese por el poder estatal, y muy en particular cuando nos sobran elementos para considerar el proceso y la prisi¢n que sufre Emilio Al¡ como un episodio m s de la forma represiva que denominamos judicializaci¢n de la protesta social.
III.
En 1994 la CONVENCI.N NACIONAL CONSTITUYENTE incorpor¢ el derecho humanitario universal en el m s alto rango normativo. Las normas que, desde entonces, detentan jerarqu¡a supra constitucional, han dado plena operatividad a los pactos de derechos humanos como el de DERECHOS ECON.MICOS, SOCIALES Y CULTURALES. El derecho a la alimentaci¢n, al trabajo, y a todos los desagregados de la vida humana digna, ocupan formalmente la cumbre normativa de nuestro derecho.
Desde antes de 1994 las pol¡ticas de estado han ido restringiendo de modo muy significativo el acceso a los eminentes derechos humanos proclamados, materializ ndose ello en altos y crecientes ¡ndices de desocupaci¢n y pobreza, aumentando sostenidamente la desigualdad social.
Los sucesivos gobiernos nacionales, provinciales y locales han implementado pol¡ticas de ajuste estructural y de abandono de las asistencias sociales. La circunstancia de que los administradores del poder apliquen las pol¡ticas dictadas por los organismos financieros internacionales -por naturaleza contrarias a los intereses de las mayor¡as populares- no dispensa su responsabilidad, en tanto los gobiernos no pueden excusarse en dicha coerci¢n e imposici¢n de reglas de juego econ¢micas y sociales para incumplir las prescripciones que emanan de los Tratados que forman parte de la Carta Magna por v¡a del art. 75 inc. 22.
En otros t’rminos, el derecho del pueblo a la alimentaci¢n, el trabajo, la vivienda o el salario tienen jerarqu¡a constitucional y, por ende, deben prevalecer por sobre el cumplimiento de compromisos externos, sea estos oltimos con el FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, el BANCO MUNDIAL o cualquier otro organismo financiero. La verificaci¢n -en la realidad material actual de nuestro pa¡s y de esta ciudad de Mar del Plata- de que los derechos antes enumerados tienen una vigencia y operatividad por dem s restringida, nos convoca a denunciar ante V. S. la existencia de un estado de ilicitud que, sin dudas, precede -a la vez que determina- los hechos objeto del presente proceso.
IV.
La situaci¢n descripta genera enormes desigualdades sociales que van en evidente aumento y, objetivamente, se materializan en la extrema violencia de parte de las minor¡as m s poderosas y el Estado sobre el conjunto de habitantes excluidos, desocupados, hambreados y relegados a condiciones de indignidad, cuando no reciben adicionalmente el estigma social, la acci¢n medi tica de descr’dito y sospecha y la represi¢n policial directa. La consecuencia es una creciente y sostenida degradaci¢n de las instituciones y de la democracia, que -limitada a la administraci¢n continuada de esas pol¡ticas de injusticia- no s¢lo desconoce los m s elementales derechos econ¢micos y sociales de millones de personas, sino que cierra a los despose¡dos toda opci¢n institucional para sus justos reclamos.
EN SUMA, CADA VEZ M-S LA DEMOCRACIA ES UNA FORMA DE GOBIERNO DE LOS RICOS PARA LOS RICOS, Y PARA LOS QUE A+N PUEDEN SOBREVIVIR, DEJANDO FUERA DE SUS BENEFICIOS A POBRES Y EXCLUIDOS, RELEGADOS AL ESCENARIO DEL SILENCIO.
V.
Frente al problema estructural se_alado a V. S., muchos habitantes se han autoconvocado a lo largo y a lo ancho del pa¡s, abriendo paso de modo embrionario a formas de democracia directa y participativa con el prop¢sito de defender, acceder o evitar el desplazamiento del ejercicio de sus derechos humanos eminentes y urgentes, dando cuenta que si no toman en sus manos la decisi¢n de defender lo que les queda de subsistencia, nadie lo har por ellos.
Las diferentes formas e instrumentos que va cobrando la leg¡tima lucha de los autoconvocados, como verdaderos actos de autodefensa social se expresa en protestas poblicas, huelgas, cortes de rutas o calles, ocupaciones y reclamos materiales de comida como es el caso de autos sometido a V. S.. Estas respuestas a la violencia del sistema son consideradas por el poder y parte de los medios de prensa como actos de VIOLENCIA.
El presente proceso se desenvuelve en un contexto dominado por una visi¢n tan preconstru¡da como interesada de lo que se identifica como violento. As¡, el lanzamiento de millones de personas a la desocupaci¢n y la marginalidad no ser¡a VIOLENTO. El recorte salarial por decreto no ser¡a VIOLENTO. La libertad de la que gozan los procesados por el esc ndalo Banco Naci¢n-IBM, por la venta de armas a Croacia y Panam o por el desfalco del Banco Mayo, no ser¡a VIOLENTA. La ausencia de inmediata soluci¢n estatal a la demanda de alimentos no ser¡a VIOLENTA. Pero toda respuesta popular que se niegue al sometimiento institucional que condena a la muerte directa o indirecta s¡ es estigmatizada como VIOLENTA.
VI.
En estas circunstancias, en nuestra condici¢n de representantes de organizaciones humanitarias, entendemos que reprimir, desaprobar, estigmatizar o descalificar las diferentes y leg¡timas manifestaciones de resistencia popular constituye de por s¡ un verdadero acto de violencia. Todo militante social comprometido con el sufrimiento de los pobres y excluidos tiene el insoslayable deber ‘tico, pol¡tico e hist¢rico de asumir la lucha por la sobrevivencia de su grupo de pertenencia, que en todos los casos, no es otra cosa que el ejercicio directo de la democracia y la responsabilidad social en procura del ejercicio de derechos constitucionales.
EMILIO AL- no representa intereses pol¡ticos partidarios ni ha procurado con el obrar que se le endilga su beneficio personal o material, ni lo ha impulsado un prop¢sito mezquino o sectorial. Sin que nuestra opini¢n interfiera en la labor de los letrados que ejercen el ministerio de su defensa t’cnica, sostenemos respetuosamente a V. S. que no se le debe imponer a AL- una tipificaci¢n mec nica de su acto sin considerar las cuestiones de fondo a que nos venimos refiriendo: NO ES QUE PRETENDAMOS ALEGAR UNA CAUSAL DE JUSTIFICACI.N O DE DESPLAZAMIENTO DEL INJUSTO POR UN MERO ESTADO DE NECESIDAD. EL RECLAMO DE COMIDA PARA CIUDADANOS QUE RONDAN SU PROPIO EXTERMINIO ES UN ACTO VALIOSO Y LOABLE QUE T¨CNICAMENTE ROMPE EL TIPO PENAL DE LA COACCI.N O DE LA EXTORSI.N. ¨Cu l era el peligro inminente de personas o bienes de un supermercado que obtiene millones de pesos horarios de ganancia ante el reclamo? Fuera del derecho penal dom’stico vigente, pero en el marco universal del derecho de gentes, acaso cada vez que cualquier ciudadano omite asegurar por la v¡a que sea la sobrevivencia de un grupo humano, +no comete un acto m s violento y disvalioso, un injusto de mayor jerarqu¡a?
La naturaleza del derecho a la comida, de tan elemental necesidad que su propia enunciaci¢n nos exime de definirlo, no puede considerarse menos valioso ni menos defendible que ningon otro derecho incluido o derivado de la propiedad. Digamos de lo que es, que es, y de lo que no es, que no es. Por m s que forzando las figuras pueda adecuarse una conducta a un tipo penal para criminalizar a su autor, nadie puede ignorar que Emilio Al¡ est preso por pedir una bolsa de comida en nombre de quienes han sido abandonados a su suerte por el Estado despu’s de privarlos de toda forma de procurarse ese alimento para s¡ y para sus familias.
Lo criminal, lo delictivo, lo repugnante, es que se prohije desde el Estado una situaci¢n tal que obligue a las personas, como onica forma de subsistencia, a hacer lo que Emilio Al¡ y miles de desocupados, jubilados y hambrientos de todo el pa¡s hacen y deber n seguir haciendo a diario: pedir a los due_os del alimento que repartan una ¡nfima cantidad para evitar que la inanici¢n inminente aumente la ya insoportable cifra de muertes por esa causa que registra nuestro pa¡s.
Es a quienes generaron y profundizan cada d¡a las condiciones de exclusi¢n y miseria que V. S. deber¡a procesar para ser justo y equitativo, y cumplir con el mandato de administrar justicia.
Es a quienes quitan el acceso al trabajo, a la salud y a la educaci¢n de los padres de los 55 ni_os que mueren por d¡a por desnutrici¢n o enfermedades evitables de la pobreza, que los jueces deber¡an imputar por genocidio.
Criminalizar a quienes, como el dirigente de los jubilados Raol Castells o como el dirigente social Emilio Al¡, cumplen el imperativo de la solidaridad con los desclasados, es un acto de injusticia que convierte a quien lo sostenga en c¢mplice del exterminio en marcha.
VII.
El derecho es una construcci¢n humana que no debe servir a mezquinos intereses de los poderosos en evidente detrimento de los m s pobres y sometidos. V. S. tiene en sus manos un acto de reparaci¢n que lo dignificar¡a aunque ello le pudiere implicar el recelo de los due_os del poder econ¢mico. La imputaci¢n que pesa sobre EMILIO AL- constituye un reproche ileg¡timo, irracional desde la condici¢n humana, y ‘ticamente reprobable, que no puede sostenerse en el contexto del derecho humanitario regional y universal que tiene el m ximo rango constitucional.
Mantener la detenci¢n y el procesamiento de Emilio Al¡ s¢lo se explica con una Justicia que, con los ojos abiertos y la venda levantada, garantiza la impunidad de los ricos mientras encarcela a los hambrientos y defiende una miserable bolsa de comida para que no la pierdan los poderosos.
Es por todo lo expuesto que reclamamos a V. S., por la v¡a procesal que proceda, la inmediata libertad y desprocesamiento de EMILIO AL-.
S¢lo en ese caso, SER- JUSTICIA.
