A dichas personas les han negado el derecho a prrecurso de casación contra su declaración de culpabilidad. A consecuencia de ello, han iniciado una huelga de hambre y se enfrentan al peligro de una muerte inminente o de sufrir problemas de salud graves e irreversibles.
Los presos políticos citados, llevan ya 59 días en huelga de hambre y, según los informes, sufren graves problemas de salud. Muchos han perdido más de una quinta parte de su peso normal y sufren una desnutrición grave. Miguel -ngel Aguirre y Claudio Rodríguez fueron hospitalizados durante dos días porque se encontraban en estado crítico, pero desde entonces han regresado a la prisión. Las autoridades argentinas han proporcionado a los huelguistas atención médica.
Tras cuarenta días sin comer, las personas en huelga de corren peligro de sufrir daños permanentes, aunque aún pueden vivir varias semanas más. Aunque sus facultades mentales pueden permanecer intactas, empiezan a sufrir una serie de problemas físicos como p’rdida de audici¢n, deterioro de la visi¢n y fallos renales.
Estos presos en concreto protestan porque el gobierno arles ha negado el derecho a recurrir su sentencia, derecho establecido por las normas internacionales. Fueron juzgados en 1989 en virtud de la Ley de Defensa de la Democracia (Ley 23.077), que limita el derecho de apelaci¢n. Esta ley viola la Convenci¢n Americana sobre Derechos Humanos, de la que Argentina es Estado Parte. En 1997, la Comisi¢n Interamericana de Derechos Humanos pidi¢ al gobierno argentino que tomara las medidas necesarias acordes con su sistema constitucional para aplicar plenamente la garant¡a judicial del derecho de apelaci¢n en el caso de las personas juzgadas en virtud de la Ley 23.077.Los presos en huelga de hambre son miembros del MovimientTodos por la Patria (MTP), y fueron condenados por su participaci¢n en un ataque armado lanzado en enero de 1989 contra un cuartel militar cerca de Buenos Aires en el que murieron varias personas.
Amnesty International ha movilizado a sus miembros de todo el mundo a instar a que los presos condenados en virtud de la Ley de Defensa de la Democracia tengan inmediatamente la oportunidad de apelar contra su sentencia, de acuerdo con las disposiciones del derecho internacional y con las recomendaciones de la Comisi¢n Interamericana de Derechos Humanos y manifiesta su preocupaci¢n debido a que el hecho de que las autoridades no hayan cumplido las recomendaciones de la Comisi¢n Interamericana de Derechos Humanos ha hecho creer a los presos que su onica alternativa para que se atienda su petici¢n leg¡tima es ponerse en huelga de hambre e insta a las autoridades a seguir garantizando que los presos tienen acceso a asistencia m’dica.
