INFORMACIÓN DESGLOSADA POR AREAS O PAISES
DETALLADAS EN EL INFORME ANUAL 2000
DE AMNESTY INTERNATIONAL
EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES
DESAPARICIONES
TORTURA Y MALOS TRATOS
PRESOS DE CONCIENCIA
JUICIOS INJUSTOS
DETENCI.N SIN CARGOS NI JUICIO
PENA DE MUERTE
ABUSOS CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDOS POR GRUPOS ARMADOS DE OPOSICI.N
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- tEn la regi¢n africana siguieron siendo habituales los conflictos armados, los desplazamientos masivos, la tortura, los malos tratos y la impunidad.
tEntre los peores abusos de los que se tuvo noticia estuvieron los cometidos contra civiles por las fuerzas rebeldes durante el conflicto armado interno de Sierra Leona; los homicidios, la amputaci¢n de extremidades (manos y brazos casi siempre), la violaci¢n y otras formas de agresi¢n sexual y los secuestros fueron sistem ticos y generalizados. A pesar del acuerdo de paz firmado en julio de 1999 por el gobierno y la oposici¢n armada, tales abusos continuaron.
tProsigui¢ el conflicto armado en la Repoblica Democr tica del Congo, donde la oposici¢n armada cont¢ con el apoyo de Burundi, Ruanda y Uganda y las fuerzas gubernamentales con la ayuda de Angola, Namibia, Zimbabue y, segon informes, Sud n. Chad retir¢ sus tropas en abril. En la Repoblica Democr tica del Congo, los malos tratos y la tortura -incluida la violaci¢n- fueron pr cticas generalizadas, y el gobierno y sus partidarios continuaron persiguiendo a los miembros del grupo ‘tnico tutsi.
tEn Burundi, Congo y la Repoblica Democr tica del Congo, las fuerzas gubernamentales y los grupos armados de oposici¢n mataron a miles de civiles indefensos, entre los cuales hab¡a mujeres y ni_os.
tCon la escalada del conflicto armado existente en Burundi, el pa¡s se coloc¢ al borde de una crisis humanitaria y de derechos humanos. Se dio muerte a cientos de civiles desarmados, las «desapariciones» aumentaron enormemente y continu¢ el encarcelamiento de millares de personas sin cargos ni juicio, muchas de ellas en dur¡simas condiciones de reclusi¢n.
tEn Ruanda, decenas de miles de individuos continuaron recluidos durante largos periodos en condiciones inhumanas, sin haber sido juzgados ni acusados de delito alguno. A menudo se utilizaron acusaciones infundadas de participaci¢n en el genocidio A menudo se utilizaron acusaciones infundadas de participaci¢n en el genocidio para ajustar cuentas o para impedir que los propietarios reclamaran propiedades ilegalmente ocupadas.
tQuienes se opon¡an o eran sospechosos de oponerse a las fuerzas que ocupaban el poder en la Repoblica Democr tica del Congo, Burundi y Congo se enfrentaban a la detenci¢n arbitraria, el encarcelamiento, la tortura y, con frecuencia, el homicidio ileg¡timo. t
tEn Burundi, Congo, la Repoblica Democr tica del Congo y Ruanda, los grupos armados de oposici¢n tambi’n fueron responsables de abusos contra los derechos humanos, como homicidios ileg¡timos, tortura y malos tratos.
tLas fuerzas de seguridad togolesas continuaron con sus ya tradicionales violaciones de derechos humanos, mientras las autoridades observaban impasibles y no hac¡an nada para llevar a los responsables ante los tribunales. Tras la publicaci¢n de un informe de Amnesty International con informaci¢n pormenorizada sobre ejecuciones extrajudiciales, las autoridades tomaron represalias contra defensores de los derechos humanos sospechosos de dar informaci¢n a la organizaci¢n. Los defensores de los derechos humanos tambi’n corrieron peligro en Burkina Faso, Cameron, Chad, la Repoblica Democr tica del Congo, Gambia, Kenia, Lesoto y Liberia.
tEn Zimbabue la situaci¢n de los derechos humanos empeor¢ con el resurgimiento de la tortura por motivos pol¡ticos, por primera vez desde finales de la d’cada de los ochenta, y un aumento del hostigamiento a opositores pol¡ticos. Se coaccion¢ a la prensa con la detenci¢n de dos periodistas y su posterior tortura bajo custodia militar tras la publicaci¢n de un art¡culo donde se informaba de un presunto intento de golpe militar.
tLos autores de violaciones de derechos humanos continuaron eludiendo la acci¢n de la justicia en -frica: el ex presidente de Etiop¡a, Mengistu Haile Mariam, segu¡a teniendo un refugio seguro en Zimbabue. En Sierra Leona, el acuerdo de paz garantiz¢ una amnist¡a total para los autores de graves abusos contra los derechos humanos, como cr¡menes de guerra y cr¡menes contra la humanidad. Algunos pa¡ses, entre ellos Congo y N¡ger, aprobaron leyes que aseguraban la amnist¡a a perpetradores de abusos. Otros gobiernos, como Burkina Faso y Mauritania, continuaron burlando la legislaci¢n del propio pa¡s al no procesar a los presuntos autores de violaciones de derechos humanos.
tContinuaron los juicios por genocidio en Etiop¡a y Ruanda. En Burundi, los juicios contra varias decenas de presos pol¡ticos acusados de participar en las matanzas de civiles tutsis de 1993 siguieron distando mucho de cumplir las normas internacionales de imparcialidad procesal. Un ex funcionario ruand’s fue condenado en Suiza por delitos cometidos durante el genocidio, y un oficial del ej’rcito mauritano fue detenido e investigado por torturas en Francia.
tSigui¢ mejorando la situaci¢n en Nigeria con la excarcelaci¢n de m s presos pol¡ticos. Se nombr¢ una comisi¢n judicial de investigaci¢n con el cometido de investigar violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, y se formularon cargos contra varias autoridades del gobierno y otras personas vinculadas a ‘ste sospechosas de participar en violaciones de derechos humanos. Hubo casos confirmados de homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad en los cuales se hab¡a empleado fuerza excesiva y las autoridades no hab¡an investigado los hechos.
tMiles de muchachos menores de 18 a_os, a menudo reclutados a la fuerza, combatieron en las filas rebeldes o con las fuerzas gubernamentales en Sierra Leona, Burundi, Guinea-Bissau, Somalia, Angola y Sud n.
tEn Somalia, donde no existe judicatura ni un sistema judicial efectivo, las milicias armadas de las facciones integradas por miembros de los diferentes clanes, actuando impunemente, mataron de forma deliberada y arbitraria a decenas de civiles desarmados. Los secuestros, la toma de rehenes y las violaciones fueron generalizados.
tEn 1999, el proceso de paz en Angola se trunc¢ definitivamente; con el retorno a una situaci¢n de conflicto armado total, volvieron a sucederse los abusos en gran escala contra los derechos humanos. Tras los ataques perpetrados desde territorio namibio contra UNITA -la oposici¢n armada angole_a, la inestabilidad se adue_¢ de esta regi¢n fronteriza y se recibieron informes de palizas, violaciones y saqueos por parte de las fuerzas angole_as.
tSud n sigui¢ dominado por la guerra, y personas que no tomaban parte activa en las hostilidades sufrieron graves abusos a manos de todos los bandos enfrentados, como homicidios deliberados y arbitrarios. Segon informes, las fuerzas gubernamentales y sus aliados llevaron a cabo secuestros y esclavizaron a personas. Las compa_¡as petroleras cada vez tuvieron un papel m s importante en los abusos contra los derechos humanos, aunque casi nunca asumieron su responsabilidad respecto a los abusos vinculados a las fuerzas que ellas mismas contrataban para proteger los yacimientos petrol¡feros.
tLa agitaci¢n continu¢ en la regi¢n con el derrocamiento del gobierno de Costa de Marfil mediante un golpe de Estado en diciembre. En Etiop¡a, la guerra que segu¡a enfrentando al pa¡s con Eritrea caus¢ un elevado nomero de v¡ctimas y desplazamientos internos masivos.
tHuyendo del conflicto armado, la poblaci¢n emigr¢ de Sierra Leona, la Repoblica Democr tica del Congo, Sud n, y Congo hacia pa¡ses lim¡trofes. En Etiop¡a se llevaron a cabo detenciones y expulsiones, a menudo en duras condiciones. Mientras, en Yibuti, Ben¡n, Sud frica, Kenia y Tanzania los refugiados eran detenidos, maltratados o acosados. Los gobiernos de Etiop¡a y Burundi sometieron a desplazamientos forzosos a cientos de miles de personas, y en Etiop¡a, Sud n y Sierra Leona se encontraron extensas poblaciones de desplazados en el interior del pa¡s, en las que hab¡a muchos ni_os no acompa_ados por adultos. En Senegal continuaron los abusos contra los derechos humanos cometidos tanto por el ej’rcito como por el grupo armado de oposici¢n que reclamaba la independencia del sur de Casamancia.
tAmnesty International solicit¢ el fin de las transferencias de armamento, munici¢n y combatientes a las fuerzas rebeldes de Sierra Leona, y denunci¢ los homicidios indiscriminados de civiles en Congo, la Repoblica Democr tica del Congo, Yibuti y Sud n.
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ABUSOS CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDOS POR GRUPOS ARMADOS DE OPOSICI.N
- tAunque en el mbito internacional continuaron los esfuerzos para procesar a los autores de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, especialmente con el caso Pinochet, la impunidad sigui¢ reinando en la mayor¡a de los pa¡ses del continente americano.
tEn Colombia se produjo una escalada de las violaciones de derechos humanos en el contexto de un conflicto armado cada vez m s violento; la poblaci¢n civil sufri¢ abusos atroces a manos de las fuerzas armadas, los grupos paramilitares que actuaban con su apoyo o consentimiento y los grupos armados de oposici¢n. En 1999, m s de 3.500 personas fueron blanco de la violencia pol¡tica en forma de «desapariciones» secuestros, torturas y asesinatos, as¡ como desplazamientos masivos. La poblaci¢n colombiana vive sumida en el terror mientras los responsables siguen circulando libremente.
tEn relaci¢n con M’xico continuaron los informes sobre detenciones arbitrarias, torturas, homicidios y amenazas de muerte. Entre las v¡ctimas hab¡a campesinos e ind¡genas, defensores de los derechos humanos y activistas pol¡ticos. A lo largo del a_o hubo progresos significativos en la investigaci¢n sobre la matanza de Acteal, cometida en 1997, pero segu¡an en curso una serie de procedimientos judiciales relacionados con ella. Con todo, el sistema judicial existente, en gran medida ineficaz, contribuy¢ a que persistiera la impunidad por las violaciones de derechos humanos.
tEn pa¡ses tan diversos como Estados Unidos y Ecuador, Jamaica y Brasil, El Salvador y Venezuela, Hait¡ y Nicaragua fueron habituales los informes sobre casos de brutalidad o uso excesivo de la fuerza por parte de la polic¡a, que con demasiada frecuencia tuvieron consecuencias mortales. El porcentaje de casos en que se investigan y sancionan tales pr cticas a menudo est por debajo del l¡mite aceptable. Muchas de las v¡ctimas ni siquiera presentan denuncia por miedo a sufrir represalias.
tEn Estados Unidos, muchos de los sospechosos desarmados contra quienes dispar¢ la polic¡a pertenec¡an a grupos ‘tnicos minoritarios; adem s, informes concordantes parec¡an se_alar una constante de abusos donde el origen ‘tnico ten¡a un papel fundamental. Pese a algunos avances positivos, como que se declarase ilegal el «criterio racial» en algunos estados, aon quedaban cosas por hacer para aumentar la exigencia de responsabilidades a la polic¡a.
tEn muchos pa¡ses, como Brasil, Colombia, Honduras y M’xico, los sectores m s desamparados de la sociedad, como los ind¡genas, los ni_os de la calle o los trabajadores migratorios, a menudo fueron objeto de hostigamiento, malos tratos y brutalidad policial. Para estos grupos sociales, las posibilidades de que se hiciera justicia eran pr cticamente inexistentes.
tTambi’n hubo impunidad como norma para aquellos agentes del Estado, «paramilitares» y dem s elementos que amenazaron y acosaron a defensores de los derechos humanos (Bolivia, Chile, M’xico), l¡deres comunitarios, periodistas, sindicalistas y activistas de la reforma agraria (Brasil, Paraguay). En Colombia, los defensores de los derechos humanos y los periodistas fueron blanco de frecuentes ataques mortales.
tLa tortura y los malos tratos a presos y detenidos no son un asunto del pasado, y siguieron llegando abundantes informes de toda la regi¢n, por ejemplo de Belice, Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay y Pero. Aunque la mayor¡a de los pa¡ses de la regi¢n son Estados Partes de la Convenci¢n de la ONU contra la Tortura, la impunidad sigue reinando entre los autores de abusos. t
t La dif¡cil situaci¢n de los presos se ve¡a agravada por las inhumanas condiciones de reclusi¢n: hacinamiento extremo, higiene insuficiente y falta de asistencia m’dica adecuada y de servicios b sicos. Las delegaciones de Amnesty International que visitaron la regi¢n informaron de las penosas condiciones de reclusi¢n que imperaban en Brasil, Hait¡ y Pero, a menudo constitutivas de trato cruel, inhumano y degradante. En Venezuela murieron 400 presos en 1999 en episodios de violencia propiciados por la dureza extrema de las condiciones de reclusi¢n; en algunos de estos episodios estuvieron implicados guardias de prisiones.
tEntre los miles de presos que soportaban condiciones espantosas en las c rceles de Pero hab¡a m s de doscientos presos de conciencia y posibles presos de conciencia, todos ellos falsamente acusados de delitos relacionados con el terrorismo y la mayor¡a condenados tras juicios injustos celebrados ante tribunales militares.
tEn Cuba varios cientos de personas continuaban en prisi¢n por delitos pol¡ticos; al acabar el a_o, Amnesty International hab¡a reconocido a 19 de ellas como presos de conciencia.
t En pa¡ses como Argentina, Chile y Guatemala, a pesar de que hubo ciertos progresos en la forma de afrontar un legado de violaciones masivas de derechos humanos cometidas en el pasado, la mayor¡a de estos abusos quedaron impunes y la verdad de los hechos no fue esclarecida. t
tAugusto Pinochet permaneci¢ todo el a_o bajo arresto domiciliario en el Reino Unido, mientras en su pa¡s, Chile, segu¡a en vigor la legislaci¢n que institucionaliza la impunidad, lo cual dificult¢ los intentos de las v¡ctimas y sus familiares de obtener justicia. En Argentina y Uruguay exist¡an trabas legislativas similares, y no se tomaron medidas para eliminarlas.
tEn Guatemala, la Comisi¢n para el Esclarecimiento Hist¢rico, constituida bajo los auspicios de la ONU, se_al¢ a las fuerzas armadas como principales responsables de las atrocidades cometidas durante los a_os de conflicto civil en el pa¡s. No obstante, aunque hubo algunos progresos, las investigaciones sobre abusos cometidos en el pasado fueron lentas y los pocos individuos declarados culpables fueron condenados a penas que no se correspond¡an con la gravedad del delito. Adem s, segu¡an impunes la mayor¡a de los abusos cometidos con posterioridad al conflicto: transcurridos m s de dos a_os del asesinato del obispo Gerardi, aon no se hab¡a resuelto el caso.
tEn el mbito internacional, varios gobiernos de la regi¢n tomaron medidas susceptibles de socavar gravemente los mecanismos regionales y mundiales para la protecci¢n de los derechos humanos. Sin embargo, la reacci¢n de la comunidad internacional fue escasa o nula.
tEstados Unidos sigui¢ actuando en flagrante contravenci¢n de las normas internacionales de derechos humanos al ejecutar a personas condenadas por delitos que cometieron siendo menores de 18 a_os. A los ciudadanos extranjeros acusados de delitos punibles con la muerte continu¢ neg ndoseles el derecho a solicitar la ayuda de su consulado. En 1999 se ejecut¢ a 98 personas en 20 estados, lo que elev¢ a 598 el nomero total de ejecuciones desde la reanudaci¢n de esta pr ctica en 1977.
tA pesar de la tendencia mundial a la abolici¢n de la pena de muerte, tambi’n se llevaron a cabo ejecuciones en Cuba y Trinidad y Tobago (donde se reanudaron las ejecuciones tras una suspensi¢n de hecho durante cinco a_os).
tEn abril entr¢ en vigor en Guyana una reserva formulada al primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol¡ticos que imped¡a que los presos condenados a muerte elevaran quejas al Comit’ de Derechos Humanos de la ONU. En mayo, Trinidad y Tobago se retir¢ de la Convenci¢n Americana sobre Derechos Humanos alegando que, con esta retirada, se facilitar¡a la aplicaci¢n de la pena de muerte. En julio, Pero abandon¢ la jurisdicci¢n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como consecuencia, en estos tres pa¡ses las personas se vieron privadas de las salvaguardias adicionales de derechos humanos que ofrecen tales instrumentos y ¢rganos internacionales.
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- tLos conflictos armados y los enfrentamientos inter’tnicos se cobraron la vida de millares de civiles en la regi¢n de Asia y Ocean¡a, y propiciaron que se cometieran otros abusos contra los derechos humanos, como torturas, «desapariciones» y detenciones arbitrarias.
tA pesar de una campa_a de intimidaci¢n bien organizada por milicias proindonesias apoyadas por el ej’rcito indonesio, en agosto Timor Oriental vot¢ mayoritariamente a favor de la independencia respecto de Indonesia. Cientos de personas perdieron la vida y decenas de miles se vieron obligadas a huir de los ataques violentos.
tVarios centenares m s de personas perdieron la vida en otras partes de Indonesia en el contexto de operaciones de contrainsurgencia, violencia entre comunidades y manifestaciones pol¡ticas. Diez ancianos que hab¡an sido encarcelados en 1965 en relaci¢n con un presunto golpe de Estado quedaron en libertad junto con varias decenas m s de presos pol¡ticos y presos de conciencia.
tLos violentos conflictos inter’tnicos que tuvieron lugar en las Islas Salom¢n se saldaron con varios cientos de muertos y heridos y varios miles de civiles desplazados. En India perdieron la vida cientos de civiles en los conflictos armados registrados en los estados nororientales y en Jammu y Cachemira, y varios centenares tuvieron que desplazarse.
tLas fuerzas de los talibanes en Afganist n incendiaron casas, destruyeron sembrados, campos de trigo y sistemas de regad¡o, y obligaron a desplazarse a m s de cien mil personas, en su mayor¡a de la etnia tayik, en el contexto de los enfrentamientos inter’tnicos. Los tribunales talibanes ordenaron flagelaciones, amputaciones y ejecuciones tras juicios injustos.
tLa pena de muerte se aplicaba en toda la regi¢n. Las primeras ejecuciones en veintitr’s a_os tuvieron lugar en Filipinas, donde seis personas fueron ejecutadas en el a_o mediante inyecci¢n letal. En Taiw n se ejecut¢ a 24 personas como m¡nimo.
tEn Vietnam fueron condenadas a muerte decenas de personas y se llevaron a cabo ejecuciones en poblico mediante fusilamiento, si bien la Asamblea Nacional redujo el nomero de delitos punibles con la muerte.
tEn proporci¢n a su poblaci¢n, posiblemente Singapur tenga uno de los ¡ndices de ejecuciones m s altos del mundo; la pena de muerte es preceptiva en este pa¡s para los delitos de narcotr fico, asesinato, traici¢n y ciertos delitos relacionados con armas de fuego.
tAfortunadamente, Nepal aboli¢ la pena de muerte para todos los delitos. Sin embargo, la r pida degeneraci¢n que experiment¢ la situaci¢n de los derechos humanos en el contexto de la «guerra popular» mao¡sta suscit¢ gran inquietud. Segon la informaci¢n recibida, 44 personas «desaparecieron» despu’s de haberse visto c¢mo eran detenidas por la polic¡a.
tLas tensiones pol¡ticas se agravaron en Malaisia con los juicios contra cientos de manifestantes partidarios del movimiento Reformasi, con los reiterados llamamientos para que se derogara la Ley de Seguridad Interna y con la sentencia dictada contra el ex viceprimer ministro y preso de conciencia Anwar Ibrahim. Aunque el ex jefe de la polic¡a de Malaisia fue acusado de agredir a Anwar Ibrahim, otros muchos casos de brutalidad policial no se investigaron debidamente.
tEn Vietnam y Laos continuaron las restricciones de la libertad religiosa, y en China se tomaron medidas en’rgicas como parte de una campa_a de dos a_os «contra la superstici¢n».
tEn 1999 se llev¢ a cabo en China la campa_a represiva m s dura y de mayor alcance de toda la d’cada contra la disidencia pac¡fica. Miles de personas fueron detenidas arbitrariamente por la polic¡a, y algunas fueron condenadas a largas penas de prisi¢n tras juicios injustos o enviadas a campos de trabajos forzados. La tortura y los malos tratos siguieron siendo pr cticas habituales. En la d’cada de los noventa se documentaron alrededor de 18.000 ejecuciones en el pa¡s, cantidad probablemente muy inferior a la cifra real.
tEn Jap¢n fueron ejecutadas cinco personas y muchos presos condenados a muerte continuaron recluidos en r’gimen de aislamiento. En Corea del Sur tambi’n se recurri¢ con excesiva frecuencia al r’gimen de aislamiento. En Corea del Norte, la «hambruna a c mara lenta» llev¢ a cientos de personas a cruzar la frontera con China en busca de alimentos; en ocasiones, las fuerzas de seguridad norcoreanas abrieron fuego contra ellas.
tLa situaci¢n de los derechos humanos en Myanmar segu¡a siendo precaria. M s de doscientas personas fueron condenadas a largas penas de prisi¢n, sum ndose a los 1.200 presos pol¡ticos que ya hab¡a. El ej’rcito particip¢ en el reasentamiento forzoso, el sometimiento a trabajos forzados de porteo y el homicidio de civiles pertenecientes a minor¡as ‘tnicas. No obstante, el Comit’ Internacional de la Cruz Roja anunci¢ en mayo que hab¡a empezado a visitar a detenidos en los centros de detenci¢n.
tEn Camboya continuaron las negociaciones entre el gobierno y la ONU sobre c¢mo llevar a juicio a los responsables de violaciones graves de derechos humanos durante el periodo en que gobern¢ el Jemer Rojo (1975 – 1979). No se permiti¢ el acceso de observadores independientes a los dos presuntos miembros del Jemer Rojo detenidos en 1999.
tLas mujeres fueron especialmente vulnerables en Asia Meridional, donde los gobiernos no las protegieron ni investigaron los abusos graves contra sus derechos humanos, como los ataques con cido y los homicidios «por motivos de honor».
tEn Pakist n, el gobierno continu¢ mostrando una actitud discriminatoria contra las mujeres al no investigar abusos graves cometidos contra sus derechos humanos, como los homicidios «por motivos de honor» de varios cientos de ni_as y mujeres, o el tr fico de mujeres.
tDe igual forma, en Bangladesh el gobierno no protegi¢ a las mujeres de los ataques con cido o los asesinatos relacionados con la dote, ni investig¢ las violaciones bajo custodia cometidas por la polic¡a. Hubo un caso en que, al parecer, la polic¡a de Rajshahi exigi¢ una gran cantidad de dinero como soborno para investigar la violaci¢n de una ni_a de 12 a_os entre varios individuos.
tEn India fueron habituales los ataques contra los sectores de la sociedad m s desfavorecidos en el aspecto socioecon¢mico, los dalits y los miembros de tribus, a menudo cometidos con el aparente consentimiento de la polic¡a y las autoridades locales. El acceso a la justicia segu¡a siendo problem tico y las mujeres estaban especialmente expuestas a sufrir abusos. Quienes intentaron que se hiciera justicia en su nombre tambi’n se convirtieron en v¡ctimas.
tEl gobierno de Sri Lanka tom¢ algunas medidas para abordar las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado por las fuerzas de seguridad, entre otras la exhumaci¢n de los cad veres de 15 personas que, segon informes, hab¡an «desaparecido» a mediados de 1996. Pero la impunidad en relaci¢n con la tortura sigui¢ siendo motivo de gran preocupaci¢n. Aumentaron los homicidios de parlamentarios y concejales pertenecientes a partidos pol¡ticos tamiles representados en el Parlamento a manos de los Tigres de Liberaci¢n de Eelam Tamil.
tEn Nueva Zelanda se aprob¢ nueva legislaci¢n para detener a los solicitantes de asilo que llegaran indocumentados al pa¡s, y en Australia hab¡a m s de cuatro mil solicitantes de asilo y «refugiados del mar» sin control judicial, en contravenci¢n del derecho internacional.
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- tMientras en Chechenia la guerra dio lugar a verdaderas atrocidades en materia de derechos humanos y en Kosovo la comunidad internacional luch¢ para establecer una paz duradera, en el resto de Europa la tort
