La sociedad uruguaya ha creído, con matices, la necesidad recorrer uno de los caminos propuestos por el Sr. Presidente de la República con el objetivo de empezar a transitar caminos de reparación de algunos de los inmensos males que nos legó el autoritarismo militar que existió en nuestro país.
En oportunidad de empezar a colaborar a ese objetivo, el PIT/CNT sintió la necesidad de documentar algunos elementos que a su entender, deberían ser tenidos en cuenta, para evitar la configuración de elementos, que al margen de ponernos en ridículo ante el concierto internacional, constituyen elementos irritantes que en nada contribuyen a los manifestados intentos de sellar la paz.
A casi un mes de formulados, muy concretamente, los elementos que afectaban seriamente la credibilidad de los manifestados esfuerzos por la Paz, vemos con preocupación que muchos se mantienen y otros se agregan. Por un lado, sigue planteada a nivel del Parlamento Nacional la propuesta del Coronel « Angel Neyra, acusado de graves violaciones a lops DD.HH, como posible integrante de la Suprema Corte de Justicia; Por otro lado, inconsecuentemente con las responsabilidades administrativas comprobadas en la investigaci¢n administrativa realizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores, nada se ha hecho y Julio Cesar Lupinacchi sigue desempe_ando altas responsabilidades como embajador en el Vaticano.
Por si esto fuera poco, nuestro reclamo de colaboraci¢n ante solicitudes de informaci¢n solicitadas para atender el derecho a la justicia reclamado por ciudadanos uruguayos v¡ctimas de Desaparici¢n Forzada, han encontrado por parte de la actual administraci¢n con negativas continuistas de las asumidas por el Estado uruguayo, en las administraciones anteriores.
Estas actitudes, de persistir empiezan a afectar seriamente muchas de las expectativas que, sin duda existe en nuestra sociedad, en torno a una sana intenci¢n de lograr la Paz, y de resolver el tema de las desapariciones de personas, dejando la duda de si no se persiste en el objetivo prioritario de preservar la impunidad y el anonimato de sus autores. Tal es el caso de la repuesta negativa que se cursara al Fiscal argentino Dr. Miguel A Osorio, en la que el Poder Ejecutivo pretende trasnacionalizar la Ley de caducidad, para preservar a militares uruguayos por delitos cometidos en el extranjero.
Por otra parte, por si faltara otra muestra, la actitud omisiva de las obligaciones que le impuso el Poder Judicial al Estado, con relaci¢n a la investigaci¢n administrativa del caso de Elena Quinteros, constituyen un repertorio de conductas que cuestionan los objetivos que el actual Presidente de la Repoblica dec¡a tener planteados o que sectores de la sociedad creyeron encontrar en sus conductas y/o declaraciones.
Puede entenderse que sectores de la sociedad uruguaya, admitan las claras limitaciones que tiene esta iniciativa del Presidente de la Repoblica, llamada Comisi¢n para la Paz. Pero no resulta aceptable, al menos para el movimiento sindical, que a esas limitaciones se le sumen actitudes como las rese_adas anteriormente.
El movimiento sindical uruguayo consecuentemente con lo que han sido sus definiciones, continuara aportando aquellos elementos que permitan avanzar a la Comisi¢n para la Paz y por las mismas razones bregara, sin limitaciones para hacer prevalecer el respeto a la justicia y a los compromisos internacionales asumidos por el pa¡s.-
Secretariado Ejecutivo – PIT/CNT
