«El gobierno nacional comete un error histórico de consecuencias a largo plazo para el país y el propio regimen, al negarse a revisar el acuerdo de cooperación EEUU-Ecuador para el acesso y uso de la base de Manta por parte de las FF.AA. norteamericanas», señaló Alexis Ponce, vocero de la APDH, una de las ONGS del Grupo Civil de Monitoreo de los Impactos del Plan Colombia en Ecuador.
Al tiempo de censurar y calificar de desesperadas e inaceptables las declaraciones del ministro Moeller y el secretario de información que infirieron absurdamente que los ecuatorianos que se oponen a la base y al Plan Colombia «defienden al narcotráfico», Ponce manifestó que es ciego y poco digno de un canciller pensar que el 89% de los ecuatorianos que exijen transparencia al regimen y temen el Plan Colombia y la base de Manta, «defiendan el narcotráfico».
Según el vocero de la APDH, el congreso nacional tiene suficientes fundamentos para citar y censurar al ministro Moeller, pues dicho funcionario no puede seguir poniendo en riesgo la paz del pa¡s y la estabilidad de la regi¢n al empecinarse en sostener un acuerdo cuya inconveniencia, inconstitucionalidad y falta de legitimidad ciudadana, son evidentes. «El congreso debe cumplir su deber y estamos atentos a sus movimientos», alert¢ Ponce.
El vocero de la APDH denunci¢ que ni el canciller ni el ministro de Defensa Nacional contestaron las formales solicitudes del Grupo de Monitoreo y las ONGs del mundo civil para que las autoridades les permitan recorrer la base de Manta, tal como lo har n funcionarios del gobierno con algunos sectores de prensa este viernes, para conocer sus instalaciones, visita preparada por el regimen y el alto mando de las FF.AA., que la APDH calific¢ de «intento publicitario del canciller y la embajadora Clarke por calmar el acelerado cuestionamiento de la opini¢n poblica y los medios a las implicaciones reales de la base militar estadounidense en territorio ecuatoriano».
Ponce aplaudi¢ la dignidad de algunas personalidades civiles que declinaron aceptar la invitaci¢n hecha a oltima hora, hasta que el canciller admita una visita independiente y con la participaci¢n de t’cnicos y expertos militares en retiro, que el Grupo Civil de Monitoreo y ONGs nacionales, intentan conseguir del gobierno.
ORGANIZACIONES DE TODO EL PA-S ANUNCIAN DEMANDA:
Una ampl¡sima gama de personalidades, organizaciones sociales, gremiales y ONGs de todo el pa¡s, entre ellas el Grupo Civil de Monitoreo, preparan para la pr¢xima semana la presentaci¢n de una demanda de inconstitucionalidad del acuerdo de cooperaci¢n entre EEUU y Ecuador ante el T.C., para que se retiren los soldados norteamericanos y el pa¡s evite as¡ consecuencias impredecibles en el futuro.
INFORMACIONES SOBRE LA BASE ESTADOUNIDENSE EN MANTA Y EL PLAN COLOMBIA
Introducci¢n:
A) Frente al escalamiento del conflicto colombiano y el innegable aumento de la intervenci¢n norteamericana, as¡ como por las graves implicaciones y consecuencias derivadas del Plan Colombia en la regi¢n andina y particularmente en nuestro pa¡s, que acord¢ el acceso y uso de la Base a’rea de Manta para las FF.AA. de EE.UU., varias organizaciones sociales y no gubernamentales del pa¡s fomentamos el 25 y 26 de noviembre el primer Encuentro Continental por la Vida y la Paz de Colombia, al que llegaron delegados internacionales de 18 pa¡ses, entre ellos el juez espa_ol Baltasar Garz¢n, evento que fue una de las primeras alertas de la sociedad civil de la regi¢n respecto de sus graves repercusiones que hoy la comunidad nacional e internacional va conociendo de a poco en poco.
B) Una de las derivaciones de dicho Encuentro fue la conformaci¢n en el Ecuador del Grupo Civil de Monitoreo del Plan Colombia en Ecuador, integrado por las siguientes organizaciones sociales y no gubernamentales de car cter ambiental, social, acad’mico y de DDHH: Acci¢n Ecol¢gica, Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Ecuador (APDH), Centro de Documentaci¢n en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo S.J.», Comit’ Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayas, Fundaci¢n de Investigaciones Andino Amaz¢nicas (FIAAM), Red Hermandad Colombo Ecuatoriana y Red de Derechos Humanos y Laborales, REDHS-CEOSL.
C) Hoy compartimos algunas de las m s relevantes inquietudes de este grupo interinstitucional sobre los impactos sociales, pol¡ticos, humanitarios, econ¢micos y ambientales de la aplicaci¢n del llamado Plan Colombia en la regi¢n andina y particularmente en nuestro pa¡s. En efecto, el Senado y el Gobierno norteamericanos acabaron de aprobar un enorme apoyo financiero (1.400 millones de d¢lares) al cual se a_adi¢ un paquete de ayuda entregada por la llamada «Mesa de donantes» en Europa, para la aplicaci¢n del denominado Plan Colombia, propuesta gubernamental colombiana que en EE.UU. fuera auspiciada y reelaborada por los senadores Mike DeWine, Charles Grassley y Paul Coverdell, uno de cuyos prop¢sitos b sicos, segon esas fuentes oficiales, es combatir el narcotr fico y sus consecuencias.
D) Este Plan que ser¡a aplicado, de manera inmediata, en la regi¢n suroriental de Colombia, particularmente la zona fronteriza con el Ecuador, segon la perspectiva de numerosos analistas de nuestro pa¡s, la regi¢n y el mundo, agravar no s¢lo la fragilidad social y pol¡tica de la regi¢n andina, sino que tambi’n la dram tica crisis humanitaria por la que atraviesa Colombia, cuya poblaci¢n de desplazados internos era considerada por algunos analistas la segunda en el mundo despu’s de la tragedia en Kosovo (un mill¢n quinientos mil colombianos desplazados en su propio territorio, segon algunas fuentes), y que debido a los impactos b’licos y ambientales, desbordar¡a inevitablemente hacia las provincias fronterizas ecuatorianas.
INFORMACIONES Y RECOMENDACIONES:
En este contexto, las siete organizaciones de derechos humanos, ecologistas y acad’micas que constituimos el Grupo Civil de Monitoreo de los Impactos del Plan Colombia en Ecuador, entregamos las siguientes informaciones precisas y puntuales recomendaciones a organizaciones y redes de la sociedad civil ecuatoriana, a las instituciones del Estado, embajadas, ONGs de la regi¢n, medios de comunicaci¢n y, en especial, la Comisi¢n de Asuntos Internacionales del Congreso Nacional. Informaciones y recomendaciones que hoy exhortamos a Uds. socializarlas y darlas a conocer en su pa¡s y a sus autoridades, referidas a la Base a’rea norteamericana en el puerto ecuatoriano de Manta y a los impactos del Plan Colombia en Ecuador y la regi¢n:
1.- En esta etapa las organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana estamos demandando de las autoridades gubernamentales, especialmente la Presidencia de la Repoblica y los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, la inmediata aplicaci¢n de una pol¡tica de transparencia poblica sobre los temas del Plan Colombia y la Base norteamericana en el puerto de Manta, estrechamente interrelacionados entre s¡ y que hoy se tratan bajo el velo del secretismo; decisi¢n gubernamental en la que se deben incluir las preocupaciones y recomendaciones de la sociedad civil del pa¡s y, especialmente, las provenientes de las poblaciones fronterizas que ser¡an afectadas.
2.- El Ministerio de RR.EE. y la Oficina de Enlace del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), deben informar a la opini¢n poblica el contenido del denominado «Plan de Contingencia» (y las denominadas estrategias del «Plan Ecuador» o «Plan Socio-econ¢mico fronterizo»), elaborado semanas atr s y que, al igual que la informaci¢n sobre el Plan Colombia y la Base en Manta, se ha caracterizado por el secretismo oficial.
Los ecuatorianos tenemos derecho a conocer los componentes sociales, econ¢micos, militares y humanitarios de dicho Plan de Contingencia, pues varias ONGs pudimos tener acceso a la lectura del primer borrador oficial y all¡, ins¢litamente, no se registraba, como les const¢ a los delegados de la Cruz Roja y otras instancias, la situaci¢n de los Grupos Humanos Vulnerables (mujeres, ni_os y ancianos, especialmente), as¡ como sus correspondientes fuentes de financiamiento (se afirma, segon datos de prensa, que ser¡an 2 millones de d¢lares, pero fuentes oficiales no han se_alado monto espec¡fico alguno).
Este Plan de Contingencia no quiso ser entregado una vez que formalmente el Grupo de Monitoreo lo solicitara a las instancias respectivas. Dise_ado por el Estado ecuatoriano (FF.AA., Canciller¡a, entre otros) para la atenci¢n y protecci¢n de los ciudadanos colombianos desplazados, inicialmente, y refugiados, posteriormente, en territorio ecuatoriano, debe ser estructurado a la luz del Derecho Internacional Humanitario y en virtud de los instrumentos internacionales de los DD.HH. suscritos y ratificados por el Estado ecuatoriano, a la vez que debe ser informado y tratado con toda la sociedad, especialmente la poblaci¢n fronteriza de Sucumb¡os (lim¡trofe con el departamento colombiano del Putumayo).
3.- En el marco de la grave crisis humanitaria en las zonas de frontera que se originar¡a por el flujo inicial de aproximadamente cinco mil campesinos pobres (datos comparativos de organismos internacionales, nacionales y humanitarios de frontera), en su mayor¡a mujeres y ni_os provenientes de las veredas y municipios del Bajo Putumayo colombiano: Orito, Puerto As¡s, Valle del Guamues, La Dorada y Puerto Legu¡zamo; el Ministerio de Defensa Nacional y la Polic¡a Nacional, debiendo contemplar el resguardo de la seguridad en la frontera, no deben ni pueden omitir los principios legales y universales de respeto a los derechos humanos de los civiles refugiados, el acato fiel a las normas del Derecho Internacional Humanitario y el entendido de la seguridad no solo desde lo militar-policial, sino la seguridad alimentaria, sanitaria, psicol¢gica y humanitaria de nuestras poblaciones fronterizas y de las potenciales poblaciones refugiadas de Colombia en ‘xodo hacia el Ecuador.
4.- El Instituto Nacional de Estad¡sticas y Censos (INEC), debe realizar el levantamiento de informaci¢n catastral en las riberas sur orientales del r¡o San Miguel, lim¡trofe con Colombia, que permita confirmar o desvirtuar la informaci¢n recogida por el Grupo de Monitoreo en Sucumb¡os, acerca de la adquisici¢n de tierras en esa zona de nuestro pa¡s por parte de integrantes de las denominadas «Autodefensas Unidas de Colombia» (paramilitares) cuyo cabecilla, Carlos Casta_o, admiti¢ poblicamente en agosto de 1998 y febrero de 1999, que 75 ecuatorianos participaban en entrenamientos y operativos espor dicos de las AUC en la zona fronteriza ecuatoriano-colombiana.
5.- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Instituto Nacional del Ni_o y la Familia (INNFA), en las provincias fronterizas, y en particular la provincia de Sucumb¡os, deben intervenir de manera emergente, dada la baja y limitada cobertura de atenci¢n social, sanitaria y alimentaria a la poblaci¢n femenina e infanto-juvenil de la zona. Deben tomar en cuenta los estudios epidemiol¢gicos de la violencia que existen sobre esta zona, puesto que la provincia de Sucumb¡os ocupa uno de los cinco primeros lugares, a nivel nacional, en tasa de homicidios y suicidios.
6.- Es necesario pedir y analizar los informes estrat’gicos, geo-pol¡ticos y econ¢micos (INFORME ESTRAT+GICO MILITAR) que debieron emitir la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas y el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), antes de que se firmara el Acuerdo de Cooperaci¢n entre el Gobierno del Ecuador y el Gobierno de los Estados Unidos de Am’rica concerniente al acceso y uso de los EE.UU. de las instalaciones en la Base de la Fuerza A’rea Ecuatoriana en Manta, para actividades a’reas antinarc¢ticos.
En caso de no haber sido solicitado por el Gobierno de entonces (administraci¢n de Jamil Mahuad), hemos exhortado oficialmente a la Comisi¢n de Asuntos Internacionales del Congreso Nacional que proceda a pedir dicho Informe, mismo que debe incluir el Estudio de Costos y Beneficios del Acuerdo de Cooperaci¢n y el Informe T’cnico Estrat’gico de la Fuerza A’rea Ecuatoriana, FAE, sobre la Base norteamericana en Manta. Solo as¡ se podr saber si fue o no «pertinente» precipitar dicho acuerdo, sin debatir ni consultar a la naci¢n.
Segon fuentes t’cnicas consultadas por el Grupo de Monitoreo, las ampliaciones y adecuaciones que se han realizado en secreto dentro de la pista a’rea en Manta, servir¡an no solamente para los aparatos encargados del monitoreo y seguimiento electr¢nico y de radar en la lucha regional antinarc¢ticos, sino que incluso posibilitar¡an el despegue y aterrizaje de a viones caza y bombarderos de combate. Esto debe ser transparentado, confirmado o desvirtuado poblica y t’cnicamente por el Estado ecuatoriano y el gobierno de los EE.UU. de Am’rica.
7.- Debemos presionar por el inicio de un debate poblico a nivel nacional, con la participaci¢n de la sociedad pol¡tica y la sociedad civil, incluyendo la experimentada palabra de ex- cancilleres y juristas del pa¡s, acerca de la constitucionalidad y conveniencia estrat’gica, pol¡tica y econ¢mica para nuestro pa¡s, del mencionado Acuerdo de Cooperaci¢n, cuyo contenido es claramente atentatorio a una serie de principios constitucionales y normas internacionales, como el b sico Principio de Reciprocidad que debe caracterizar a todo acuerdo o tratado entre Estados soberanos, y que no fue observado a la hora de suscribirse el Acuerdo entre EE.UU. y Ecuador para el acceso y uso de la Base A’rea de Manta. De hallarse meridianamente definida la inconveniencia de este Acuerdo, se debe instar a su inmediata anulaci¢n o suspensi¢n o, si las condiciones pol¡ticas internacionales lo impiden, por lo menos a su revisi¢n integral.
Cabe destacar que el Grupo de Monitoreo, junto a todas las representaciones de la sociedad civil, organizaciones populares, ciudadanas, de partidos, movimientos democr ticos y de izquierda y grupos de base del pa¡s, hemos acordado presentar ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad del Acuerdo EEUU.-Ecuador para el acceso y uso de la Base A’rea de Manta, puesto que dicho instrumento violenta la soberan¡a nacional y fue suscrito sin que se haya cumplido la norma constitucional de aprobaci¢n previa por parte del Pleno del Congreso Nacional.
De igual forma, el Grupo de Monitoreo ha resuelto informar y compartir los detalles de aquel Acuerdo de Cooperaci¢n a nuestras organizaciones pares de El Salvador y Centroam’rica, en vista de la intencionalidad de suscribir un acuerdo parecido entre dicho pa¡s y los EE.UU. en la actual coyuntura, tal como lo informa la prensa internacional. 8.- El Ministro de RR.EE., Heinz Moeller, debe ser convocado a declarar en la Comisi¢n de Asuntos Internacionales del Congreso Nacional y dar toda la informaci¢n pertinente sobre los sucesos denunciados en los primeros d¡as de julio, en torno a la captura -segon fuentes oficiales «en aguas internacionales»- del barco ecuatoriano Elizabeth I, que transportaba 190 emigrantes ecuatorianos ilegales (as¡ como de otras embarcaciones nacionales), en fechas anteriores, por parte de buques de la Armada norteamericana, con apoyo log¡stico de helic¢pteros y aviones de rastreo electr¢nico provenientes de las instalaciones de la Base A’rea de la Fuerza A’rea Ecuatoriana en Manta, tal como lo denunci¢ el embajador ecuatoriano Francisco Su’scum, Director General de Soberan¡a Mar¡tima de la Canciller¡a.
La aclaraci¢n transparente de esta informaci¢n pedida por el Grupo de Monitoreo a la Comisi¢n de Asuntos Internacionales del Congreso Nacional, incluy¢ la expresa petici¢n de que la Canciller¡a levante la reserva y haga conocer los textos ¡ntegros de los Memorandos internos 281-DGSMAE, 282-DGSMAE y 283-DGSMAE, de junio 28 y 29 de este a_o, suscritos por la Direcci¢n General de Soberan¡a Mar¡tima, A’rea y Espacial de la Canciller¡a ecuatoriana, donde presuntamente se informar¡a de la captura de 12 barcos ecuatorianos por parte de nav¡os de guerra norteamericanos asentados en la Base de Manta.
Hay que a_adir que, parad¢jicamente, el Director General denunciante del primer hecho (captura del Elisabeth I) fue suspendido temporalmente en sus funciones por orden del canciller Heinz Moeller, debido a la denuncia que hiciese poblica respecto de este incidente.
9.- La embajadora de los Estados Unidos de Am’rica en Ecuador, Gwen Clarke, debe ser invitada al Congreso Nacional para que explique los «alcances y beneficios» para el Ecuador del uso de las instalaciones en la Base A’rea de la FAE en Manta para actividades a’reas antinarc¢ticos, as¡ como el contenido de su Nota Verbal 078-2000, enviada al canciller Moeller el 29 de junio, donde a prop¢sito del incidente con el barco ecuatoriano «Elisabeth I», citar¡a textualmente, faltando incluso a principios diplom ticos elementales, que «los EE.UU. se arrogan el derecho de capturar cualquier barco de cualquier pa¡s en aguas internacionales», lo que constituir¡a una flagrante violaci¢n de la Convenci¢n de Derechos del Mar, que tipifica este tipo de incidentes como acto de pirater¡a.
10.- Debemos exigir a los medios de comunicaci¢n social del pa¡s y la regi¢n, que acojan OTRAS VOCES, distintas a las oficiales, cuyo contenido hasta el d¡a de hoy se caracteriza por ser alarmista, uniformizante y unilateral, tanto en Ecuador como en Colombia. As¡ como 50 periodistas de la regi¢n tuvieron derecho de asistir invitados por el gobierno y las FF.AA. de Colombia, a la Base militar de Tres Esquinas en dicho pa¡s, o de ser invitados y visitar -como el Grupo de Monitoreo ha llegado a conocer- la base norteamericana en Manta para conocer sus instalaciones en los pr¢ximos d¡as, debe existir apertura democr tica y transparencia informativa en los grandes medios de prensa.
As¡ como se prepara, segon el cable, la visita de una delegaci¢n oficial del gobierno colombiano a Ecuador, para explicar su versi¢n del Plan Colombia y tranquilizar a la opini¢n poblica, exhortamos a que los medios recojan informaci¢n de otras fuentes alternativas, como es el caso de la Dra. Piedad C¢rdoba Ruiz, presidenta de la Comisi¢n de Derechos Humanos del Congreso de la Repoblica de Colombia, quien fuera secuestrada por las AUC. Exhortamos que la prensa ecuatoriana aborde con ella y con otras voces sociales y civiles colombianas y de la regi¢n, sus puntos de vista para conocer la posici¢n de la sociedad civil colombiana sobre el Plan Colombia y sus impactos en la regi¢n. La senadora C¢rdoba vendr a Ecuador para participar en un evento acad’mico.
11.- A los m s destacados centros de investigaci¢n, universidades y polit’cnicas del pa¡s, as¡ como los organismos ambientales prestigiados del mundo (Greenpeace y Sunshine Project, entre otros) , la Comisi¢n de Asuntos Internacionales del Congreso y otras instancias deben solicitarles que emitan un informe independiente sobre los impactos ambientales en las provincias fronterizas ecuatorianas y en la regi¢n andina, debido a la utilizaci¢n del hongo Oxyporum Fusaryum en las masivas fumigaciones que se prev’ iniciar en el departamento fronterizo del Putumayo, inscritas en el denominado Plan Colombia.
Estos complejos temas que preocupan al Ecuador y la regi¢n, deben ser analizados y debatidos en un ambiente de transparencia, pues las consecuencias de las decisiones pol¡ticas que se tomaron o se dejaron de tomar en un momento dado, ponen en riesgo la soberan¡a nacional ecuatoriana, la seguridad del pa¡s y, ante todo, la vigencia y respeto de los DD.HH. de miles de hombres y mujeres, ni_os y ni_as, que viven en nuestras provincias fronterizas, en particular, y de mujeres, hombres, ni_os y ni_as que pueden llegar del pa¡s hermano de Colombia.
Finalmente, hacemos poblica la decisi¢n de la APDH del Ecuador, apoyada por el Grupo de Monitoreo, de ejecutar una estrategia ciudadana de resistencia pac¡fica y acci¢n civil no violenta a corto, mediano y largo plazo, parecida a la que se usara en Vieques, Puerto Rico, en los oltimos meses, y en Panam en las d’cadas del sesenta y setenta, con el objeto de visibilizar internacionalmente la cuestionada y perjudicial presencia militar norteamericana en Ecuador, particularmente en el puerto de Manta y la regi¢n de El Coca, en la zona fronteriza amaz¢nica, y para oponernos al Plan Colombia y sus consecuencias de regionalizaci¢n e intervenci¢n.
Por el GRUPO CIVIL DE MONITOREO DE LOS IMPACTOS DEL PLAN COLOMBIA,
