La crisis política por sobornos en el Senado de Argentina pone de relieve una cuestión que esta empobrecida sociedad aceptaba hasta ahora con resignada naturalidad: el fabuloso enriquecimiento de los legisladores.
El patrimonio de los senadores, ahora público debido a una decisión judicial, contrasta con el alto desempleo y la pobreza en que está sumergida un tercio de la población, a tal punto que algunos comentaristas ya se preguntan con ironía si los legisladores pertenecen o no al mismo país que sus electores.
»La publicidad de los bienes de los legisladores abre la posibilidad de investigar temas que no son públicos», dijo a IPS la abogada Mónica Frade, de la organización no gubernamental Control Ciudadano, aunque puso en duda la veracidad del contenido de lo que se declara.
Según declaraciones juradas dadas a conocer en los últimos días, una mayoría de senadores tiene entre ocho y 12 propiedades inmobiliarias cada uno, inversiones en acciones y empresas y casi nunca menos de tres veh¡culos.
Adem s, suman ingresos varios por dieta parlamentaria, extraordinarios, pensiones, rentas y honorarios privados que no abandonan cuando asumen sus bancas.
No obstante, Frade hizo hincapi’ en que estas declaraciones »no parecen coincidir con lo que realmente tienen muchos de ellos». La abogada a_adi¢ que las diferencias, por ejemplo, entre lo que cada uno reconoce percibir como senador hace »poco cre¡bles» los datos.
El juez pidi¢ a los senadores la declaraci¢n jurada de bienes en el marco de una investigaci¢n judicial sobre millonarios sobornos que se habr¡an pagado en la c mara alta en abril para la aprobaci¢n de una ley de reforma laboral. En un hecho sin precedentes, 47 de los 69 las dieron a conocer al poblico.
Sin contar los 22 senadores que prefirieron mantener su patrimonio en reserva, hay casos que causan sorpresa por el contraste entre el enriquecimiento personal de los legisladores y la situaci¢n de pobreza en que vive la poblaci¢n de sus provincias.
Silvia Sapag, senadora de un partido local de la provincia de Neuqu’n, declar¢ tener 12 casas y campos por casi un mill¢n de d¢lares, »alhajas» por casi 30 mil y un solo autom¢vil.
El senador H’ctor Maya, uno de los que aon no dio a conocer su situaci¢n, admiti¢ que el patrimonio de los senadores »irrita en el panorama nacional», pero consider¢ importante que no se lo oculte. En su caso, asegur¢ haber acumulado honorarios como abogado en litigios con obras poblicas.
El sueldo de un senador es de 5 mil d¢lares al mes, adem s de 4 mil 200 en concepto de vi ticos para pasajes y combustibles. Las autoridades de grupos parlamentarios suman una asignaci¢n extraordinaria, y hay algunos que declaran, incluso, sueldo en su car cter de autoridades partidarias.
El senador Emilio Cantarero –en la mira de la investigaci¢n judicial– no precis¢ el nomero de propiedades inmuebles que posee. Las englob¢ en la declaraci¢n como »casas y campos por 2 millones 330 mil » d¢lares. Cantarero representa a la norte_a provincia de Salta, una de las m s pobres del pa¡s.
Adem s, declar¢ ingresos 20 mil al a_o por »gastos reservados» que no especifica. Es el onico senador que admite percibirlos. Adem s, tiene cinco autos.
El nombre de Cantarero, del opositor Partido Justicialista, fue mencionado una semana atr s cuando confes¢ ante una periodista del diario La Naci¢n que ‘l fue uno de los que recibi¢ sobornos. Luego, lo desminti¢ y querell¢ a la cronista.
Al menos una docena de senadores confiesa haber acumulado m s de ocho propiedades inmobiliarias. El resto, en promedio, no baja de las seis.
Entre los autom¢viles –que no necesitar¡an para cumplir la funci¢n legislativa porque el Estado les otorga uno con chofer a cada uno–, hay numerosas »cuatro por cuatro», cuatriciclos y motos de agua.
Todos informaron que, adem s de sus ingresos como legisladores, perciben honorarios profesionales, rentas y dividendos por inversiones privadas, acciones o alquileres, jubilaciones de varios miles de d¢lares –por cargos en la funci¢n poblica– y otros que podr¡an ser cuestionables.
Juan Melgarejo, de la oficialista Alianza, dijo recibir una renta de 200 mil d¢lares al a_o como »comerciante». Jos’ Mar¡a Ar’chaga, tambi’n oficialista, dijo percibir 120 mil como subastador, y Ruben Pruyas, del justicialismo –que afirm¢ tener siete casas– obtiene ingresos extraordinarios de »una cl¡nica».
Rugero Petro, de un partido local de la provincia de Tierra del Fuego, tiene cuatro viviendas valuadas en 1,2 millones de d¢lares. En »bienes del hogar» declar¢ m s de 700 mil d¢lares y en »acciones», 14 millones.
Alejados de las curvas declinantes de la econom¡a en general y de la agricultura en particular, a los senadores les va mucho mejor que al resto de la sociedad, aun cuando no dedican todo el tiempo a sus negocios. Manuel Rodr¡guez, justicialista, tiene casi un mill¢n de d¢lares en hacienda y maquinaria agr¡cola.
Jos’ S ez, de la Alianza, declar¢ apenas 177 mil d¢lares en inmuebles. Pero tiene cinco autom¢viles de marcas caras y 1,1 mill¢n de d¢lares en acciones, adem s de »dividendos» que no aclara c¢mo obtiene y una buena pensi¢n.
Un caso paradigm tico entre tanta prosperidad es el de un senador justicialista con ocho casas. Jorge Villaverde percibe, adem s, 102 d¢lares mensuales como »profesor», lo cual pone de manifiesto qu’ distinto impacto puede tener el achicamiento del Estado cuando se trata de unos y otros servidores poblicos.
El enriquecimiento de los senadores explica en parte la reacci¢n de la opini¢n poblica, que al conocer el esc ndalo por los supuestos sobornos se manifest¢ mayoritariamente convencida de que los pagos ilegales existieron, y esc’ptica en relaci¢n con el esclarecimiento del caso, segon las encuestas.
De acuerdo con sondeos dados a conocer en las oltimas semanas, m s de 90 por ciento de los consultados no dudan de que los senadores reciben dinero para aprobar leyes como pr ctica habitual — no como excepci¢n–, y desconf¡an por igual del oficialismo y de la oposici¢n.
Un ex corresponsal de la revista estadounidense Newsweek, Mart¡n Andersen, declar¢ el lunes al diario P gina 12 que est dispuesto a declarar ante la justicia por un caso de soborno, pero en la C mara de Diputados.
Andersen record¢ haber publicado en en octubre pasado que el diputado Claudio Sebastiani reconoci¢ haber distribuido sobres por 25 millones de d¢lares a otros diputados para la aprobaci¢n de una ley de patentes favorable a laboratorios nacionales.
El periodista extranjero asegur¢ que fuentes vinculadas al caso admitieron ante ‘l que otros 15 millones de d¢lares se repartieron entre los senadores.
Al mismo tiempo, en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires se investiga un fondo ilegal, en este caso no para sobornos. Se trata de 40 millones de d¢lares utilizados por los grupos parlamentarios provinciales para el financiamiento de la actividad pol¡tica. (Ar/Ip/Au/Ppc/ap)
Marcela Valente
