REPRESION EN CLARIN
La semana pasada el «Gran Diario Argentino», expresión del megamedio integrado por ese medio gráfico, Radio Mitre, Artear (Canal 13 y Todo Noticias), Página 12, y varias radios de Frecuencia Modulada y repetidoras del interior del país, decidió despedir a más de un centenar de periodistas de su planta. En realidad, se trató de todos aquellos que participaron en una asamblea para exigir a la patronal que los incorpore a la planta permanente pues estaban sin registrar y sin relación de dependencia. En dicha asamblea también se habian electo los delegados de los trabajadores que se iban a oponer a los «delegados» que fueron elegidos por la Sra. de Noble, propietaria del diario.
Democráticamente, Clarín decidió expulsar a todos los trabajadores, incluso los delegados, desconociendo la personería gremial y los principios del Estatuto del Periodita, cuyo principal es el de Estabilidad Laboral.
Los trabajadores se concentraron en las puertas del diario en protesta por los despidos. El Ministerio del Interior, en apoyo de la medida del diario, mand¢ la guardia de infanter¡a de la Polic¡a Federal que reprimi¢ a los trabajadores que intentaron ingresar a sus lugares de trabajo. Cuando ello ocurr¡a, el s bado y el domingo pasado, los trabajadores recurrieron a CORREPI.
Desafortunadamente, dejaron sus mensajes en el estudio de dos de los abogados de la organizaci¢n y en el contestador autom tico de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Lamentamos profundamente no haber podido acudir.
Salvo honrosas excepciones fueron contados los periodistas que se solidarizaron con los trabajadores de Clar¡n. La enorme mayor¡a de los pol¡ticos tambi’n brillaron por su ausencia. No sea que queden mal con «el» medio.
CARTA DE CORREPI A RAUL CASTELLS
Cerca del juicio oral que enfrentar el dirigente de los jubilados Raol Castells, y ante su decisi¢n de desechar cualquier defensa t’cnica en el debate, hace unos d¡as el compa_ero Sergio Smietniasky le entreg¢ una carta suscripta por la CORREPI en la que expresamos nuestra opini¢n en torno a su situaci¢n procesal y las derivaciones del caso. Transcribirmos la misma a continuaci¢n:
Buenos Aires, 13 de octubre de 2000.
Querido Compa_ero Raol Castells:
La COORDINADORA CONTRA LA REPRESI.N POLICIAL E INSTITUCIONAL (CORREPI) est conformada por militantes independientes, sin adscripci¢n a ninguna fuerza, y compa_eros de diferentes partidos pol¡ticos que coinciden en la caracterizaci¢n del fen¢meno represivo y de las formas de lucha utilizables.
En nuestra bastante larga y reconocida trayectoria hemos asumido la defensa -a veces t’cnica, pero sobre todo pol¡tica- de numerosos represaliados por las polic¡as, las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas o las instituciones del estado nacional o provinciales. En ningon caso hemos hecho el menor examen sobre la pertenencia de la v¡ctima a determinada fuerza pol¡tica, gremial, estudiantil o social, con la onica salvedad de que nunca hemos asumido defensas de represores, explotadores del pueblo, militares o polic¡as. Aon cuando en muchos casos, personalmente, algunos de nuestros miembros no han tenido identificaci¢n plena con los represaliados, y hasta hemos tenido fuertes discrepancias con algunas pol¡ticas, hemos asumido, sin condicionamientos, las tareas de solidaridad con decisi¢n.
Tampoco hemos permitido que nuestra organizaci¢n solidaria sea utilizada por fuerza partidaria alguna, ni para el lanzamiento de pol¡ticas ni para la promoci¢n personal de ninguno de sus miembros. Es obvio decir que, siendo una organizaci¢n pluralista, participativa y profundamente democr tica, nunca hemos impedido, censurado o rechazado -ni habremos de hacerlo en el futuro- la actividad que algunos de nuestros miembros puedan tener fuera de nuestro mbito, sin que jam s se mezclaran las pertenencias ni se confundieran las representaciones.
Nuestra postura ha sido siempre clara en esta materia. Fuimos de los primeros en advertir que, ante la resistencia popular al sistema, la represi¢n circunscripta al control social se dirigir¡a frontalmente a los sectores en lucha. Denunciamos, junto a otros grupos sociales y de DDHH, la criminalizaci¢n de la protesta social, proponiendo una campa_a de amnist¡a para los luchadores populares imputados en causas judiciales.
Tu procesamiento y prisi¢n nos ha convocado a la inmediata e incondicional solidaridad, como hubiera ocurrido con cualquier represaliado por encabezar el justo reclamo de alimentaci¢n de miles de compa_eros jubilados que viven en la indignidad y la miseria, y como posteriormente hici’ramos con la detenci¢n del compa_ero Emilio Al¡.
Nos enteramos ahora, por tus declaraciones en diversos ¢rganos de prensa de izquierda y a trav’s de compa_eros que han conversado el tema contigo, que has resuelto enfrentar el inminente juicio oral sin abogado defensor, pues tu idea es denunciar en la audiencia a la justicia del sistema, negarle legitimidad para juzgarte y provocar la ruptura.
Como ya te lo habr n dicho los compa_eros Sergio Smietniansky y Mario Villarreal, compartimos esa caracterizaci¢n de la justicia burguesa (no vamos a descubrir la p¢lvora en el siglo XXI) pero en esta particular coyuntura nos parece que ser¡a un error garrafal, de graves consecuencias que exceden tu propio destino, facilitar las cosas para que esos jueces corruptos y fascistas te condenen.
Esencialmente hemos analizado la cuesti¢n desde lo pol¡tico: una condena a Raol Castells en esta causa implica la inmediata obtenci¢n para el sistema de un precedente que ser m s que otil cuando le toque el turno a Emilio, y a los que sigan. Del mismo modo que tu condena ser enarbolada por la clase dominante y servir para que ejerzan m s disciplinamiento sobre los que se atreven a reclamar, ser un factor desmovilizador en los grupos dispersos que confluyen en la utilizaci¢n de herramientas de lucha novedosas, como las movidas populares a supermercados desde los barrios y asentamientos.
Nuestra convicci¢n, sustentada en muchas experiencias anteriores, es que las campa_as de solidaridad amplias y persistentes son un factor esencial para decidir la suerte de los compa_eros represaliados, y que la movilizaci¢n popular presionando a los ¢rganos de la justicia del sistema ha sido determinante a la hora de torcerle el brazo para lograr las absoluciones de Panario, Christiansen y Estrada, Mart¡nez, Gatti y Natera, recientemente Al¡, Berrozpe y Meza, y muchos otros. Pero en todos esos casos la solidaridad activa pol¡ticamente orientada interactu¢ con las defensas t’cnicas de los compa_eros, que, con mayor o menor grado de compromiso por parte de quienes la ejerc¡an, fue un elemento m s en una estrategia conjunta.
Esas experiencias confirmaron que la presi¢n pol¡tica de la movilizaci¢n condiciona pero no garantiza los resultados de los juicios si, simult neamente, no hay un ejercicio efectivo de todos los recursos t’cnicos disponibles. Dicho de otra manera: cuando los jueces absuelven lo hacen fundados en cuestiones t’cnicas, aunque salgan a buscar esas razones formales empujados por la movilizaci¢n popular.
Las sentencias de los juicios de Neuqu’n, de Comodoro Rivadavia, de Ushuaia o de la Catedral tienen en comon que en todos ellos las absoluciones se lograron porque en las audiencias de los juicios se prob¢ la inexistencia de delito a trav’s de la destrucci¢n del tipo penal imputado a los compa_eros. Por ejemplo, el defensor de los compa_eros marplatenses en el juicio de la Catedral hizo un brillante alegato sobre la judicializaci¢n del conflicto social, caracterizando el proceso como «un juicio a la pobreza». Pero adem s del planteo pol¡tico impecable, se encarg¢ de desbaratar la calificaci¢n legal, demostrando que no hab¡a, aun en la l¢gica del derecho penal burgu’s, elementos para condenar por el delito de usurpaci¢n. Si s¢lo hubiera hecho lo segundo, quiz s el resultado final hubiera sido el mismo t’cnicamente, pero sin el contenido altamente combativo que dio al juicio el contexto de denuncia del sistema penal. Si s¢lo hubiera hecho lo primero, estar¡amos satisfechos con su desempe_o pol¡tico, pero muy probablemente hoy lamentar¡amos la condena a los compa_eros. Hay algunas cuestiones procesales a tener en cuenta. Si en la primera o segunda jornada del juicio anunci s el alejamiento de tus defensores particulares, el tribunal se limitar a festejar el menor trabajo que tendr , al tiempo que ordenar n al defensor de oficio que corresponda por turno hacerse cargo. Aunque te niegues a aceptarlo, la defensa en juicio es un derecho irrenunciable del imputado, por lo que, aun en tu ausencia y contra tu voluntad, el defensor oficial har lo que le de en ganas, utilizando la estrategia procesal que le parezca. Se reanudar la audiencia cuando el defensor haya estudiado la causa -en el caso de Tablada II demand¢ menos de una semana-, y para la opini¢n poblica (da) la «defensa de Castells» seguir existiendo. Claro que el defensor oficial podr¡a, por ejemplo, «defenderte» argumentando que el d¡a de la toma de Wall Mart estabas mirando un partido de fotbol en tu casa.
Encarar una defensa t’cnica con compa_eros comprometidos con la causa popular permitir¡a, en cambio, apuntar a demostrar que no hay delito en exigir comida a quienes les sobra para alimentar a los despose¡dos, coordinando lo que pase afuera y adentro de la sala de audiencias.
No queremos que seas condenado, pero m s aon nos preocupa que tu actitud -digna y respetable- sea utilizada por la justicia del sistema para facilitar la condena de otros compa_eros como Emilio Al¡, que enfrenta un proceso muy parecido al tuyo, en mayor aislamiento y desde el encierro en Bat n. Tenemos la obligaci¢n fraterna de advertirte que el juicio de ruptura que has anunciado es un error pol¡tico que mostrar sus consecuencias cuando otros compa_eros sean condenados por tribunales que recurran al «antecedente Castells», del mismo modo que tu situaci¢n ser¡a m s comprometida si tus jueces tuvieran sentencias condenatorias de Neuqu’n, Ushuaia o Mar del Plata para usar en tu contra. Te pedimos una oltima reflexi¢n, para que lleguemos a la audiencia con las mejores posibilidades de agregar otro cap¡tulo de triunfo en la pelea contra la criminalizaci¢n de la protesta social. No hace falta aclarar que, decidas lo que decidas, seguiremos estando a tu lado, reclamando tu libertad.
Un solidario abrazo,
CORREPI
OTRO OBRERO MUERTO POR EL NEOLIBERALISMO
An¡bal Ver¢n, chofer de micros, 36 a_os y padre de 5 hijos, hab¡a ido a cortar la ruta con otros excluidos. Hac¡a 9 meses que no cobraba de una empresa de transporte de propiedad de un pariente de los Romero, los se_ores feudales de Salta.
La zona del corte es la de Tartagal y General Mosconi, una de las m s ricas del pa¡s en gas natural y petr¢leo. Una zona que fue pr¢spera cuando la mayor¡a de los habitantes trabajaba para la estatal YPF. Una zona que aceler¢ su decadencia en 1991 con la ola privatizadora del menemismo. La privatizaci¢n signific¢ trabajadores despedidos e inconmensurables ganancias para los nuevos due_os, el grupo espa_ol Repsol (en los primeros nueve meses del 2000 gan¢ 1.550 millones de d¢lares)
En mayo hab¡a habido importantes cortes de ruta en la misma zona. Tambi’n hab¡a habido represi¢n provincial y nacional. Aunque el secretario de la presidencia no se acuerde, la Naci¢n adem s de d divas mand¢ la gendarmer¡a.
Como el pueblo quiere «trabajos dignos» -como dijera el lider de los piqueteros Pepino Fern ndez-, nuevamente el pueblo reclam¢ dignidad en la ruta 34. El gobernador Romero a esa hora depart¡a junto a empresarios y pol¡ticos en Mar del Plata en el coloquio de los capitostes de la explotaci¢n argentina enrolados en «IDEA». En ella el joven Romero iba a presentar un moderno «paper» acerca de sus promesas a los empresarios para que vayan a «invertir» en su provincia. Y para que la oferta prosperase era indispensable sacar a los molestos pobres que cortan la ruta. Su promesa para los marginados fue la represi¢n. A las 8:30 del viernes 10, An¡bal Ver¢n ca¡a muerto de un tiro en la cara por parte de la policia salte_a.
Como con V¡ctor Choque, como con Teresa Rodriguez, como Ojeda y como con Escobar, la resistencia al neoliberalismo cobraba una nueva v¡ctima. Los trabajadores ten¡an un nuevo muerto. Y De la Rua, y su Alianza para el Ajuste y la Represi¢n su nuevo muerto. En menos de un a_o, su tercer muerto.
Como tambi’n dijo Fern ndez «s¢lo nos dan muerte». La reacci¢n popular se hizo sentir y el pueblo sali¢ a destrozar el hotel lujoso de los Romeros, la municipalidad, la empresa Atahualpa para la que trabajaba Ver¢n y la comisar¡a, que quemaron, golpeando a los polic¡as autores o c¢mplices de la muerte. En la seccional encontraron bolsas de comida que el clientelismo pol¡tico no hab¡a querido repartir entre los menesterosos. Rescataron para el pueblo las armas con que la polic¡a reprime a los trabajadores. Esa fue la preocupaci¢n de la ministra de «Desarrollo» Social, otrora defensora de los derechos humanos Fern ndez Meijide, y esa es la preocupaci¢n de los enviados del autodenominado progresista ministro del Interior, Fredy Storani, que no quiere negociar con los piqueteros hasta que no devuelvan las armas.
Y como la Alianza ya hab¡a reprimido necesitaba ajustar ese mismo d¡a. En el mentado coloquio, De la Rua -como si nada hubiera sucedido- defin¡a nuevas pol¡ticas de empobrecimiento de los sectores populares y entrega del pa¡s. En horas de la tarde del viernes, la izquierda y algunos organismos de DD HH salimos a protestar frente a la Casa de la Provincia de Salta en Buenos Aires y marchamos hacia la casa Rosada. All¡ nadie se encontraba porque todos estaban intentando seducir a los capitalistas en Mar del Plata.
En esa ciudad, el gobernador Romero calific¢ a los piqueteros de delincuentes y los compar¢ con ladrones de bancos. Neg¢ responsabilidad por el calibre de la bala que mat¢ a Ver¢n. Igual que en Corrientes inventaron que fueron calibre 22 o 32 como si el pueblo fuera imb’cil y no supiera que usan esas balas para lograr impunidad, como si su cu_ado, su esposa y los dem s piqueteros no hubieran visto a An¡bal caer a su lado, baleado por la polic¡a.
-Si no conseguimos trabajos dignos, nos morimos en la ruta- termin¢ Pepino Fern ndez.
La lucha continoa y para seguir imponiendo el neoliberalismo, los Menem, los De la Rua, van a seguir ensangrentando el pa¡s. Eso s¡, Aznar y Clinton, en defensa de sus intereses, apoyaron y se solidarizan con De la Rua. Juzgue Ud. mismo.
PROXIMAS ACTIVIDADES
Del 13 al 18 de Noviembre: Organizados por distintos sectores populares y de derechos humanos de la zona Norte (vinculados a CORREPI) se desarrollar en las localidades de Don Torcuato, Rinc¢n de Milberg, Talar de Pacheco y Virreyes, un Encuentro Latinoamericano de Teatro Popular. El intendente de Tigre, Ubiedo (de trayectoria colaboracionista durante la dictadura) en repudiable actitud amenaz¢ con prohibir las actividades porque no cuentan con autorizaci¢n del municipio.
Noviembre 25: Sexto Encuentro Nacional Antirrepresivo en la ciudad de C¢rdoba.
Noviembre 27: Juicio contra el lider de los Jubilados, Raol Castells por haber reclamado comida en un supermercado. llamamos a movilizarse a los Tribunales de Lomas de Zamora, camino Negro y Larroque, a las 9:00.
Diciembre 7: Fiesta de CORREPI para recaudar los dineros necesarios para organizar la Jornada Antirrepresiva del 18 de diciembre, quinta entrega del Archivo de Casos y aniversario de la masacre de Corrientes.
