En la región del Magdalena Medio colombiano se desarrolla actualmente un plan sistemático de exterminio del campesinado, de los pobladores, de las organizaciones sociales y de sus representantes a través de la implementación de un cerco militar – paramilitar agenciado por sectores autoritarios del Estado Colombiano sobre la Región del Valle del Río Cimitarra, el sur de Bolívar y la Ciudad de Barrancabermeja, territorios que son el último bastión de la histórica lucha del campesinado y de los habitantes del Magdalena Medio por la defensa de la vida y la dignidad frente al paramilitarismo de Estado.
Sólo durante los últimos meses la barbarie del paramilitarismo se ha visto reflejada en los siguientes hechos: La arremetida paramilitar sobre veinte veredas (Vallecito, El Diamante y Villanueva etc), en límites entre los Municipios de San Pablo y Simití, donde fueron asesinados decenas de campesinos y desplazados otros miles; la desaparición de EDGAR QUIROGA en el mes de Noviembre de 1.999, vocero del ‘xodo campesino de 1.998; el ataque directo de las Fuerzas Armadas del Estado sobre la poblaci¢n civil en las veredas de San Lorenzo, Yanacu’, Coroncoros y Cuatro Bocas, como lo corrobor¢ la Comisi¢n Interinstitucional del gobierno que verific¢ los hechos; el asesinato de 4 campesinos en San Juan del It’; la masacre de 8 campesinos en San Luis Beltr n; la desaparici¢n y el asesinato de NECTALY OYOLA, administrador de la Tienda Cooperativa de la vereda Alto San Juan en pleno casco urbano del Municipio de San Pablo, as¡ como los asesinatos selectivos que a diario cometen los paramilitares en este pueblo. El asesinato por parte de paramilitares de DIOMEDES PLAYONERO miembro de la Junta Directiva de la Asociaci¢n Campesina del Valle del R¡o Cimitarra – ACVC; el asesinato de 23 campesinos y 3 desaparecidos y aproximadamente unas 350 familias desplazadas en zona rural del Municipio de Yond¢ en las oltimas semanas; el asalto y saqueo por parte de 300 paramilitares de la sede de la cooperativa de la ACVC en Cuatrobocas, donde adem s fueron asesinados dos campesinos; los permanentes hostigamientos y amenazas paramilitares contra los habitantes de los cascos urbanos de Yond¢ y Cantagallo; el establecimiento de un reten paramilitar a escasos 10 minutos del reten de la Armada Nacional en Barrancabermeja, en el sitio conocido como La Rompida; los asesinatos selectivos que realiza el paramilitarismo en la ciudad de Barrancabermeja, donde solo durante los 3 primeros meses del a_o se cometieron m s de 100 homicidios y la permanente amenaza sobre el campesinado, los pobladores urbanos, sobre las organizaci¢nes sociales y sobre sus l¡deres.
Estas sistem ticas violaciones a los Derechos Humanos en la regi¢n evidencian tristemente el incumplimiento de los acuerdos del 4 de Octubre de 1998 firmado entre los voceros campesinos y el Presidente Andr’s Pastrana, para culminar concertadamente con el +xodo Campesino del Magdalena Medio. Muy por el contrario han sido masacrados despu’s de los acuerdos m s de 500 campesinos y desplazados otros 30.000 pobladores rurales. La estrategia modernizante y autoritaria paraestatal se ha consolidado en la mayor¡a de los cascos urbanos del Magdalena Medio, donde como ocurri¢ en los Municipios de Puerto Boyac y Puerto Berr¡o, las Fuerzas Armadas, la polic¡a y las administraciones locales junto con el narcotr fico y el latifundio hacen diariamente los planes genocidas contra inermes campesinos, como sucede actualmente en los cascos urbanos de Rosa, San Pablo y Simit¡.
En una calculada estrategia del paramilitarismo de Estado para burlar el cumplimiento de los acuerdos del Exodo Campesino del Magdalena Medio y entrabar una posible zona de despeje que posibilite el inicio de di logos con la guerrilla del ELN en el Sur de Bol¡var, se dieron, en un hecho sin precedentes, las primeras marchas impulsadas por paramilitares en Colombia. Bajo un clima de terror e intimidaci¢n permanente, centenares de familias campesinas fueron obligadas bajo la intimidaci¢n y la amenaza a financiar y participar en el taponamiento de las v¡as m s importantes que comunican al Magdalena Medio con el resto del pa¡s.
Otras movilizaciones de respaldo se dieron al mismo tiempo en el norte del pa¡s en zonas de dominio del proyecto paramilitar.
Descaradamente altos funcionarios del Estado como el Ministro del Interior y el propio comandante de las Fuerzas Armadas, respaldaron abiertamente estas movilizaciones impulsadas por paramilitares, demostrando los nexos del Estado con el paramilitarismo.
Este tipo de movilizaciones impulsadas por administraciones municipales, autoridades civiles, con la participaci¢n directa e indirecta de la fuerza publica y paramilitares se volvieron a presentar actualmente con el anuncio del Gobierno de crear una zona de despeje en los Municipios de San Pablo, Cantagallo y Yond¢, secuestrando a miles de campesinos y pobladores de la Regi¢n y manteniendo incomunicada la Regi¢n del Magdalena Medio con el resto del pa¡s, sin que el Gobierno y el Estado colombianos hallan asumido responsabilidad y acci¢n alguna.
Por otro lado el gobierno ha incumplido todos los acuerdos y las expectativas de inversi¢n plasmadas en el Plan de Desarrollo y de Protecci¢n integral de los Derechos Humanos del Magdalena Medio, formulado por las comunidades campesinas y mineras. Por el contrario la dura realidad que diariamente sufre el campesinado y los pobladores del Magdalena Medio se torna cada d¡a m s oscura con la anunciada «ayuda» estado-unidense de 1.600 millones de d¢lares para la ejecuci¢n del Plan Colombia, supuestamente un plan antidrogas y de inversi¢n social.
Est claro que las v¡ctimas de este disfrazado plan militarista seguir n siendo los campesinos, pues este plan pretende fundamentalmente consolidar el paramilitarismo en la regi¢n. Este plan se ver reflejado aqu¡ en la compra de aviones bombarderos, lanchas y sofisticados armamentos, miles de campesinos ser n asesinados y nuevamente ser n desplazados bajo el pretexto de la lucha antinarc¢ticos. Tal como est plasmado en la «Estrategia para el Desarrollo Alternativo», la escasa «inversi¢n social» del plan en la regi¢n se ver reflejada en miles de hect reas sembradas de Palma Africana, donde el campesino ser de nuevo siervo de los se_ores feudales: los narcolatifundistas del Magdalena Medio.
Ante este panorama desolador, denunciamos ante el pa¡s y la comunidad internacional:
1. La presencia actualmente en la regi¢n de m s de 1.000 efectivos paramilitares que obedecen a un plan sistem tico de exterminio del campesinado y los pobladores del Magdalena Medio.
2. La implementaci¢n de una calculada estrategia por parte del paramilitarismo de Estado para burlar el cumplimiento de los acuerdos de las marchas campesinas de 1996 y el Exodo Campesino de 1998.
3. La evidente implementaci¢n del Pla n Colombia en la regi¢n para fortalecer elparamilitarismo y la pr ctica for nea y excluyente de la econom¡a de la palma africana.
4. El anunciado recrudecimiento del accionar paramilitar en la regi¢n.
5. Las permanentes amenazas por parte de los paramilitares, las cuales han sido confirmadas por los mismos comandantes militares y policiales de la regi¢n en los distintos consejos de seguridad, sobre los miembros de la MESA REGIONAL DE TRABAJO PERMANENTE POR LA PAZ, CREDHOS, FEDEAGROMISBOL, la ASOCIACI.N CAMPESINA DEL VALLE DEL R-O CIMITARRA, la USO, la OFP y las dem s organizaciones sociales del Magdalena Medio.
Las organizaciones abajo firmantes exigimos al Gobierno y Estado colombiano:
1. Verificar estos hechos violatorios de los DDHH y crear inmediatamente por decreto una comisi¢n interinstitucional con presencia Nacional e Internacional de car cter permanente y financiada por el gobierno para que verifique las violaciones de los derechos humanos en la regi¢n segon lo pactado en los acuerdos de 1.998, para que acopie informaci¢n, aporte y recoja pruebas, evaloe el estado de las investigaciones y los mecanismos de impunidad que han operado hist¢ricamente en la regi¢n, impulse las investigaciones dilatorias y elabore un diagn¢stico general sobre las pr cticas violatorias de los derechos humanos en el Magdalena Medio.
2. Impedir la impunidad, castigar a todos los culpables por las sistem ticas violaciones de los derechos humanos en la regi¢n y reparar integralmente a las v¡ctimas.
3. Conformar inmediatamente el bloque de bosqueda paramilitar del Magdalena Medio pactado en los acuerdos de 1.998.
4. Convocar de urgencia al «Centro de coordinaci¢n de lucha contra los grupos de autodefensa ilegales y dem s grupos armados al margen de la ley» para que segon su mandato, establecido en el decreto 324 del 2.000, se combata a los grupos paramilitares, se capture y judicialice a los paramilitares y se den los mecanismos institucionales que permitan evitar masacres, asesinatos selectivos y atentados contrae el campesinado y las organizaciones sociales del Magdalena Medio.
5. Atender humanitariamente de emergencia a la poblaci¢n v¡ctima y desplazada.
6. Reparar totalmente todos los da_os y las p’rdidas infringidas a la sede de la Cooperativa de la Asociaci¢n Campesina del Valle del R¡o Cimitarra en la vereda Cuatrobocas resultado del criminal accionar paramilitar.
7. Cumplir con los acuerdos del Exodo Campesino de 1.998, firmados con los voceros campesinos por el presidente Andr’s Pastrana.
8. Iniciar un proceso de inversi¢n social participativa a partir de la ejecuci¢n del Plan de Desarrollo y de Protecci¢n de los Derechos Humanos del Magdalena Medio pactado en los acuerdos de 1.998.
Equipo Nizkor
Derechos Human Rights
