Uno de los principales gestores de la Mesa de Diálogo fue el ex Ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma. Su reemplazante en la cartera de defensa continúo la tarea emprendida por Pérez Yoma.
La Mesa de Diálogo se encuentra integrada por un amplio espectro de sectores sociales entre los que se pueden mencionar:
Mario Fernández (Ministro de Defensa)
Angel Flisfisch (Subsecretario de Marina)
Luciano Fouillioux (ex Subsecretario de Carabineros)
General Ignacio Concha (Fuerza Aérea)
General Reinaldo Ríos (Carabineros)
General Juan Carlos Salgado (Ejército)
Contraalmirante Felipe Howard (Armada)
Jaime Castillo Velasco (Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos)
Sergio Valech (Iglesia Católica)
Neftalí Aravena (Iglesia Metodista)
León Cohen (Representante de la Comunidad Judía)
Claudio Teiltelboim (Físico, Premio Nacional de Ciencias)
Gonzalo Vial (Historiador)
Guillermo Blanco (Escritor y Periodista)
Pamela Pereira (Abogada)
Jos’ Zalaquett (Abogado)
H’ctor Salazar (Abogado)
Gonzalo S nchez (Abogado)
Elizabeth Lira (Psic¢loga)
Jorge Manzi (Psic¢logo Social)
Tras once meses de arduas negociaciones, el Gobierno chileno, las Fuerzas Armadas y los Abogados de Derechos Humanos llegaron a consensuar el documento que transcribimos a continuaci¢n:
DECLARACI.N DE LA MESA DE DI-LOGO SOBRE DERECHOS HUMANOS
I. REFLEXIONES FUNDAMENTALES
La mesa de di logo fue convocada por el Supremo Gobierno porque subsiste entre los chilenos un desencuentro que dificulta que el pa¡s avance unido hacia el futuro.
Chile sufri¢, a partir de la d’cada de los 60, una espiral de violencia pol¡tica, que los actores de entonces provocaron o no supieron evitar. Fue particularmente serio que algunos de ellos hayan propiciado la violencia como m’todo de acci¢n pol¡tica. Este grave conflicto social y pol¡tico culmin¢ con lo hechos del 11 de septiembre de 1973, sobre los cuales los chilenos sostienen, leg¡timamente, distintas opiniones.
Sin embargo, hay otros hechos sobre los cuales no cabe otra actitud leg¡tima que el rechazo y la condena, as¡ como la firme decisi¢n de no permitir que se repitan. Nos referimos a las graves violaciones a los derechos humanos en que incurrieron agentes de organizaciones del Estado durante el gobierno militar. Nos referimos tambi’n a la violencia pol¡tica cometida por alguno opositores al r’gimen militar.
En especial nos preocupa hondamente la tragedia, aon no resuelta, de lo detenidos desaparecidos. Es imperativo y urgente contribuir a superar este problema. Ello requiere de parte de todos un esp¡ritu de grandeza moral que nos permita concordar medidas efectivas para ese fin.
Con miras a propiciar dicho esp¡ritu y, en general, de avanzar hacia un reencuentro nacional, representantes de las FF.AA. y Carabineros, abogados de derechos humanos, autoridades de entidades ‘ticas y personeros de la sociedad civil, han trabajado por largo tiempo en esta instancia de di logo, reconstruyendo espacios de confianza sobre la base de la tolerancia y la franqueza.
Debemos comenzar por explicitar las lecciones morales que se desprenden de nuestra historia reciente:
El pa¡s necesita hacer todo lo humano posible para que nunca m s se recurra a la violencia pol¡tica o se violen los derechos de las personas en nuestra patria.
Reafirmamos que es condici¢n del estado de derecho que el ejercicio leg¡timo de la fuerza quede entregado exclusivamente a los ¢rganos competentes en un sistema democr tico, como tambi’n el rechazo absoluto de la violencia como m’todo de acci¢n pol¡tica. Se hace indispensable desterrar y rechazar, de manera categ¢rica, cualquier forma de acceso al poder por v¡as distintas de las democr ticas.
Aseveramos, asimismo, que la defensa del estado de derecho y en particular el respeto de los derechos fundamentales de todos los habitantes de la Repoblica, en todo tiempo y circunstancias, es sustento ‘tico de las instituciones de la Naci¢n.
Es necesario formar y educar a nuestras generaciones futuras en el debido respeto de los derechos de las personas. Para ello, se deben incorporar o reforzar, en todos los mbitos de la ense_anza nacional, los contenidos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
La soluci¢n del problema de los detenidos desaparecidos requiere de la ubicaci¢n de sus restos mortales, cuando ello sea posible, o que se establezca, en todo caso, su destino. Si conseguimos ese objetivo habremos cumplido con el deber de dar paz de esp¡ritu -en alguna medida- a sus familiares. Sin embargo, la necesidad de conocer el paradero de los detenidos desaparecidos trasciende ese deber; tambi’n tiene como prop¢sito que el pa¡s tome conciencia, de manera concreta, de aquello que no debe repetirse.
II. CONTENIDOS PRINCIPALES DE UN COMPROMISO PARA SER ASUMIDO POR EL PAIS ENTERO
Con el fin de superar los problemas del pasado y avanzar hacia el reencuentro de todos los chilenos, llamamos a realizar un gran esfuerzo nacional que comprometa muy activamente a las m s altas autoridades del pa¡s, a las instituciones civiles, militares, religiosas y ‘ticas, as¡ como a la comunidad nacional en su conjunto, en la tarea de encontrar los restos de los detenidos desaparecidos o, cuando ello no sea posible, obtener al menos la informaci¢n que permita clarificar su destino.
Condiciones generales sobre la informaci¢n
– Con el objeto de dar informaci¢n otil y conducente para establecer el paradero y destino de los detenidos desaparecidos, proponemos que se dicten disposiciones legales que establezcan el secreto profesional en los t’rminos que se se_alan m s adelante.
– La Mesa de Di logo declara que quien oculte la informaci¢n que pueda tener sobre el paradero o suerte de los detenidos desaparecidos incurre en una conducta moralmente condenable y antipatri¢tica, sin perjuicio de que ella puede ser constitutiva, de acuerdo a la legislaci¢n vigente, de los delitos de perjurio, falso testimonio u obstrucci¢n a la justicia. Igualmente, quienes entreguen informaci¢n falsa o tendenciosa, pueden incurrir en los delitos de calumnia o denuncia calumniosa.
Respecto de las Fuerzas y Carabineros de Chile:
Las instituciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros se comprometen solemnemente a desarrollar, en un plazo de seis meses, desde que entre en vigencia la legislaci¢n que proponemos, los m ximos esfuerzos posibles para obtener informaci¢n otil para encontrar los restos de los detenidos desaparecidos o establecer su destino. La informaci¢n que por esta v¡a obtengan, ser entregada al Presidente de la Repoblica.
Las personas que reciban o recaben esta informaci¢n estar n amparados por el secreto profesional, conforme al cual no estar n legalmente obligados a se_alar su fuente, quedando de este modo en reserva la identidad del informante. Quienes violen este secreto profesional deber n ser sancionados conforme a la legislaci¢n vigente.
La mesa de di logo acoge la afirmaci¢n de los mandos de las Fuerzas Armadas y Carabineros, en el sentido de que sus respectivas instituciones no cuentan actualmente con esa informaci¢n, pero est n dispuestas a colaborar en su obtenci¢n.
Respecto de las instituciones religiosas y ‘ticas presentes en la Mesa de Di logo:
– Las autoridades de instituciones religiosas y ‘ticas presentes en la Mesa de Di logo, se comprometen a colaborar en esta tarea en el mismo plazo establecido.
Asimismo, promover n mecanismos para que sus respectivas instituciones puedan recibir informaci¢n otil y conducente, que se quiera hacer llegar por esa v¡a, para lo cual gozar n igualmente de la facultad legal de no revelar sus fuentes de informaci¢n. La ley deber establecer las categor¡as de personas que detentar n las prerrogativas del secreto. Los antecedentes que por esta v¡a se obtengan, ser n entregados al Presidente de la Repoblica.
Respecto de los poderes del Estado, se solicita lo siguiente:
Al Poder Ejecutivo:
– Que proponga, en el m s breve plazo posible al Congreso Nacional y con la urgencia del caso, las modificaciones legales necesarias con el objeto de establecer el secreto profesional para quienes reciban o recaben informaci¢n sobre el paradero de los detenidos desaparecidos.
– Que disponga de los recursos materiales y humanos que requieran las diferentes instancias y organismos que est’n llamados a participar en este esfuerzo nacional.
– Que solicite a la Excelent¡sima Corte Suprema la designaci¢n de los Ministros en Visita que correspondan, una vez recibida la informaci¢n pertinente.
Al Congreso Nacional:
– Que otorgue la m xima prioridad al proyecto de ley que proponga el Presidente de la Repoblica en orden a establecer el secreto profesional.
A la Corte Suprema:
– Que designe Ministros en Visita a fin de que se aboquen y otorguen especial atenci¢n a las causas que, con motivo de la informaci¢n remitida por el Presidente de la Repoblica, sea necesario instruir para los fines de aclarar el paradero de los detenidos desaparecidos. En aquellos casos en que la nueva informaci¢n corresponda a procesos que se encuentran en actual tramitaci¢n, ‘sta deber remitirse al tribunal correspondiente.
– Que instruya a los Ministros en Visita para que las causas sean tramitadas con la mayor expedici¢n posible, especialmente en lo referente a la localizaci¢n, exhumaci¢n, identificaci¢n, establecimiento de la data y causas de la muerte, as¡ como la entrega de los restos a sus familiares, todo ello de acuerdo con la legislaci¢n vigente.
Solicitamos al se_or Presidente de la Repoblica, como m xima autoridad de la Naci¢n, que una vez finalizada la vigencia de las medidas propuestas, evaloe los resultados del conjunto de estos esfuerzos, y, si lo estima necesario, las prorrogue por otros seis meses.
Le solicitamos asimismo, que luego de esa evaluaci¢n y si lo estima necesario, impulse medidas complementarias para conseguir los objetivos propuestos. Con ese fin, la Mesa de Di logo pone a su disposici¢n el conjunto de sus estudios y debates sobre medidas analizadas, aunque no acordadas, que pudiera considerar viables.
III. CONSIDERACIONES FINALES
Con esta declaraci¢n se pretende asumir nuestro pasado. Comprendemos que es injusto traspasar a los j¢venes los conflictos y divisiones que han da_ado al pa¡s.
El esp¡ritu que nos anima es legar a las nuevas generaciones de chilenos una cultura de convivencia basada en la libertad, la verdad, la tolerancia y el respeto.
La Mesa de Di logo estima que, sobre estas premisas se pueden crear las condiciones que efectivamente contribuyan a la unidad nacional y a profundizar las bases de la convivencia entre todos los chilenos.
