CONCESIONES PARA LA EXPLOTACIÓN DE DIAMANTES Y KIMBERLITA ENFRENTAN A MINEROS Y GOBIERNO VENEZOLANO

La enmarañada normativa sobre la explotación de oro, diamantes y demás minerales preciosos, en especial las concesiones para la explotación de diamante en la zona sureste de Venezuela, enfrentan hoy al gobierno y a mineros ante el Tribunal Supremo de Justicia. La riqueza que yace en el subsuelo venezolano -y concretamente en la zona que ahora es objeto de litigio ante el Tribunal Supremo de Justicia- es de particular interés económico en el mundo entero, debido a que posee una roca llamada kimberlita, que hasta hace poco era desconocida en Suramérica y de la cual se extrae un tipo muy especial de diamante. La empresa Guaniamo Mining Company -empresa con inversión extranjera- firmó contrato con la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG) para la explotación diamantífera de un sector del estado Bolívar, aunque previamente el Ejecutivo había otorgado una concesión en el mismo lugar a una asociación que hoy reclama sus derechos. Pero un grupo de mineros reunidos en la Asociación Cooperativa Mixta La Salvaci¢n se enfrenta a la Asociaci¢n Minera Las Alicias, que hace parte de la empresa de capital mixto Guaniamo Mining Company, ya que ambas se disputan jur¡dicamente la explotaci¢n de una mina de diamantes, en un caso en el cual intervienen el Ministerio de Energ¡a y Minas y la C mara Minera de Venezuela. Segon los analistas, la complejidad del asunto deriva -entre otros factores- de la falta de reglamentaci¢n de la nueva Ley de Minas, vigente desde hace un a_o. La empresa Guaniamo Mining Company tiene seis contratos y concesiones mineras en Venezuela, que abarcan una extensi¢n aproximada a 70.000 mil hect reas, segon se desprende de documentos entregados a inversionistas extranjeros por la propia firma. En el  mbito minero, la empresa es conocida conoce como El Toco, en alusi¢n a una concesi¢n del mismo nombre en la cual explotan oro y diamantes. El valor estimado de los recursos sobre los cuales tienen derechos se eleva a 3,4 millardos de d¢lares -de acuerdo con mismo informe-. En su junta principal figura el ex director de la estatal Petr¢leos de Venezuela (Pdvsa), Jos’ Toro Ard¡, hermano del embajador venezolano en Washington. La Asociaci¢n Cooperativa Mixta La Salvaci¢n agrupa a 14 mineros de diversas nacionalidades y tiene tambi’n entre sus miembros a empresas de capital extranjero interesadas en desarrollar proyectos en Venezuela. Aunque desde el punto de vista jur¡dico el caso est  en su etapa m s candente, los or¡genes del problema se remontan a a_os atr s, cuando la Asociaci¢n Cooperativa Mixta La Salvaci¢n disfrutaba de la concesi¢n de una mina de aluvi¢n en el estado Bol¡var. El permiso le permit¡a explotar «minerales sueltos o fragmentos arrastrados por las corrientes de las aguas o por movimientos terrestres», segon la definici¢n dada por el Ministerio de Energ¡a y Minas. El grupo de mineros estableci¢ en ese momento un acuerdo legal con las personas con quienes hoy se enfrenta. El convenio establec¡a que La Salvaci¢n tendr¡a un porcentaje accionario si se lograba una segunda concesi¢n del Estado para la explotaci¢n de diamantes de veta (sector profundo de la mina) en la misma  rea. Documentos de la propia Guaniamo Mining Company, se_alan que «en algunas de las  reas donde hemos descubierto mantos, existen cooperativas de mineros cuyos derechos se limitan a la explotaci¢n aluvional. Con ellos se ha llegado a contrataciones protocolizadas mediante las cuales se les ha otorgado una participaci¢n de 12,5%». Y aunque el grupo de mineros no est  conforme con esta cantidad accionaria, no es esa la onica causa del conflicto que hoy se ventila ante la m xima instancia judicial del pa¡s. El problema radica en que la estatal Corporaci¢n Venezolana de Guayana firm¢ con posterioridad un contrato directamente con Las Alicias, en el que se les concede derechos sobre el mismo lugar en que se encuentra la concesi¢n de La Salvaci¢n, para explotar diamantes de las vetas y no del aluvi¢n (superficie). Las vetas se definen como minerales que se presentan en el subsuelo, y es all¡ precisamente donde est n las grandes reservas de la piedra preciosa. La normativa establece diferencias entre concesi¢n y contrato. La primera es conferida por el Ministerio de Energ¡a y Minas e implica el pago de impuestos durante la explotaci¢n, adem s de tener mayor peso legal y permitir al beneficiario realizar transacciones financieras de mayor envergadura, como colocaciones en los mercados de capitales. Mientras, el contrato es suscrito con la CVG y su cobertura legal es menor a las concesiones, ya que no est  protegida por la Ley de Minas. En el caso La Salvaci¢n-Las Alicias, ambas figuras jur¡dicas -contrato y concesi¢n- fueron otorgadas en el mismo lugar geogr fico de Venezuela, s¢lo que con diferentes beneficiarios. La Salvaci¢n tiene derecho a realizar actividades mineras en el aluvi¢n, en tanto que Las Alicias s¢lo puede explotar en las profundidades de la veta. La legislaci¢n previa -que databa de 1945- establec¡a diferencias entre las minas de aluvi¢n y de veta, pero el instrumento legal vigente desde 1999 elimin¢ estas divisiones y procedi¢ a su unificaci¢n. De esta manera, las concesiones se otorgan «para el beneficio integral del mineral en sus dos presentaciones, sea veta o manto y aluvi¢n», con lo cual quedar¡a jur¡dicamente sin soporte el otorgamiento de derechos de explotaci¢n en una misma mina a diferentes beneficiarios. En un escrito firmado por el ministro de Energ¡a y Minas Al¡ Rodr¡guez Araque, el despacho admite que no existe aon un reglamento de la ley, lo que obviamente origina los vac¡os jur¡dicos. El ministerio se_al¢, asimismo, que a pesar del principio de indivisibilidad establecido en la ley, una misma mina puede ser explotada por diferentes beneficiarios. La raz¢n econ¢mica que est  detr s de esta guerra jur¡dica es clara: Guaniamo Mining Company est  interesada en que su contrato con la CVG y Las Alicias sea convertido en concesi¢n formal. Segon un informe especial del matutino El Nacional, el segundo gran obst culo que se les presenta a los representantes de Las Alicias radica en la legalidad del contrato firmado con la corporaci¢n Venezolana de Guayana en 1993. La Procuradur¡a General de la Repoblica entreg¢ en 1995 un informe al entonces ministro de Energ¡a y Minas, Erwin Arrieta, en el que desconoc¡a la figura del contrato para que particulares explotasen los recursos venezolanos y s¢lo conced¡a validez legal a las concesiones. Aram Aharonian Corresponsal Informativos.Net en Caracas