En estos tiempos que nos toca transcurrir, en que la mayoría de los gobernantes, líderes políticos, economistas, empresarios, sacerdotes recurren a eufemismos evitando llamar a las cosas por su nombre, tres jueces argentinos no quisieron quedar al margen de este dislate.
Para los miembros de la Cámara Nacional de Casación Penal (CNCP) el hecho de revisar las condenas aplicadas a los militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) que en enero de 1989 coparon el Regimiento de Infantería 3 de La Tablada (provincia de Buenos Aires) y que hace más de 80 días están en huelga de hambre ôsólo puede tener lugar en casos excepcionalísimos y expresamente determinados por el legisladorö.
Con estos términos rechazaron el planteo expuesto por los abogados de los presos políticos de La Tablada, Rodolfo Yanzón y Martha Fernández.
Juan Fégoli, Pedro David y Raúl Madueño, camaristas de la Sala II del Tribunal se apoyaron en un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de la Nación. El doctor Yanz¢n, anticip¢ que presentar ante aquel tribunal un recurso extraordinario a fin de que la C mara modifique el criterio.
Los letrados de la defensa formularon la solicitud con relaci¢n a las condenas impuestas a Roberto Felicetti y Claudia Acosta (reclusi¢n perpetua) y a Carlos Motto, Jos’ Moreyra, Sergio Paz, Isabel Fern ndez, Miguel Aguirre, Claudio Rodr¡guez, Claudio Veiga, Joaqu¡n Ramos, Gustavo Messuti, Luis D¡az y Luis Ramos (prisi¢n perpetua).
Incluyendo en lo demandado la revisi¢n de los casos de Fray Antonio Puigjan’, condenado a 20 a_os, Dora Molina, 15 a_os, Miguel Angel Faldutti y Daniel Gabioud -ambos a 13 a_os-, Cintia Castro y Juan Manuel Burgos, 11 a_os para cada uno, y Juan Carlos Abella, condenado a 10 a_os de prisi¢n.
Para historiar, brevemente el caso, la C mara Federal de San Mart¡n -ampar ndose en la llamada «Ley de Defensa de la Democracia» -que impide una segunda instancia judicial- juzg¢ y emiti¢, el 5 de octubre de 1989, la condena contra quienes atacaron la unidad militar.
En relaci¢n a la sentencia, los abogados defensores invocaron normativas internacionales sobre derechos humanos y el principio de «igualdad ante la ley», al indicar que, por el mismo hecho, el l¡der del MTP, Enrique Gorriar n Merlo y Ana S¡vori hab¡an tenido la posibilidad de una doble instancia, al ser tratados sus casos fueron tratados por la CSJ.
Los jueces de la C mara de Casaci¢n, diferenciaron los casos anteriormente citados con los incluidos en el planteo de los letrados Fern ndez y Yanz¢n, ya que «aqu¡ no estamos frente a un proceso en tr mite que habilite la posibilidad de la inspecci¢n y no puede bajo el ropaje de un recurso de revisi¢n someterse una decisi¢n firme al control casacional».
Con relaci¢n a las normativas internacionales donde se les garantiza a los condenados recurrir un fallo ante un tribunal superior, la Sala II precis¢ que la CSJ, cuando intervino en un h beas corpus presentado por Claudia Acosta, asever¢ que las decisiones de la Comisi¢n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el Poder Judicial «no son vinculantes».
En aquella ocasi¢n la CSJ afirm¢ «que la jurisprudencia internacional, por m s novedosa y pertinente que sea, no podr¡a constituir un motivo de revisi¢n de las resoluciones judiciales, pues ello afectar¡a la estabilidad de las decisiones» que al ser un presupuesto «ineludible» de la seguridad jur¡dica es «exigencia de orden poblico y posee jerarqu¡a constitucional».
Los tres jueces de la CNCP sostuvieron que lo decidido por la CSJ «establece as¡ l¡mites que este tribunal intermedio no puede traspasar sin violar los principios de cosa juzgada y legalidad, sin que existan razones que le permitan a ‘sta C mara apartarse, en el caso, de la jurisprudencia citada».
Al tiempo a_adieron que en tanto «la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia en el caso ‘Acosta’ no recepte modificaciones», el tribunal «no puede redimir por v¡a jurisprudencial el menoscabo a la garant¡a de la doble instancia puntualizada por la CIDH».
Ahora bien, para F’goli, David y Madue_o -nombres a tener en cuenta- la letra de la jurisprudencia, que poco tiene de pareja mas si mucho de dura, vale infinitamente m s que la vida de los 13 presos pol¡ticos en huelga de hambre y, que dado su cr¡tico estado de salud est n internados en dos mosocomios de la capital argentina.
Acosta, Fern ndez, S¡vori, Moreira, Veiga, Messutti y Paz est n alojados en Hospital Santojanni. En tanto, Gorriar n Merlo, Felicetti, Motto, D¡az, Aguirre y Rodr¡guez fueron derivados al Hospital Fern ndez. Todos ellos han perdido -como promedio- 15 kilos.
Pero para los camaristas eso poco importa.
Hurgando en la memoria, nos viene el recuerdo del irland’s Bobby Sands que muri¢ en huelga de hambre en la Gran Breta_a de Margaret Thatcher.
Alberto Bastia
Jefe Corresponsal¡as Informativos.Net en Am’rica Latina
