A petición del Juez español Baltasar Garzón, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos ûRicardo Gil Lavedra- giró, el martes 8, un oficio a los Registros Nacionales de las Personas y de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria para que se le remitan los datos filiatorios, de residencia, huellas dactiloscópicas y fotografías de las personas vinculadas a la causa que investiga el magistrado sobre violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado en Argentina.
A través de una resolución, Gil Lavedra ûque accedió al pedido del Juez peninsular- aclaro que la Argentina había aplicado su legislación jurisdiccional a los hechos cometidos ôen el ámbito espacial donde ejerce su poder soberanoö. El envío de la información solicitada se enmarca en el pedido de extradición requerido por la justicia española, remarcó, advirtiendo que, en ese contexto y a su tiempo, el gobierno argentino analizará la requisitoria ôa la luz de los tratados internacionales y del orden jurídico argentino».
Aludiendo al pedido de arresto preventivo solicitado por Garz¢n -a finales del pasado a_o- la resoluci¢n ministerial reiter¢ su rechazo a la orden de detenci¢n ampar ndose en el tratado de extradici¢n bilateral y «al tiempo transcurrido».
Gil Lavedra agreg¢, que sobre la solicitud de informaci¢n no es momento de realizar consideraciones, puesto que el magistrado espa_ol abri¢ «un proceso penal, de acuerdo a la interpretaci¢n que ‘l asigna a normas de derecho espa_ol». Cabe recordar que la desaparici¢n forzada de personas est considerada como un crimen de lesa humanidad, es imprescriptible y que se ajusta a legislaci¢n internacional vigente.
Como cimiento de la resoluci¢n, el Ministro recurri¢ a «razones de cortes¡a hacia la jurisdicci¢n extranjera» mencionado que es intenci¢n de su gobierno cumplir «con los compromisos asumidos en materia de asistencia y cooperaci¢n que aconsejan hacer lugar a los requerimientos que guardan relaci¢n con una eventual solicitud de extradici¢n». Vale destacar que la «cooperaci¢n» aludida por Gil Lavedra, el pasado a_o, fue muy clara: la dilaci¢n del pedido de extradici¢n a fin de querer cajonear el tema.
El Ministro agreg¢ que «el env¡o de fotograf¡as y huellas dactilares son elementos que deben integrar un pedido de entrega de personas» acorde al Tratado de Extradici¢n y Asistencia Judicial en Materia Penal suscrito por ambas naciones.
Reiter¢ que su pa¡s debe honrar los «compromisos internacionales asumidos en la materia», y que es improcedente la aplicaci¢n del decreto 111/98. Esa normativa legal, firmada por el ex Presidente Menem, le denegaba la colaboraci¢n judicial a la Audiencia Nacional de Espa_a en dicha causa.
El Ministro explic¢ que los elementos requeridos por Garz¢n deber n ser remitidos a su cartera y luego, por v¡a diplom tica, le ser n enviados al titular de la Audiencia nomero 5 de Madrid. El siguiente paso le compete a la Canciller¡a argentina que le har saber al gobierno espa_ol lo decidido. Por oltimo, deber poner en conocimiento del Juez argentino, Gustavo Literas, de lo resuelto en las actuaciones. Literas -magistrado actuante en la causa por el pedido de extradici¢n- fue un convidado de piedra el a_o pasado, ya que dicha requisitoria nunca lleg¢ a su despacho.
El funcionario destac¢ que si Garz¢n considera que est n cumplimentadas las cl usulas «para proceder al juzgamiento que pretende» deber solicitar al gobierno espa_ol «que requiera a la Repoblica Argentina la entrega de los imputados dando inicio al proceso de extradici¢n».
Si se produjera esa hip¢tesis, y si Espa_a accediera a lo peticionado por el magistrado peninsular, la administraci¢n aliancista analizar¡a tal solicitud «a la luz del tratado internacional suscrito con ese pa¡s y del orden jur¡dico argentino», concluy¢ Gil Lavedra.
El «orden jur¡dico argentino» al que alude el Ministro no son otras que las leyes de Obediencia Debida y Punto Final sancionadas durante la administraci¢n de Raol Alfons¡n. Los cr¡menes cometidos por miles de integrantes de las fuerzas de seguridad, amparados por esa normativa legal, continoan impunes.
As¡ las cosas, si el gobierno argentino quiere honrar los compromisos asumidos deber dar curso al pedido de extradici¢n, caso contrario seguir colocando el carro por delante de los caballos.
Alberto Bastia
Jefe Corresponsal¡as Informativos.Net en Am’rica Latina
