Poco después de que la Vice-ministra de Relaciones Exteriores de México, Carmen Moreno, declarara con optimismo ante los periodistas en Ginebra que su país se encamina al pleno «disfrute de los derechos humanos», las organizaciones de la sociedad civil de México e internacionales dieron a conocer un comunicado conjunto en el que expresan que «la situación de los derechos humanos en México continúa siendo motivo de seria preocupación».
En relación con las declaraciones de la señora Moreno en el sentido de que México es el país en América Latina «que más relatores de Naciones Unidas ha invitado y el que más informes ha presentado (28 en total)», las organizaciones no gubernamentales respondieron que «los compromisos de papel» se contradicen con los «abusos reales» que se cometen en casi todos los ámbitos de los derechos humanos.
A continuación damos a conocer el documento de 16 puntos suscrito por las ONGs y que fue presentado a consideración de los delegados y observadores que asisten al 56¡ per¡odo de sesiones de la Comisi¢n de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que se lleva a cabo en Ginebra del 20 de marzo hasta el 28 de abril.
Las 69 organizaciones y las 28 organizaciones mexicanas e internacionales no gubernamentales firmantes llaman la atenci¢n de la Comisi¢n de Derechos Humanos sobre la siguiente declaraci¢n:
1. Recientemente el Gobierno Mexicano ha dado algunos pasos en relaci¢n con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, la situaci¢n de los Derechos Humanos continoa siendo de seria preocupaci¢n. Durante la segunda mitad de 1999, tres Comit’s revisaron los informes peri¢dicos de M’xico. Adicionalmente la Relatora Especial sobre Ejecuciones y la Alta Comisionada de Derechos Humanos visitaron nuestro pa¡s. Todos ellos reconocieron la gravedad de la situaci¢n de los Derechos Humanos en M’xico.
2. Al final de su visita a M’xico, la Alta Comisionada se_al¢ que en M’xico existe un serio problema de violaci¢n de las garant¡as individuales. Tambi’n afirm¢ que «Todav¡a queda camino que recorrer para que la impunidad, los problemas de impartici¢n de justicia, la exclusi¢n de los grupos ind¡genas, la actividad de los grupos paramilitares, y los ataques contra los derechos humanos queden atr s».
3. En M’xico es frecuente la intromisi¢n de autoridades y el empleo de presiones pol¡ticas para impedir investigaciones penales. Se han establecido en este pa¡s una serie de reformas a la Constituci¢n, C¢digos Penales y Ley de Amparo que propician la pr ctica de la tortura como m’todo de investigaci¢n y permiten que mucha gente sea juzgada por delitos que no cometi¢. El Comit’ de Derechos Humanos (CDH) se_al¢ que la ampliaci¢n del t’rmino flagrancia implica una serie amenaza a la seguridad de las personas, adem s exterioriz¢ su preocupaci¢n por el hecho de que las confesiones extra¡das por medio de la coerci¢n puedan ser utilizadas como evidencia contra el acusado.
4. Por otro lado, cuando se trata de perseguir a l¡deres pol¡ticos, sociales, campesinos, sindicales y de los pueblos indios, la actuaci¢n de los ¢rganos de procuraci¢n de justicia es r pida y expedita en su detenci¢n y encarcelamiento, pasando por encima del Estado de Derecho, a trav’s de la fabricaci¢n de delitos, generando procesos viciados que no cumplen con el principio fundamental de la imparcialidad.
5. En M’xico, las decisiones del Poder Judicial Federal y local no gozan de autonom¡a plena, entre otras cosas porque no est establecida la inamovilidad de los jueces del fuero comon. Adem s, como lo se_al¢ el CDH, el procedimiento criminal establecido y aplicado en M’xico obstaculiza el cumplimiento cabal del art¡culo 14 del pacto, que exige que el juicio se realice ante el juez, en presencia del acusado y con publicidad.
6. Los se_alado anteriormente y la excesiva dependencia de las Procuradur¡as de Justicia con respecto al Ejecutivo ha derivado en la negativa a investigar graves violaciones a los derechos humanos en las que existen claras evidencias de la participaci¢n de agentes del Estado. El CDH se_al¢ como motivo de preocupaci¢n que los actos de tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales que se han llevado a cabo no hayan sido investigadas. Al mismo tiempo, la Relatora sobre Ejecuciones declar¢ que la mayor preocupaci¢n que se lleva «es la injusticia que permea todo, y que se acepte de diversas formas la impunidad en su peor manifestaci¢n», se_alando que la «impunidad selectiva es una cuesti¢n pol¡tica en M’xico y que «es el resultado de pol¡ticas y un sistema jur¡dico que falla».
7. La militarizaci¢n del pa¡s, justificada bajo la lucha contra el narcotr fico, considerada ya como grave y que ha tra¡do consigo el incremento de las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas, ha ido en aumento. Tal es el caso de la reciente incorporaci¢n de 500 militares a la Polic¡a Federal Preventiva. En todo el pa¡s, las fuerzas armadas desarrollan acciones militares de control del territorio y de la poblaci¢n en combinaci¢n con fuerzas policiales. La realizaci¢n de operativos policiaco-militares ha repercutido en el incremento de violaciones graves a los derechos humanos. La Alta Comisionada se_al¢ que no hay una clara delimitaci¢n entre la jurisdicci¢n que tienen los militares y la que tienen las autoridades migratorias y la polic¡a. Por su parte, el CDH manifest¢ su preocupaci¢n por la creciente intervenci¢n de los militares en la sociedad, espec¡ficamente en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca donde desarrollan actividades propias de las fuerzas policiales.
8. Es de especial preocupaci¢n la reticencia de las Procuradur¡as de todos los niveles para investigar violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros del Ej’rcito mexicano, ya que las investigaciones se turnan al fuero militar quien funge de juez y parte a la vez. Tanto la Alta Comisionada como el CDH expresaron su preocupaci¢n al respecto.
9. El Comit’ de Derechos Econ¢micos, Sociales y Culturales (CDESC) manifest¢ su preocupaci¢n porque cada vez m s personas viven en la pobreza y extrema pobreza. Esta situaci¢n, entre otras cosas, ha propiciado el flujo migratorio de mexicanos hacia los Estados Unidos. Durante 1999, como consecuencia de la Operaci¢n Guardi n y el Operativo R¡o Grande -que ha canalizado a los migrantes a zonas despobladas y m s peligrosas- hubo m s de 300 muertos tan s¢lo en la frontera de baja California y Tamaulipas.
10. Por otro lado, M’xico ha aplicado medidas de control policiaco y militar para sellar su frontera sur, extendiendo a todos los cuerpos polic¡acos y militares el poder para realizar identificaciones de personas. El resultado han sido numerosas muertes y violaciones a los derechos humanos de los migrantes indocumentados, principalmente centroamericanos, durante su internaci¢n a M’xico y en todo el recorrido hacia la frontera norte. Unicamente en Chiapas se registraron 105 muertos de nacionalidad guatemalteca.
11. Los pueblos ind¡genas de M’xico se encuentran sometidos a las m s severas e inhumanas condiciones de marginalidad y pobreza. El CDESC se_al¢ su preocupaci¢n por las persistentes penalidades de las poblaciones ind¡genas, en particular en Chiapas, Guerrero, Veracruz y Oaxaca, para quienes la disponibilidad de, entre otras cosas, servicios de salud, educaci¢n, empleo, nutrici¢n adecuada o vivienda es limitada. Por otro lado, cuando los Pueblos Ind¡genas y sus integrantes tienen acceso a la jurisdicci¢n del Estado lo hacen en t’rminos de desigualdad y discriminaci¢n. Adem s, la falta de reconocimiento de sus derechos tiene como consecuencia una casi nula representaci¢n en los ¢rganos de los tres poderes en todos sus niveles.
12. La militarizaci¢n, violencia y la guerra contrainsurgente en las comunidades ind¡genas, han impedido el disfrute pleno de sus derechos humanos, produciendo m s de 20.000 desplazados en Chiapas y ha roto el tejido social de muchas comunidades en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Jalisco y Chihuahua, entre otros estados. La Alta Comisionada reconoci¢ como verdaderos y serios los problemas de militarizaci¢n y el dolor que la presencia del Ej’rcito ha causado en las comunidades ind¡genas y se_al¢ que le parec¡a importante que el Gobierno considere c¢mo puede reducir la presencia militar en Chiapas.
13. En Chiapas persisten las violaciones de los derechos humanos. El CDESC manifest¢ preocupaci¢n por la presencia de numerosas fuerzas militares y paramilitares en Chiapas y en otros estados de la regi¢n. La Alta Comisionada se_al¢ que «parec¡a que algunos de estos grupos (grupos civiles armados en Chiapas) gozan de cierto grado de indulgencia oficial». Otro aspecto preocupante en Chiapas, es el uso de recursos econ¢micos, que fomentan o profundizan la divisi¢n en las comunidades, ya que son repartidos en funci¢n de la filiaci¢n pol¡tica de quien los recibe, convirti’ndose en un mecanismo m s de control de la poblaci¢n.
14. Los ataques en contra de los defensores de los derechos humanos y los comunicadores, que han sido cada vez m s graves, han sido motivo de preocupaci¢n por parte de organismos inter-gubernamentales, incluyendo la Alta Comisionada en su reciente visita a M’xico. Las denuncias presentadas ante autoridades correspondientes por agresiones a defensores de derechos humanos y comunicadores -donde incluso en varios de los casos, se ha se_alado a los responsables de las mismas- no son investigadas conforme a derecho, lo que pone en evidencia un patr¢n sistem tico que intenta frenar la labor de defensa y promoci¢n de los derechos humanos y la libertad de expresi¢n en nuestro pa¡s.
15. Por otra parte, en los oltimos a_os el Gobierno Mexicano ha expulsado ilegalmente a centenares de observadores civiles internacionales de derechos humanos. El CDH manifest¢ su preocupaci¢n por los obst culos a la libre circulaci¢n de extranjeros, principalmente de los miembros de las ONG que investigan violaciones a los derechos humanos en el territorio mexicano y, en particular, de que se hayan revocado permisos de residencia y que se haya negado visados por los mismos motivos.
16. Por lo anterior, solicitamos a la Comisi¢n de Derechos Humanos que:
a) Inste al Gobierno a asegurar que el Programa de Cooperaci¢n T’cnica entre la Oficina del Alto Comisionado y el Gobierno Mexicano est’ dirigido a la ra¡z de los problemas de derechos humanos en M’xico.
b) Exhorte al Gobierno a fijar las fechas para las visitas de los Relatores Especiales sobre Independencia del Poder Judicial y de Violencia contra la Mujer, e invite a visitar M’xico a los Grupos de Trabajo sobre Detenci¢n Arbitraria y sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y al Relator Especial sobre los Derechos de los Migrantes.
c) Urja al Gobierno de M’xico a llevar a cabo una reforma del sistema de procuraci¢n y administraci¢n de justicia que asegure a todos los individuos el acceso pleno a la justicia pronta, expedita e imparcial.
d) Exhorte al Gobierno a agilizar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los diferentes mecanismos intergubernamentales de derechos humanos.
e) Exprese su preocupaci¢n por la actividad de los grupos paramilitares, la extensiva militarizaci¢n de M’xico y la impunidad.
f) Examine la situaci¢n de los derechos humanos en M’xico, tomando en cuenta la informaci¢n de que dispongan los distintos ¢rganos de las Naciones Unidas y de la Organizaci¢n de los Estados Americanos.
g) Nombre un relator especial para M’xico encargado de dar seguimiento a la situaci¢n general de los derechos humanos en el pa¡s.
DECLARACIÓN QUE DEMUESTRA EL INCUMPLIMIENTO DE LOS DD.HH EN M+XICO
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