Amnistía Internacional se encuentra hoy aquí como portadora de la solidaridad internacional con las numerosas víctimas de violaciones de los derechos humanos de Trinidad y Tobago y con la comunidad de defensores de estos derechos.
Proteger los derechos humanos de cada persona es deber de todos. Los gobiernos, las Naciones Unidas, las organizaciones de derechos humanos, la comunidad empresarial y cualquier ser humano a título personal, debe, debemos todos, desempeñar un papel en la promoción y protección de los derechos humanos. En las autoridades de Trinidad y Tobago recae no sólo la responsabilidad de proteger los derechos humanos de la población de este país, sino la obligación de rendir cuentas ante la comunidad internacional, pues la protección de los derechos humanos incumbe a toda la humanidad y está sometida a las normas fijadas por tratados internacionales.
Trinidad y Tobago posee un rico historial en la defensa de los derechos humanos de su pueblo: la resistencia a la esclavitud en las plantaciones; las huelgas de Waterport de 1919; las marchas del hambre y las luchas de los trabajadores del cacao, de la ca_a, del petr¢leo. Los sindicatos, los partidos pol¡ticos y las organizaciones populares nacieron de esa lucha. Amnist¡a Internacional desea honrar la memoria de Tubal Uriah ?Buzz? Butler, de Elma Francois, de Adrian Cola Rienzi.
Sin embargo, nos encontramos hoy aqu¡ porque en los oltimos dos o tres a_os ha empezado a alarmarnos el fracaso gubernamental para administrar debidamente la justicia penal. Ya sea en la supervisi¢n de la polic¡a o en la administraci¢n de las prisiones o en la imposici¢n de penas a los delincuentes, el gobierno ha dejado, una y otra vez, de cumplir sus obligaciones internacionales en materia de protecci¢n de los derechos humanos. Y el resultado ha sido un alza verginosa de la delincuencia, una atm¢sfera de temor para el ciudadano y el reinado de la impunidad.
Perm¡tanme que ilustre lo que nos preocupa.
El gobierno, se ha abstenido reiteradamente de investigar con prontitud y de procesar a los agentes de polic¡a responsables de los numerosos casos de brutalidad policial que se han documentado, brutalidad que ha llegado incluso a producir homicidios y muertes bajo custodia. Que Amnist¡a Internacional sepa, no se ha hecho poblica ninguna informaci¢n integral de estos incidentes. El gobierno ha hecho caso omiso, una y otra vez, de las recomendaciones de sucesivos comit’s que han investigado a los servicios de polic¡a. Y, segon tenemos entendido, ninguna de las 300 recomendaciones hechas por el Comit’ O’Dowd en 1991 se pusieron en pr ctica. La Oficina de Denuncias contra la Polic¡a no ha recibido nunca los recursos adecuados para el desempe_o de su funci¢n.
El gobierno ha socavado las garant¡as procesales al no instituir un sistema efectivo de protecci¢n de testigos; al permitir que se admitan con pruebas de cargo las confesiones hechas bajo coacci¢n; y, en muchos casos, al no asegurarse de que los detenidos conocen su derecho a ser asistidos por un abogado.
Las condiciones de reclusi¢n penitenciaria continoan violando las normas m¡nimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos. En la Prisi¢n de Frederick Street, con una capacidad para 175 presos, se encuentran recluidos 1.300. Las celdas carecen de ventilaci¢n; el saneamiento es inadecuado; la comida, infame; el acceso a tratamiento m’dico, restringido; las enfermedades infecciosas, rampantes. Estas condiciones equivalen a trato cruel, inhumano y degradante. Tambi’n nos consta que se ha maltratado a menores recluidos en detenci¢n preventiva y que en algunos casos se los ha recluido con los adultos, violando las obligaciones de Trinidad y Tobago en virtud de la Convenci¢n sobre los Derechos del Ni_o.
Por lo que respecta a la aplicaci¢n de la pena de muerte, al esforzarse por acelerar las ejecuciones, las autoridades han hecho caso omiso de las instrucciones del Consejo Privado del Reino, del Comit’ de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de la Comisi¢n Interamericana de Derechos Humanos. El a_o pasado, Trinidad y Tobago figuraba en la lista de los 31 pa¡ses que ejecutaron a presos y hoy le cabe a este pa¡s el dudoso honor de haber batido en 1999 el r’cord mundial de ejecuciones per c pita, y el de poseer hoy el r’cord mundial de condenados a muerte per c pita.
Tal es la obsesi¢n por ahorcar a los presos, que el gobierno ha tomado la decisi¢n, sin precedentes, de retirarse del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol¡ticos, con efecto desde el 27 de junio del 2000, y de retirarse por completo de la Convenci¢n Americana de Derechos Humanos, privando as¡ a todo el pueblo de Trinidad y Tobago de una parte fundamental del sistema que protege sus derechos.
Ante las cr¡ticas que ha producido esta actuaci¢n, el gobierno ha recurrido a la ret¢rica de la diversi¢n: blandiendo el viejo y desgastado argumento de la soberan¡a; acusando a Amnist¡a Internacional de tratar de desestabilizar pol¡ticamente el Caribe; atacando a los medios de comunicaci¢n nacionales y regionales; neg ndose a participar en un di logo franco y directo con nuestra organizaci¢n; y enga_ando deliberadamente al poblico al afirmar que la pena de muerte no es una cuesti¢n de derechos humanos. En lugar de tratar seriamente de resolver las leg¡timas preocupaciones de la poblaci¢n en cuesti¢n de seguridad, el gobierno ha recurrido a la horca en lo que no es sino un torpe intento de persuadir al poblico de que est tratando de abordar el problema de la delincuencia violenta. Mientras tanto, los criminales siguen matando a los ciudadanos.
En los pr¢ximos meses, los ciudadanos de Trinidad y Tobago ejercitar n su derecho democr tico a elegir a los l¡deres del pa¡s de los pr¢ximos a_os. Amnist¡a Internacional pide que todos los partidos pol¡ticos describan con claridad la pol¡tica que piensan seguir para proteger y promover los derechos humanos de toda la poblaci¢n de Trinidad y Tobago.
?C¢mo garantizar n que la administraci¢n de la justicia condena al culpable y absuelve al inocente? ?Ceder n ante la Comisi¢n de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que les ha pedido que declaren la suspensi¢n de las ejecuciones? ?Propondr n por fin medidas efectivas para combatir la delincuencia violenta en lugar de avivar el uso de la pena de muerte entre la opini¢n poblica?
?Pondr n fin a la cruel, inhumana y degradante pr ctica de azotar, un castigo pr cticamente inexistente fuera del Caribe? ?Har n que la polic¡a rinda cuentas de sus actos? ?Reformar n las prisiones?
?Restaurar n el derecho ?perdido por todos sus ciudadanos? de apelar individualmente al Comit’ de Derechos Humanos y a la Comisi¢n Interamericana de Derechos Humanos cuando se violan los derechos que les reconocen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol¡ticos y la Convenci¢n Americana sobre Derechos Humanos? ?Entablar n un di logo franco y abierto con las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos?
Todas ‘stas son preguntas leg¡timas que el pueblo de Trinidad y Tobago tiene derecho a hacer a sus futuros dirigentes. Desde aqu¡ exhorto a todos los involucrados en el proceso pol¡tico a que fomenten y participen en una discusi¢n franca, directa y sincera sobre los derechos humanos.
Y, para acabar, s¢lo me resta decir que los miembros de Amnist¡a Internacional se han comprometido a luchar para hacer realidad el advenimiento de un mundo en el que los seres humanos est’n liberados del temor. Es mi deseo y mi esperanza que el pueblo de Trinidad y Tobago se una a nuestra campa_a de defensa de los derechos humanos.
Gracias por su atenci¢n.
