Permítanme dedicar un momento a describir el tratamiento que el Comité otorga a la solicitud suplementaria sobre Colombia. Nuestra disposición hacia el Plan Colombia difiere de lo solicitado en cuatro puntos:
Primero, en lo que se refiere al ambito de las operaciones en el extranjero, la financiación global es menor. La administración solicitó 1.073 millones de dólares. El Comité ha asignado 934 millones.
Segundo, este nivel menor de financiación es, básicamente, el resultado de suministrar un paquete diferente de helicópteros. Se solicitaron 30 Blackhawks por un coste de 388 millones de dólares. Hemos concedido 60 Huey IIs a un costo de 118.5 milloness de dólares. Estas cifras incluyen los costes de funcionamiento del primer año.
Tercero, con el ahorro en el paquete de helicópteros hemos podido destinar fondos a la inversión en una estrategia regional y aumentar considerablemente la ayuda a Bolivia, Ecuador y Perú. Mi impresión era que el singular énfasis de la administraci¢n en Colombia garantizaba que el problema de la producci¢n y del tr fico sencillamente se traslada al otro lado de la frontera colombiana. El ‘nfasis regional de esta ley en materia de prohibici¢n y desarrollo evita que los traficantes colombianos se conviertan en un blanco m¢vil. Hemos m s que doblado la solicitud regional de 75 millones y suministrado 205 millones.
Estos niveles nos permitieron atender en su totalidad la solicitud de financiaci¢n de Bolivia de 120 millones de d¢lares, tanto para el desarrollo alternativo como para los programas de prohibici¢n. Con unos antecedentes impresionantes en erradicaci¢n de coca y desarrollo alternativo, Bolivia merece nuestro apoyo continuado en tanto en cuanto el gobierno complete su tarea. Los resultados en Bolivia merecen ser resaltados, incluso hasta el punto de ser sorprendentes.
En l¡nea similar, casi triplicamos la ayuda a Ecuador al tiempo que tambi’n aumentamos al Gobierno peruano.
Cuarto y oltimo, hemos a_adido 50 millones a la solicitud de 93 millones para el seguimiento de derechos humanos. Como la presi¢n militar se intensifica, tambi’n lo har el nomero de abusos, con lo que hemos aumentado el apoyo a los programas de protecci¢n de testigos, fiscales y jueces, as¡ como el apoyo a los grupos que hagan seguimiento. Tambi’n hemos condicionado la ayuda en el sentido de que la Secretaria de Estado ha de certificar que los militares colombianos cumplen en todo con la legislaci¢n por la que se requiere que los oficiales del ej’rcito sean enjuiciados en tribunales civiles por sus violaciones contra los derechos humanos. Esto debiera contribuir a poner t’rmino a la tendencia de permitir que estos casos sean substanciados en tribunales militares.
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