Una profunda crisis económica, política y social mantiene al Ecuador en un estado de conmoción permanente, la misma que ha provocado en los últimos cuatro años la caída de dos gobiernos, la realización de una Asamblea Constituyente y de dos procesos eleccionarios presidenciales.
Para el desencadenamiento de esta crisis, que pone en riesgo la vigencia misma del Estado Nacional, confluyen por un lado, la emergencia de varios conflictos internos no resueltos, y por otro lado, la grave situación existente dentro de la región Andina, marcada por la guerra en Colombia, las transformaciones ocurridas en Venezuela a raíz del ascenso del Chavezismo al poder, la movilización social en Bolivia y el ocaso del fujimorismo en Perú.
la condensación de una severa conflictividad interna
Un estado de descontento y desconfianza permanente de los diversos sectores sociales, originado en el aplazamiento y la negativa de las élites económicas y políticas a colocar dentro de la agenda nacional el tratamiento de problemas y conflictos que arrastra hist¢ricamente el pa¡s como son: la pobreza y la iniquidad; la discriminaci¢n ‘tnica y el reconocimiento de la diversidad ‘tnico-nacional; la descentralizaci¢n; la corrupci¢n, en s¡ntesis, el incumplimiento de la realizaci¢n de las promesas del Estado Social, ha provocado una ola permanente de paralizaciones, levantamientos y huelgas.
Contrariamente a ello, los sectores econ¢micos y pol¡ticos dominantes han impuesto una agenda que, bajo el ropaje de la modernizaci¢n, pretende desmantelar las responsabilidades econ¢micas y sociales del Estado. Esta agenda impuesta por el FMI y el Banco Mundial como un recetario onico de pol¡ticas poblicas para los pa¡ses del tercer mundo, ha sido manejada de acuerdo a la conveniencia del grupo econ¢mico gobernante de turno (pasando por encima del ordenamiento legal), generando un sinnomero de conflictos de intereses con los otros grupos, y lejos de realizar las metas propuestas del equilibrio macroecon¢mico, ha conducido a la caotizaci¢n de la econom¡a, al estancamiento de la producci¢n y a una inflaci¢n promedio anual superior al 60% (estanflaci¢n). El peso de la deuda externa, que al momento ha convertido al Ecuador en el pa¡s m s endeudado de Am’rica (168% del PIB del 2.000), agrava aon m s este cuadro, pues alrededor del 50% del presupuesto estatal anual se destina para el pago de sus obligaciones.
Gobernar al servicio de un reducido nomero de grupos econ¢micos, principalmente de los grupos financieros y agroexportadores, ha sido la l¡nea de conducta de los partidos pol¡ticos dominantes, sacrificando para ello a la gran mayor¡a de la poblaci¢n, cuyo empobrecimiento se ha acelerado e intensificado, alcanzando de acuerdo a cifras de NNUU al 70%. Un maestro fiscal de nivel medio, un m’dico del sector poblico, un profesor universitario, cuyos ingresos mensuales est n entre 53 dols. y 100 dols. son hoy d¡a parte de la masa de pobres que no alcanzan a cubrir ni siquiera los requerimientos alimentarios de sus familias.
Obnubiladas con el discurso del libre mercado y los efectos perversos de la acci¢n del Estado, las elites pol¡ticas y sus ide¢logos neoliberales pretendieron ocultar con un dedo la realidad de que en este pa¡s la propiedad y los medios de producci¢n est n concentrados de forma monopol¡stica. Liberado el mercado del control Estatal, todas las mercanc¡as, empezando por el trabajo se han disparado de acuerdo a la ‘gida de los grupos econ¢micos y del mercado internacional. De all¡ que durante el oltimo quinquenio las tasas de inter’s llegaron a elevarse por encima del 80%, la inflaci¢n alcanz¢ una media del 60% anual, y los salarios bajaron a 50 dols. y menos.
Sobre una situaci¢n de injusticia e iniquidad arrastradas hist¢ricamente, la aplicaci¢n del programa neoliberal ha exacerbado las desigualdades y los conflictos sociales, produciendo un ambiente de intolerancia y desconfianza cr¢nicos. La natural oposici¢n de los movimientos sociales frente a los gobiernos de corte de derecha, se ha convertido en un bloqueo y resistencia cr¢nicos hacia quienes han demostrado total insensibilidad y una voracidad sin medida.
El salvataje del sistema bancario realizado el a_o pasado por el gobierno del Dr. Mahuad, (ahora depuesto) con el sacrificio de millones de clientes de los bancos cuyas cuentas fueron congeladas, y la utilizaci¢n de dos mil quinientos millones de d¢lares de recursos estatales para cubrir pasivos bancarios originados en operaciones corruptas, es un ejemplo, posiblemente el m s grave, de la injusticia e indolencia extremas que ha caracterizado a los grupos dominantes.
La salud de la econom¡a, sometida a constantes y fuertes shoks de car cter monetarista, lejos de recuperar un m¡nimo de crecimiento sostenido, no ha podido resistir los fallidos intentos de incorporarla sin protecci¢n alguna a los incontrolables circuitos del mercado mundial y ha terminado al borde de la agon¡a, en la crisis m s grave del siglo XX. As¡, el PIB retrocedi¢ en el – 7,3% durante el a_o pasado, y, excepto el petr¢leo, las exportaciones han disminuido en m s del 30% en lo que va del presente a_o respecto del a_o 1999.
La salud fiscal est igualmente destruida, pues, los escasos recursos provenientes de las exportaciones petroleras han sido destinados para paliar las operaciones dolosas del sistema bancario y se han esfumado en negociados y corruptelas. El saldo apenas cubre una parte de las obligaciones de la deuda externa y paga salarios disminuidos y obligaciones impostergables del sector poblico. El d’ficit fiscal es de tal magnitud que para el financiamiento del presupuesto del presente a_o se considera que un 30% del mismo provendr de deuda externa.
Ni aon la venta de las empresas estatales: de electricidad, telecomunicaciones y petr¢leos cubrir¡an el d’ficit econ¢mico existente valorado en 5.500 mills de d¢lares, y que son requeridos para sanear el sistema financiero, reactivar el aparato productivo y cubrir el d’ficit fiscal. Este es adem s el peor momento para tal prop¢sito, pues, el riesgo-pa¡s desvalorizar significativamente el precio de venta de las empresas. Sin embargo son los grupos econ¢micos del pa¡s, asociados con empresas transnacionales, los interesados e impulsores de esta privatizaci¢n, pues, es incalculable la concentraci¢n de poder que producir¡a el control monopol¡stico de las telecomunicaciones o de la Central Hidroel’ctrica Paute generadora del 60% de la electricidad del pa¡s. La enajenaci¢n de tales empresas y la privatizaci¢n de la Seguridad Social, terminar¡a minimizando la soberan¡a estatal y pondr¡a al pa¡s en manos de oligarqu¡as que gobernar¡an por d’cadas.
Apelar a una agresiva extracci¢n del petr¢leo y a la sobreexplotaci¢n de los recursos naturales (bosques, manglares, miner¡a), tal es la estrategia que buscan desplegar las ‘lites para paliar la crisis. Pero ello onicamente significa la hipoteca del futuro del pa¡s y su enrumbamiento hacia la africanizaci¢n, es decir, hacia el acelerado agotamiento de todos los recursos naturales, inclusive los m s vitales como el agua, que tambi’n se pretende privatizar.
Este desolador panorama econ¢mico y social sirve de tel¢n de fondo para explicar la severa crisis pol¡tica y ‘tica. Las instituciones poblicas se han convertido en instrumentos de las elites locales y nacionales para la realizaci¢n de sus intereses inmediatos e individuales. El poder estatal se ha atomizado en peque_os fragmentos, cuyo ejercicio sirve directamente como recurso de determinados grupos econ¢micos.
La pol¡tica condensa y sirve de terreno para resolver las disputas intermonop¢licas de la econom¡a. Por ello hemos presenciado el cambio de los equipos de gobierno tecn¢cratas por la actuaci¢n directa de las figuras representativas de las elites econ¢micas. As¡, pues, desde el gobierno de Sixto Duran Ball’n los gabinetes est n compuestos por los m s visibles representantes de los grupos econ¢micos a quienes sirve el gobierno.
Por ello, el conflicto pol¡tico que se ha manifestado bajo la forma de la pugna de poderes entre el Parlamento y el Ejecutivo, refleja de manera directa la descarnada disputa de intereses entre los grupos econ¢micos. Fue as¡ durante el gobierno de Sixto Dur n y por efecto de ese enfrentamiento fue destituido y huy¢ del pa¡s el vicepresidente Alberto Dahik; fue as¡ durante el gobierno de Bucar m y por efecto del conflicto fue cesado como presidente ; y tambi’n ha influido decisivamente el conflicto intermonopol¡stico en el debilitamiento y derrocamiento del gobierno de Mahuad.
La instrumentalizaci¢n del sistema pol¡tico alcanza la totalidad de poderes del Estado y de la sociedad. El poder Judicial y los Organos de Control se han convertido en instrumentos de persecuci¢n de adversarios pol¡ticos, mientras se solapan los delitos que se cometen contra la poblaci¢n (como fue el caso del congelamiento de dep¢sitos). Los medios de comunicaci¢n, comprometidos con sus propietarios, construyen escenarios poblicos a conveniencia de las elites econ¢micas y pol¡ticas, provocando la p’rdida de credibilidad de la ciudadan¡a (menos del 30% en marzo/2000). La Iglesia Cat¢lica, mayoritaria en el pa¡s, se fractura a su interior, como consecuencia del apoyo solapado que ha dado a las pol¡ticas de ajuste.
Las fuerzas Armadas cuya posici¢n institucional se hab¡a mantenido neutra durante estos tortuosos a_os, ha sido tambi’n atrapada y fracturada por la crisis general que atraviesa la sociedad. Varias generaciones de oficiales, formados en una l¡nea de preocupaci¢n social y de defensa de la institucionalidad democr tica han reaccionado frente a los s¡ntomas de lo que consideran puede llevar a la desconstituci¢n del Estado nacional y frente al compromiso del Alto Mando con las elites econ¢micas y pol¡ticas.
Los gobiernos locales tampoco escapan a esta disputa. As¡, el alcalde Guayaquil Le¢n Febres Cordero, la figura m s representativa de la oligarqu¡a guayaquile_a declar¢ en octubre pasado la guerra al centralismo en el momento en que se destapaba la quiebra del Banco del Progreso y junto al presidente de este Banco encabez¢ una movilizaci¢n pidiendo el salvamento del Banco Guayaquile_o. Posteriormente convoc¢ y realiz¢ una Consulta Popular anticonstitucional planteando la autonom¡a provincial, sentando con ello las bases para lo que podr¡a ser el desmembramiento de este territorio del resto del pa¡s. Estos acontecimientos han movilizado los sentimientos regionalistas de otras provincias, desatando una ola autonomista cuyos efectos ser¡an muy graves si no se logra canalizarlos.
La crisis del sistema pol¡tico no ata_e onicamente al sistema de representaci¢n, es decir a los partidos pol¡ticos y a los hombres que est n dentro de las instituciones. La presente crisis cuestiona inclusive la legitimidad del sistema pol¡tico, es decir, su capacidad para producir el buen gobierno y realizar los postulados constitucionales.
La poblaci¢n ecuatoriana, ajena y v¡ctima de la condensaci¢n de estos conflictos, mira con enorme fatalismo y desconfianza los acontecimientos nacionales, sin encontrar el liderazgo que canalice y convierta su descontento en una alternativa viable a la situaci¢n.
Los resultados del proceso electoral de gobiernos seccionales que se efectuar n el 21 de mayo pr¢ximo tienen un importancia capital en la situaci¢n de fuerzas y en posicionamiento de los liderazgos pol¡ticos desde donde se procesar esta crisis, cuyo desenlace parecer¡a inminente.
Igualmente, existe un proceso significativo de acumulaci¢n liderado por los movimientos sociales y el movimiento ind¡gena y en el que confluyen los sectores militares que se rebelaron el 21 de enero pasado. El reconocimiento social alcanzado les convierte en actores que no pueden faltar en la Convocatoria a un Acuerdo de Salvaci¢n Nacional.
La regionalizaci¢n del conflicto de los pa¡ses del Area Andina
Sobre los graves conflictos internos, una amenaza externa de impredecibles consecuencias se cierne sobre el Ecuador. La posibilidad de la extensi¢n del conflicto armado existente en el vecino pa¡s de Colombia, como consecuencia de la aplicaci¢n de la estrategia norteamericana llamada Plan Colombia, es una realidad.
En efecto, la valoraci¢n del Departamento de Estado Norteamericano sobre la inminencia del establecimiento de un gobierno en el territorio controlado por los movimientos insurgentes FARC y ELN, y sobre la consolidaci¢n del gobierno nacionalista y de corte social Chavezista en Venezuela, al cual se suma la creciente conflictividad social de Bolivia y la crisis ecuatoriana, coloca en la primera prioridad la atenci¢n de la regi¢n. Sumados los territorios de estos pa¡ses significan m s de la cuarta parte de Am’rica, cuya p’rdida producir¡a un serio desbalance en la situaci¢n de fuerzas a nivel mundial, desfavorable para los EEUU. Por ello, en los c¡rculos pol¡ticos norteamericanos se habla de la amenaza real de la conformaci¢n de una regi¢n controlada por la «narcoguerrilla».
El Plan Colombia es la aplicaci¢n de una estrategia de fuerza sobre la regi¢n, con el objetivo fundamental de expulsar al movimiento insurgente colombiano de sus zonas de control. Considerando el pie de fuerza que poseen los insurgentes superior a los 30.000 hombres armados y que se trata de un enfrentamiento irregular y en territorio selv tico, la opci¢n norteamericana es la realizaci¢n de una operaci¢n prolongada de escala regional que involucrar¡a a los ej’rcitos y territorios de Pero, Ecuador, Brasil y Colombia.
El rol que jugar¡a el territorio ecuatoriano dentro de esta estrategia, es el de base de operaciones del apoyo militar NA. Para ello han asentado una Base a’rea dentro del territorio ecuatoriano (en la Base a’rea de Manta), la que fue cedida por el gobierno de Mahuad y se presume que se crear¡an otras Bases en la regi¢n oriental. Las FFAA ecuatorianas, que han concentrado un nomero de tropas muy importante en las provincias del oriente (informaciones no confirmadas dicen que m s de 5.000 efectivos refuerzan el nomero ordinario de militares), tendr¡an la misi¢n de controlar y cerrar las fronteras evitando el paso de abastecimientos y la posibilidad de la retirada de la insurgencia hacia territorio ecuatoriano.
Es de esperar que la insurgencia Colombiana reaccione a la estrategia del Plan Colombia convirtiendo al territorio ecuatoriano en objetivo militar y armando dentro del pa¡s movimientos de apoyo.
En medio de la crisis ecuatoriana, que es el caldo de cultivo optimo para la proliferaci¢n de grupos de naturaleza insurgente, la estrategia NA de regionalizaci¢n del conflicto se presenta como una amenaza de consecuencias muy graves para la paz interna, onico recurso que todav¡a queda a los ecuatorianos.
Un segundo Round?
Los acontecimientos del 21 de enero pasado cierran un nuevo cap¡tulo del drama nacional dejando a la sociedad ecuatoriana y a los movimientos sociales un sabor agridulce y la sensaci¢n de que los factores del conflicto no se han resuelto y que se estar¡a iniciando un nuevo round.
En efecto, las condiciones que propiciaron la ca¡da de Mahuad permanecen inalterables; pues el nuevo gobierno, encabezado por el Dr. Noboa ha resuelto continuar con el programa «antipopular» que derroc¢ al Mahuadismo: Dolarizaci¢n; privatizaciones; salvataje de la banca quebrada; eliminaci¢n de subsidios, elevaci¢n de tarifas de los servicios y recorte de los salarios, y; continuaci¢n de la corrupci¢n. Pero adem s se presentan nuevos ingredientes como la persecuci¢n a los militares rebeldes y a los dirigentes de los movimientos sociales e ind¡genas.
Igualmente persisten las condiciones de la crisis econ¢mica, el retroceso de la producci¢n, la ca¡da en picada de las exportaciones, la ausencia de inversiones externas y peor aon, la fuga de capitales hacia el exterior.
El espaldarazo otorgado por el FMI y el gobierno NA al nuevo gobierno si bien alentaron las esperanzas de que podr¡a haber una sustancial inyecci¢n de recursos, en realidad resultaron largamente insuficientes frente a las anunciadas promesas de conseguir 2.043 millones de d¢lares. De acuerdo a la informaci¢n de prensa el cr’dito del FMI es de 300 millones de d¢lares para el presente a_o, entregado en cuotas de 45 millones de acuerdo al cumplimiento de la carta de compromiso, lo cual es poco menos que suicida en el agitado ambiente social que existe en el pa¡s.
La dolarizaci¢n, es decir el cambio de la moneda nacional por el d¢lar norteamericano, ha empezado a aplicarse desde el mes de abril pasado, aunque en los meses anteriores algo se avanz¢ . De acuerdo a las previsiones de las autoridades monetarias estamos en un per¡odo de transici¢n que deber¡a ser m s bien r pido. Sin embargo el ritmo del proceso no cubre las expectativas establecidas, pues, existen dif¡ciles cuellos de botella que podr¡an hacer de la dolarizaci¢n un proceso traum tico e inclusive llevarla a abortar. Baste considerar que el choque cultural est resultando bastante severo, pues, se trata del primer cambio de moneda que experimenta el pa¡s desde que se cre¢ el Banco Central en 1926. De all¡ que en la mayor parte de comercios y en el interior del pa¡s la poblaci¢n se resiste al uso del d¢lar.
Para un segmento mayoritario de la poblaci¢n, cuyo nivel de escolaridad y destrezas matem ticas es en promedio de menos de sexto nivel de b sica, la dolarizaci¢n es inmanejable, tanto por los c lculos de la conversi¢n de precios como por el manejo de los billetes de mayor denominaci¢n y la ausencia de monedas fraccionarias de un d¢lar. Cabe indicar que en la mayor parte de comercializadoras de combustibles y en los restaurantes se han colocado carteles que dicen «s¢lo aceptamos billetes de hasta veinte d¢lares».
En segundo lugar, la masa de d¢lares existente es insuficiente para garantizar la conversi¢n de la moneda nacional. La opini¢n de varios exfuncionarios del Banco Central hecha poblica previo a a la dolarizaci¢n era de que el d’ficit alcanzaba los 400 millones de d¢lares. Puesto que el Banco Central carece de d¢lares para cambiar los sucres el ritmo es m s lento del previsto, por ello, en realidad aon estamos en una fase de convertibilidad. Este problema se agrava por la salida de capitales al exterior que segon el economista Eduardo Valencia desde que empez¢ la dolarizaci¢n hasta fines de abril alcanz¢ la cifra de 100 millones de d¢lares.
En tercer lugar y este es el problema m s grave, la dolarizaci¢n no ha logrado frenar la inflaci¢n que en el mes de abril fue de 10% y segon las autoridades del Banco Central hasta el final del a_o ser de 85% acumulado. Con ello se esfuma la principal ventaja que se atribu¡a a la dolarizaci¢n, lo cual deja por los suelos la credibilidad del proceso.
El incremento de los precios a su vez eleva los costos de los productos de exportaci¢n y en corto tiempo provocar la p’rdida de su competitividad, como fue vaticinado por Luis Maldonado Lince, dirigente de los exportadores. Considerando la ca¡da que tienen las exportaciones esto podr¡a ser catastr¢fico para nuestra quebrada econom¡a .
Si bien la dolarizaci¢n en el terreno caminado es irreversible a corto plazo, sin embargo la imposibilidad gubernamental de profundizarla obligar a la adopci¢n de medidas de atenuaci¢n e inclusive a la adopci¢n de un sistema de dos monedas.
Acompa_ando a la dolarizaci¢n y como requisito indispensable para adquirir la masa de d¢lares necesaria para el cambio de moneda, el presidente Noboa mantiene su empe_o en la venta de las empresas estatales, que muy dif¡cilmente podr lograrse dada la ausencia de garant¡as del pa¡s. De hacerlo, el precio ser considerablemente m s bajo que las expectativas establecidas, con lo cual se habr realizado el peor negocio y sin que ello resuelva los objetivos de tal proceso.
Sin embargo, con miras a mejorar las condiciones para su venta, el gobierno mantiene la pol¡tica de elevar las tarifas de tel’fonos, electricidad y dem s servicios poblicos, afectando una vez m s a la golpeada econom¡a de los sectores medios y pobres.
El saneamiento de la Banca, que es parte de los compromisos de la carta de intenci¢n firmada con el FMI, significar otra vez nuevos sacrificios tanto para los afectados por la congelaci¢n de sus fondos tanto por el aplazamiento de los pagos como por el pago en bonos inconvertibles; como para el conjunto de la poblaci¢n, pues, gran parte de los recursos del cr’dito otorgado por el FMI est n destinados a recuperar el sistema bancario. As¡, a los 2500 millones ya invertidos se sumar n otros tantos miles de millones de fondos poblicos, sin beneficio de inventario para los ecuatorianos.
Los resultados negativos que se avizoran en el programa econ¢mico de Noboa coloca al pa¡s en un escenario similar al de la ca¡da de Mahuad. Nuevamente estamos frente al sacrificio de los doce millones de ecuatorianos realizado para no lograr nada, ni siquiera el freno de la inflaci¢n. Esta inhumana pol¡tica econ¢mica, que tampoco ha sido compensada en lo social, le pone m s fuego al incendio que existe en el pa¡s y amenaza con llegar a consumir los mismos cimientos del orden democr tico.
La gota que colme el vaso podr¡a llegar a producirse en el meses de julio o de octubre pr¢ximos, con la eliminaci¢n de los subsidios a los combustibles y al gas, que implicar¡a una alza de sus precios del 60 % y 40 % respectivamente. Las angustias y frustraciones populares podr¡an llegar a desbordar y producir nuevos y quiz s mas graves episodios que los del 21 de enero.
A los llamamientos a la concertaci¢n realizados por los diversos movimientos sociales, por el movimiento ind¡gena y los campesinos, el gobierno ha respondido con un tono excesivamente duro, dejando en claro que no retroceder . Su pol¡tica de di logo aparece insincera, pues, no ha vacilado en impulsar su programa pese a las resistencias que ello produce, ni se ha detenido a crear consensos para adoptar las medidas tomadas. Todo ello le distancia de quienes podr¡an desestabilizar el pa¡s y aviva el fuego del descontento.
Inclusive se empieza a notar que se est n tomando medidas de corte represivo, como la persecuci¢n a dirigentes de los movimientos sociales; tal es el caso del dirigente Fernando Villavicencio, quien tiene una orden de captura acusado de atentar a la seguridad del Estado. Documentos militares hechos poblicos indican que se estar¡a orquestando desde los repartos militares una campa_a de calumnias y desprestigio contra los movimientos sociales y el movimiento ind¡gena.
En este sentido el mantenimiento de los procesos judiciales, ahora agravados con juicios de guerra contra los militares que se rebelaron el 21 de enero, mantiene abierta una herida de consideraci¢n dentro de las FFAA y abona a la profundizaci¢n del ambiente de desestabilizaci¢n.
¨Qui’n quiere la guerra civil?
La extremamente delicada situaci¢n del pa¡s esta siendo tratada del peor modo posible tanto por los organismos internacionales como por el nuevo gobierno y los dem s ¢rganos del Estado. El FMI a trav’s de las exigencias de la carta de intenci¢n esta llevando al pa¡s al borde de la guerra civil; el gobierno a trav’s de la dolarizaci¢n, de las privatizaciones, de la elevaci¢n de las tarifas del transporte y los servicios poblicos, de la anunciada eliminaci¢n de lo subsidios, estar¡a creando las condiciones para que se produzcan nuevos y m s graves levantamientos.
El Alto Mando de las FFAA persiste en comprometerse dentro de la presente crisis a trav’s de operaciones secretas y a trav’s de la persecuci¢n de cientos de oficiales rebeldes.
Los grupos olig rquicos guayaquile_os a trav’s de la amenaza de que proceder¡an a establecer su autonom¡a de facto, estar¡an llevando a que se exacerben sentimientos regionalistas que podr¡an terminar en un kosovo ecuatoriano.
A quien interesa el desbordamiento de los cauces sociales y la caotizaci¢n del pa¡s? Las sospechas recaen en aquellos interesados en la desconstituci¢n del Estado nacional para lograr el desmembramiento de la naci¢n, y gobernar a su antojo en sus peque_as ¡nsulas. Las sospechas recaen en aquellos interesados en destruir el tejido social, para que hall ndose desprotegido puedan proceder al saqueo del pa¡s. Las sospechas recaen en aquellos que quieren convertir el territorio ecuatoriano a cualquier costo en su Base fuerte para lanzar la ofensiva militar contra la insurgencia colombiana.
Es urgente la intervenci¢n de la sociedad civil para restablecer un clima de sensatez y concertaci¢n. Para ello debe convocarse desde todos los sectores a un Acuerdo de Salvaci¢n Nacional, que demande al gobierno la deposici¢n de su actitud intransigente, que exija al FMI la revisi¢n de la carta de intenci¢n firmada en d¡as pasados, que demande la libertad de los militares detenidos y el cese de las medidas disciplinarias establecidas contra ellos. Este acuerdo de salvaci¢n nacional deber formular un programa urgente para enfrentar el fracaso de la dolarizaci¢n, para reactivar la producci¢n, para perseguir los actos de corrupci¢n, para enfrentar la pobreza y la crisis de los servicios poblicos.
Fernando Buend¡a Consejo Pol¡tico de la Confederaci¢n Unica de Afiliados Al Seguro Social Campesino – Coordinadora Nacional Campesina.
http://www.campesinos-fmlgt.org.ec
