El escándalo desatado por el cobro de indemnizaciones por parte de funcionarios públicos de la pasada administración gubernamental parece haber arribado a un principio de solución.
Recordemos, en primer lugar, que varios fueron los funcionarios que cuando se produjo el recambio de gobierno (2000) presentaron las renuncias al cargo, por ello percibieron cuantiosas compensaciones, pero hay que agregar que estos funcionarios renunciantes fueron destinados a otras funciones dentro de la administración pública.
El escándalo se desató una vez que la dirección de correos de Chile dio a conocer el monto de dinero percibido por los funcionarios.
El conflicto se desata cuando se conoce que muchos de los funcionarios había recibido montos superiores a los estipulados legalmente (es decir, un mes de sueldo por cada año de trabajo, con un máximo de 11 remuneraciones) dadas las cláusulas de sus contratos de trabajo que estipulaban un a fija ôa todo eventoö.
Tal situación desat¢ la ira del Jefe de estado, Ricardo Lagos, quien intim¢ a los funcionarios a que devuelvan el dinero o renuncien a sus cargos.
As¡ las cosas, el viernes 6 en conferencia de prensa, el Ministro del Interior, Jos’ Miguel Insulza, informaba que seis de los funcionarios involucrados hab¡an presentado la renuncia a sus actuales cargos y 14 hab¡an optado por devolver el dinero percibido por las indemnizaciones. Al tiempo remarcaba que «unos y otros percibieron indemnizaciones que estaban establecidas en sus contratos de trabajo», aclaraci¢n ‘sta solicitada por los afectados a fin de que no quedara afectada su buena honra.
Seguidamente, agradeci¢ a aquellos funcionarios que hab¡an decidido devolver el dinero a fin de continuar trabajando junto al Jefe de Estado y destac¢ que respetaba a los que para preservar los montos cobrados hab¡an presentado su renuncia.
El Gobierno chileno procedi¢ a hacer entrega de los antecedentes de las indemnizaciones al Consejo de Defensa del Estado para que este proceda a analizar los casos y realizar acciones legales en caso de que se comprobara la existencia de un perjuicio al pa¡s.
Posteriormente, puntualiz¢ que el Presidente Lagos hab¡a decidido, en virtud del esc ndalo desatado, crear una nueva doctrina para los empleados de la administraci¢n poblica que al dejar los cargos de confianza en el Poder Ejecutivo, cobran indemnizaciones. En raz¢n de ello se elev¢ al Congreso u proyecto de ley para poner fin a dicha pr ctica.
Esta iniciativa, indic¢ Insulza afecta «a quienes tienen el privilegio de ocupar un cargo de confianza del presidente» y determina que los gerentes generales o su equivalente en las empresas poblicas no percibir n indemnizaci¢n alguna al abandonar sus puestos. Respecto a otros cargos ejecutivos en empresas poblicas, recibir n una indemnizaci¢n de un mes de sueldo por cada a_o de servicio con un m ximo de 11 remuneraciones tal lo estipulado en C¢digo del Trabajo.
M¢nica Escayola
Corresponsal Informativos.Net en Am’rica Latina
