El pasado 26 de julio el Ejército Nacional emitió un comunicado de prensa en relación con las diligencias de inspección judicial realizadas en las instalaciones de la Escuela de Caballería entre el 21 y el 23 de junio del presente año, y en la Escuela de Logística del Ejército entre el 10 y el 15 de julio, orientadas a ubicar el paradero del defensor de derechos humanos Alirio Pedraza Becerra, desaparecido forzadamente desde el 4 de julio de 1990.
El Ejército señala que en dichas diligencias participó «el abogado Gustavo Gallón Giraldo, representante de la parte civil y director de la ONG «Comisión Colombiana de Juristas», quien solicitó evacuar estas pruebas en las unidades militares. Al finalizar las dispendiosas diligencias sin encontrar evidencia alguna (prosigue el comunicado militar) se procedió a elaborar las actas correspondientes. Sin embargo, en una actitud inexplicable, el señor Gustavo Gallón, representante de la parte civil, se retiró sin firmar los documentos legales que ratificaban que en las unidades militares no se encontraban restos humanos. Las pruebas practicadas por la Fiscal¡a en las unidades militares citadas (dice tambi’n el comunicado del ej’rcito) permiten apreciar que ante los entes investigadores se formulan acusaciones tendenciosas, con el prop¢sito de cuestionar la integridad de los miembros del Ej’rcito nacional y afectar el prestigio de la instituci¢n».
Lo anterior, adem s de constituir un impropio e irresponsable se_alamiento contra la Comisi¢n Colombiana de Juristas y contra su director, es inexacto, por lo siguiente:
1. Si bien es cierto que durante dichas diligencias no se encontraron restos humanos, tampoco se puede concluir que nunca hubiese habido restos humanos enterrados en las instalaciones del Ej’rcito. Su bosqueda es extremadamente dif¡cil, especialmente si se tiene en cuenta que la desaparici¢n ocurri¢ hace m s de diez a_os, y que las diligencias fueron decretadas hace m s de cinco a_os, durante los cuales no se hab¡an podido llevar a cabo, por razones no explicadas hasta el momento. Aun as¡, en la diligencia se encontraron otras evidencias, que es necesario analizar y profundizar, y que no corresponde divulgar en el momento, por respeto al secreto que legalmente debe observarse sobre el proceso en esta etapa sumarial o de investigaci¢n.
2. Esas evidencias inexplicablemente no fueron consignadas en el acta de la Fiscal¡a, la cual fue elaborada con presencia irregular de un sinnomero de miembros del Ej’rcito. Contrariamente al deseo del Comando del Ej’rcito, dicha acta no constituye «un informe final». Los resultados y las valoraciones t’cnicas sobre las exploraciones hechas solo se conocer n cuando los peritos rindan sus informes, lo cual hasta el momento no ha ocurrido. Teniendo en cuenta adem s que las diligencias de bosqueda de los restos todav¡a no han terminado, es irresponsable proferir conclusiones sobre las mismas, como las expresadas en el comunicado del Ej’rcito.
3. La parte civil no particip¢ en la primera diligencia, realizada en la Escuela de Caballer¡a. Por razones todav¡a desconocidas, no se le cit¢ para el efecto, ni estuvo a disposici¢n suya en el expediente la decisi¢n que la orden¢. Por la misma raz¢n, tampoco intervino en las reuniones previas que sostuvieron funcionarios del Ej’rcito y de la Fiscal¡a para la realizaci¢n de estas diligencias. Los funcionarios de la Fiscal¡a merecen un reconocimiento de la ciudadan¡a por el valor, la dedicaci¢n y la abnegaci¢n con que participaron en estas diligencias. Tambi’n merecen, al igual que la parte civil, particulares medidas de protecci¢n por el riesgo que para ellos pueda significar el hecho de que fueran irregularmente filmados de manera sistem tica por efectivos militares durante las diligencias, filmaciones cuyo destino suscita dudas razonables.
4. Por lo avanzado de la hora el d¡a en que se elabor¢ el acta de la segunda diligencia, la Fiscal¡a autoriz¢ a los abogados de los familiares de la v¡ctima a retirarse de la Escuela de Log¡stica del Ej’rcito en la noche del s bado 15 de julio y firmar el acta despu’s, como en efecto lo hicieron. Cabe observar que ese s bado no particip¢ en las diligencias el director de la Comisi¢n Colombiana de Juristas, Gustavo Gall¢n Giraldo, quien s¡ estuvo presente uno de los d¡as anteriores, en los que no se levant¢ acta. En estricto sentido la afirmaci¢n del Ej’rcito al respecto es inexacta, y llama extra_amente la atenci¢n que el comunicado mencione precisamente el nombre del director de la Comisi¢n Colombiana de Juristas, quien no era el onico representante de las v¡ctimas en la diligencia, y quien justamente no pod¡a haberse retirado el d¡a de elaboraci¢n del acta, porque hab¡a sustituido previamente el poder para esa ocasi¢n. La Fiscal¡a, como ente director de la diligencia, es la onica instituci¢n autorizada para informar sobre los resultados de la misma y es a quien corresponde, si lo encuentra pertinente, valorar el comportamiento de las partes dentro del proceso. Por esta raz¢n, es desde todo punto de vista impropia, adem s de infundada, la actitud del Ej’rcito Nacional al calificar o cuestionar el desempe_o de la parte civil en el caso.
5. No puede afirmarse que las declaraciones del testigo que motivaron la realizaci¢n de las diligencias sean falsas pues no es posible saber si nunca ha habido restos humanos enterrados en el lugar de la bosqueda. Por consiguiente, es desacertado e intimidatorio que el comunicado pida que se abra una investigaci¢n contra el testigo quien, dicho sea de paso, fue un colaborador del Ej’rcito.
6. La labor que la Comisi¢n Colombiana de Juristas ha desplegado dentro del proceso penal que se sigue por la desaparici¢n de Alirio Pedraza es leg¡tima, corresponde a su calidad de organizaci¢n defensora de derechos humanos y se ha desarrollado dentro del marco de la Constituci¢n y la ley. Es preocupante que en esa actuaci¢n leg¡tima el Ej’rcito vea la inexistente intenci¢n de desprestigiar a las Fuerzas Militares. La onica finalidad perseguida por la parte civil es la de buscar la verdad de un grave crimen de lesa humanidad.
7. La directiva presidencial 007 del 9 de septiembre de 1999 ordena en su numeral 1¡ «a todos los servidores poblicos abstenerse de (i) cuestionar la legitimidad de las organizaciones de derechos humanos y sus miembros, que actoan de acuerdo con la Constituci¢n y las leyes; (ii) realizar afirmaciones que descalifiquen, hostiguen, o inciten al hostigamiento a las mismas organizaciones (.)»; y en el segundo numeral ordena «abstenerse de hacer falsas imputaciones o acusaciones que comprometan la seguridad, as¡ como la honra y el buen nombre de las organizaciones de derechos humanos y sus miembros».
Por todo lo anterior, el comunicado del Ej’rcito es un inadmisible y peligroso ataque contra una organizaci¢n de derechos humanos y contra la persona de su director, que debe ser corregido y reparado por las autoridades competentes, para lo cual la Comisi¢n Colombiana de Juristas ha ejercido un derecho de petici¢n ante el Presidente de la Repoblica.
Gustavo Gall¢n Giraldo, Director
Comisi¢n Colombiana de Juristas
ii) COMUNICADO OFICIAL DEL EJERCITO AL QUE SE REFIERE LA COMISION COLOMBIANA DE JURISTAS.
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA – EJERCITO NACIONAL
COMUNICADO DE PRENSA
En dos inspecciones judiciales, practicadas en d¡as pasados por parte de personal de La Fiscal¡a General de la Naci¢n, se realizaron 596 excavaciones en dos unidades militares, con el onico proposito de ubicar los restos oseos del se_or Jesos Alirio Pedraza.
Estas diligencias se practicaron con base en las declaraciones de un testigo, quien afirm¢ que en las unidades militares se encontraban los restos humanos del desaparecido defensor de derechos humanos, afirmaci¢n presentada ante autoridades judiciales que al resultar falsa exige la iniciaci¢n de la investigaci¢n penal correspondiente.
La primera inspecci¢n se realiz¢ en la Escuela de Caballer¡a durante los d¡as comprendidos entre el 21 y el 23 de junio del presente a_o, con la activa intervenci¢n de 33 funcionarios de la fiscal¡a quienes realizaron 37 excavaciones.
El informe final de la fiscal¡a afirma: » realizada la prospecci¢n exhaustiva del terreno.se concluye que no fueron hallados restos oseos humanos». En las excavaciones, segon el mismo informe, fueron localizados los restos oseos de cuatro caballos.
La segunda inspecci¢n se efectu¢ durante los d¡as comprendidos entre el 10 y el 15 de julio del presente a_o en la escuela log¡stica del ejercito, ubicada en el barrio san Crist¢bal, en el sur de Bogot , donde funciono antiguamente la inteligencia militar.
En la diligencia judicial participaron 67 funcionarios del ente investigador, quienes realizaron 559 excavaciones en un rea superior a cinco mil metros cuadrados de la escuela y en un terreno adyacente, que pertenece al acueducto de Vitelma.
El informe final de la fiscal¡a confirma: » el estudio realizado permite concluir que en las reas objeto de estudio no se encontraron enterramientos humanos.»
Las diligencias fueron practicadas por la unidad de derechos humanos de la Fiscal¡a General de la Naci¢n y personal t’cnico y cient¡fico de la divisi¢n de criminal¡stica de la direcci¢n nacional del cuerpo t’cnico de investigaciones (CTI), integrado por m’dicos , antrop¢logos, odont¢logos, top¢grafos, fot¢grafos y otros especialistas en investigaci¢n forense de todo el pa¡s.
As¡ mismo se conto con la participaci¢n del doctor Pedro D¡az Romero, jefe de la unidad de derechos humanos de la fiscal¡a, y el abogado Gustavo Gall¢n Giraldo, representante de la parte civil y director de la Ong «Comisi¢n Colombiana de Juristas», quien solicit¢ evacuar estas pruebas en las unidades militares. Al finalizar las dispendiosas diligencias sin encontrar evidencia alguna se procedi¢ a elaborar las actas correspondientes. Sin embargo, en una actitud inexplicable, el se_or Gustavo Gall¢n, representante de la parte civil, se retiro sin firmar los documentos legales que ratificaban que en las unidades militares no se encontraban restos humanos.
Las pruebas practicadas por la fiscal¡a en las unidades militares citadas permiten apreciar que ante los entes investigadores se formulan acusaciones tendenciosas, con el proposito de cuestionar la integridad de los miembros del ejercito nacional y afectar el prestigio de la instituci¢n.
El comando del ejercito reconoce el ingente esfuerzo desplegado por la Fiscal¡a General de la naci¢n para esclarecer estos hechos y conf¡a que acciones investigativas similares permitan identificar a los verdaderos violadores de derechos humanos en el pa¡s.
As¡ mismo, convocamos a las organizaciones no gubernamentales a que denuncien los cr¡menes atroces que de manera sistem tica y permanente realizan los grupos al margen de la ley, y que no solo pretendan ubicar a los servidores poblicos como potenciales violadores de derechos humanos.
Finalmente, el comando de la fuerza reitera que continuara prestando la colaboraci¢n y apoyo que requieran los entes investigadores del estado, con el proposito de esclarecer cualquier acto atentatorio contra los derechos fundamentales de los colombianos.
