Echando mano a una última y desesperada tentativa que pueda inclinar el declamado rechazo a su ingreso a la Cámara de Diputados, Antonio Domingo Bussi, hizo una presentación ante las autoridades del cuerpo legislativo donde cuestionó el dictamen en su contra expresado por la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento.
El sustento de su reclamo por escrito û al que tuvo acceso Informativos.Net û giró en que la facultad para juzgar su idoneidad ética como legislador es ôprivativa del puebloö y no le compete a los diputados.
El pasado 13 de abril, la comisión parlamentaria solicitó la impugnación del acta de legislador del criminal aduciendo falta de ôidoneidad éticaö por su activa participación en el terrorismo de Estado de la última dictadura y por haber falseado la manifestación de sus bienes en sus declaraciones juradas. El dictamen, refrendado por unanimidad, basó su resolución en el artículo 36 de la Constitución Nacional, reformada en 1994, donde se advierte que quienes hayan atentado contra el orden constitucional y democr tico se hallan «inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos poblicos». Asimismo, el informe de la comisi¢n se remiti¢ a las pruebas aportadas por el juez espa_ol Garz¢n y a las acusaciones penales, por el delito de sustracci¢n de menores, imputadas por el magistrado argentino Adolfo Bagnasco.
En la presentaci¢n, rechazando los t’rminos del informe, el ex general destac¢ que la argumentaci¢n de la comisi¢n «configura un acto autoritario, carente de todo sustento jur¡dico e impregnado por un dogmatismo fundamentalista. Alega a su favor los miles de votos conseguidos en la elecci¢n a diputados nacionales por Tucum n en octubre de 1999.
Bussi sostuvo, en su escrito, sentirse merecedor de la confianza y la credibilidad de los habitantes de su provincia, remarcando que dichos valores «no pueden ser leg¡timamente desconocidos, caso contrario estar n afirmando que los ciudadanos tucumanos carecen de capacidad intelectual para ejercer el sufragio y elegir a sus representantes».
El ex general, a modo de advertencia, afirm¢: «si la C mara de Diputados llegara a rechazar mi diploma (acta) por las causas citadas por la comisi¢n, centenares de legisladores, jueces y ministros deber¡an ser separados de sus funciones por haber ejercido cargos en los gobiernos surgidos de los golpes de estado c¡vico-militares producidos en 1966 y 1976».
El oltimo p rrafo de su presentaci¢n contiene una certeza, que implica una gravedad extrema.
La certeza es que muchos jueces que ejercieron sus cargos durante la oltima dictadura militar aon continoan en sus funciones.
En diciembre de 1983, con el retorno al orden constitucional, el entonces presidente Alfons¡n debi¢ haber tomado una medida ejemplar. la remoci¢n de los magistrados que se desempe_aron en el per¡odo 1976-83, y la convocatoria a concursos de oposiciones para cubrir los respectivos puestos. Hubiera contado con el benepl cito de la ciudadan¡a.
Una grave deuda en el debe de la joven democracia argentina.
Alberto Bastia
Jefe Corresponsal¡as Informativos.Net en Am’rica Latina
