El 22 de diciembre de 1997 el estado de Chiapas vivió uno de los días más trágicos de su historia. La muerte de 45 indígenas tzotziles tras una acción paramilitar en la Zona de Los Altos de Chiapas. La noticia cruzó las fronteras y causó el repudio y la manifestación de gran parte de la humanidad. Entre las víctimas se encontraban mujeres y niños indefensos, de estos últimos algunos recién abriendo los ojos a la vida. Todos ellos se encontraban rezando por la paz cuando les llegó la muerte.
Las investigaciones de la Procuraduría General de la República, señalan a diversos funcionarios públicos como responsables de este hecho que, en la memoria colectiva, se recuerda como la Masacre de Acteal.
Se acusa a estos funcionarios de transportar y portar armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y para nadie es desconocido que muchos de ellos actuaron irresponsablemente en la procuración de justicia al haber retardado, sin ninguna justificación, las investigaciones que todos los testimonios y pruebas que anunciaban la masacre.
Dentro de los acusados se encuentran diversos elementos de la polic¡a de Seguridad Poblica que no tomaron medidas eficaces con el fin de evitar la muerte de los 45 inocentes, y que por el contrario tras los hechos consumados se dedicaron a levantar los cad veres para ocultar la gravedad de lo ocurrido.
Sin embargo, la Procuradur¡a General de la Repoblica nada dice acerca de otros funcionarios del Gobierno del Estado de Chiapas o funcionarios federales que estaban enterados de los hechos cuando estos ya estaban ocurriendo.
Tal es el caso del entonces Coordinador de Seguridad Poblica del Estado Jorge Gamboa Sol¡s, del Secretario General de Gobierno Homero Tovilla Cristiani, del Subsecretario General de Gobierno Uriel Joaqu¡n G lvez, se_alados como los encargados de comisionar a la polic¡a para respaldar el crimen. Entre ellos el Gobernador sustituto de Chiapas, en ese entonces, Julio C’sar Ruiz Ferro, el que siempre tuvo informaci¢n de los hechos. Hoy no cabe duda, la matanza de Acteal ocurri¢ con la anuencia de los gobiernos federal y estatal.
Las v¡ctimas fueron baleadas por la espalda, los agresores se reconocen como priistas. Entonces, el presidente de la Repoblica Ernesto Zedillo, brinda su apoyo al gobernador Ruiz Ferro. No obstante,despu’s de tres semanas de ocurridos los hechos se realiza un recambio en la Secretar¡a de Gobernaci¢n, el nuevo titular es Francisco Labastida el cual llega al palacio de gobierno anunciando el desarme de «todos» los grupos armados. Aunque despu’s debe aclarar que al EZLN lo ampara la Ley de Concordia.
Su equipo de trabajo lo constituyen entre otros el salinista Alfredo Orive como jefe de asesores y Emilio Rabasa, hijo, como coordinador para el di logo. A nivel estatal se da otro cambio: el de gobernador. Sale Ruiz Ferro y entra Roberto Albores Guill’n.
Segon el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolom’ de Las Casas todas las pruebas existentes, en relaci¢n a los responsables de este crimen, se_ala como culpables o con responsabilidad penal y/o administrativa a numerosos funcionarios poblicos. Sin embargo, la impunidad ampara a la larga lista de autores intelectuales o culpables por omisi¢n, ya que las investigaciones no alcanzan a precisar la autor¡a intelectual de la Masacre.
La versi¢n oficial habla de venganza intercomunitaria escondiendo as¡ la responsabilidad de funcionarios poblicos y su relaci¢n con los hechos y con la existencia de grupos civiles armados como parte de la pol¡tica contrainsurgente.
Un d¡a despu’s de la masacre Julio C’sar Ruiz Ferro declar¢, en el palacio de gobierno de Tuxtla Guti’rrez, en relaci¢n a lo ocurrido en el Municipio de San Pedro Chenalh¢ que ‘l como Gobernador de Chiapas y como ciudadano, que sabe el valor de la vida y que est empe_ado en mantener vigente el Estado de derecho, condenaba lo ocurrido.
Aprovech¢ la ocasi¢n para hacer un llamado a actuar dentro de la legalidad. Asimismo declar¢ que se hab¡a ordenado una inmediata y profunda investigaci¢n para deslindar responsabilidades y aplicar todo el rigor de la ley a los culpables. Dijo tambi’n, que en ninguna circunstancia la violencia ser el camino adecuado para solucionar conflictos. Mientras tanto los ind¡genas tzotziles de la zona de Los Altos, lloraban a sus muertos, como lloran ellos su pena y su tristeza de siglos.
Con sus palabras Ruiz Ferro intentaba limpiar de sus manos la sangre de los 45 ind¡genas y afirmaba su voluntad de investigar a fondo los hechos, para luego renunciar a su cargo. La salida del gobernador de la masacre es premiada por el gobierno de Zedillo con el cargo de representante de Agricultura en la Embajada de M’xico en Estados Unidos.
La impunidad lo ampara y consigue evadir los tribunales de justicia donde debi¢ llegar no s¢lo para responder por la masacre de Acteal sino por otras violaciones a la ley que cometi¢ desde el alero de su cargo y con la amplia colaboraci¢n de sus m s cercanos aliados.
C’sar Ruiz Ferro represent¢ en su gobierno los intereses de la minor¡a empresarial en Chiapas, de los ganaderos y caciques y de los paramilitares priistas que cometieron uno de los cr¡menes m s tr gicos de la historia de M’xico. Algunos de los que compusieron su gabinete se nombran ahora como futuros representantes del cambio que promete el nuevo gobernador en Chiapas para los pr¢ximos seis a_os. ¨Qu’ hay de cierto en todo esto que hasta ahora circula s¢lo como rumores? Una pregunta que tendr respuesta en los pr¢ximos d¡as cuando Salazar Mendiguch¡a anuncie formalmente su gabinete. (Mx/QR/Au-Pno/Vi-Dh-Pp/mc)
Margarita Plaza
