Se ha producido una conmoción internacional y nacional tras la decisión de la Audiencia Nacional de España de dar trámite a la querella presentada por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú y activistas de derechos humanos, por algunos casos sobresalientes de crímenes cometidos durante la guerra más prolongada y sangrienta de la historia de América Latina.
Guatemala sufrió un conflicto armado durante el cual más de 200 mil personas fueron asesinadas o desaparecidas por las fuerzas de seguridad del Estado, como parte de una política institucional que incluyó genocidio, etnocidio y la violación sistemática de las más elementales normas del Derecho Internacional Humanitario, según el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), también conocida como la Comisión de la Verdad.
Los Acuerdos de Paz firmados por el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) ofrecieron al país la posibilidad de reconciliar su pasado y construir su futuro. La agenda nacional que constituyen tales acuerdos incluye temas espec¡ficos que podr¡an ayudar a la reconciliaci¢n, y traza un marco que pretende reestructurar el tejido social; con esta orientaci¢n los acuerdos Global sobre Derechos Humanos, el que cre¢ la Comisi¢n para el Esclarecimiento Hist¢rico y el de Fortalecimiento del Poder Civil y Funci¢n del Ej’rcito en una Sociedad Democr tica.
Los Acuerdos propusieron un camino para la reconciliaci¢n: conocer la verdad y divulgarla; para tal fin se realiz¢ el informe de la CEH, que no fue divulgado lo suficiente. Plantean un programa de reparaci¢n y resarcimiento para las v¡ctimas sobrevivientes, en los aspectos econ¢mico y psicol¢gico; una pol¡tica activa de exhumaciones de cementerios clandestinos y una comisi¢n para la bosqueda de los desaparecidos. Tales compromisos no se han cumplido porque no ha habido una verdadera voluntad pol¡tica de los gobiernos para hacerlo, con lo que se van cerrando los espacios de reconciliaci¢n.
La falta de voluntad pol¡tica del gobierno de -lvaro Arzo, quien firm¢ el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, y ahora del Frente Republicano Guatemalteco; la falta de madurez en el ej’rcito guatemalteco; la falta de participaci¢n de la sociedad civil y la falta de exigencia de la izquierda, han llevado a que el proceso de reconciliaci¢n no est’ transitando el camino adecuado.
Aunque comienzan a darse se_ales de un proceso de fortalecimiento de la justicia -gracias a la lucha que se ha dado en este campo, como en el caso de la condena del ex comisionado militar C ndido Noriega-, el sistema judicial continoa siendo deficiente y la impunidad prevalece en casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por el ej’rcito, incluso en el pasado reciente.
Las primeras reacciones ante la decisi¢n de la Audiencia Nacional Espa_ola van casi todas hacia la polarizaci¢n: se reactivaron las querellas contra Rigoberta Mencho, quien tendr un protagonismo importante durante este momento pol¡tico. Es probable que tambi’n se vuelva a dar relevancia a los casos que involucran a la URNG.
La situaci¢n actual seguramente enfrentar a sectores de la sociedad, especialmente a los defensores de los responsables de abusos con las v¡ctimas y quienes se solidaricen con ellas, as¡ que comienza un escenario m s de confrontaci¢n del actual gobierno.
La resoluci¢n de la Audiencia es un golpe al gobierno que coloca al FRG en una situaci¢n dif¡cil ya que por un lado, en sus discursos el presidente Alfonso Portillo se comprometi¢ a cumplir las recomendaciones de la CEH y acabar con la impunidad, pero ahora ese partido cierra filas alrededor del presidente del Congreso, general Efra¡n R¡os Montt, acusado de genocidio por la Premio Nobel. Tal coyuntura evidenciar m s a los ex izquierdistas incorporados al gobierno que se justifican diciendo que trabajan para Portillo y no para el general.
El papel que jugar la sociedad civil ser muy importante. Casi todas las organizaciones de derechos humanos apoyan la querella. Falta conocer cual ser la posici¢n que asumir la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), dos de cuyos ex funcionarios ocupan altos cargos en el gobierno del FRG.
Los partidos pol¡ticos tambi’n deber n jugar un papel importante en este momento. La Alianza Nueva Naci¢n (ANN) ha definido su postura a favor de las v¡ctimas, mientras el Partido de Avanzada Nacional (PAN) todav¡a no se define claramente, y no se ve -hasta ahora-, que el tema est’ entre sus prioridades.
Las diversas reacciones ante el inicio de los tr mites por la denuncia de Rigoberta Mencho muestran que la reconciliaci¢n y la justicia despu’s del conflicto armado son temas pendientes; constituyen una herida abierta que no ha sanado y que s¢lo lo comenzar a hacer cuando la voluntad pol¡tica del Estado para asumir su responsabilidad con las v¡ctimas sea real. Debe haber avances concretos en el cumplimiento de las recomendaciones emanadas de la CEH, se debe fortalecer el sistema de justicia y en el fortalecimiento del poder civil.
Existe un leg¡timo derecho de las v¡ctimas de llevar a juicio a los responsables de las violaciones a los derechos humanos mediante cualquier mecanismo que permita que se haga justicia. Esta opci¢n se fortalece ante la falta de un programa de reconciliaci¢n y ante la prepotencia, desprecio y falta de humildad de los victimarios. En lugar de asumir una actitud honesta, tratan de justificar lo que hicieron y pretenden negar que los hechos denunciados hayan ocurrido.
La CEH -creada en el marco del proceso de paz- estableci¢ que el Estado institucionalmente fue responsable de genocidio, masacres, torturas y desapariciones. El Estado hizo el compromiso de reparar los da_os causados, y ahora le corresponde cumplir tal compromiso. (Gt/YZ/Au-Ong/Dh-Vi-Pl/ap)
Centro de Estudios de Guatemala
