Fue presentado hoy ante la Justicia de la ciudad de La Plata un Recurso de Amparo contra la política de «mano dura» del gobernador Ruckauf, que ha aumentado a índices superiores a todos los años anteriores la cantidad de homicidios, lesiones, torturas y detenciones arbitrarias cometidas por la policía bonaerense.
Los peticionarios del amparo son el Dr. Marcelo Ventura Peña, abogado platense que impulsó la iniciativa en representación de sus hijas menores de edad, Delia Garcilazo y Mabel Maidana, integrantes de Familiares de Víctimas de la Represión Policial e Institucional, patrocinadas por María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). Resultó asignado por sorteo el Juzgado Civil y Comercial n¦ 1, del Dr. E. Rezzónico.
«Hicimos este amparo porque estamos desamparados» dijo Mabel Maidana en la conferencia de prensa brindada en la sede de la CTA platense al mediodía, recordando que su hijo Maxi fue asesinado el 12 de enero de 1997 por efectivos de la comisar¡a de Talar de Pacheco que dispararon contra un grupo de menores que jugaba en un auto abandonado, al mismo tiempo que Maxi, un amigo y su padre pasaban caminando hacia su casa.
Delia Garcilazo manifest¢ que el decreto de Ruckauf que promete un incentivo dinerario a los polic¡as que realicen «actos de arrojo» equivale a poner precio a la cabeza de todos los que circulen por la provincia, y que «si desde 1983 las polic¡as de todo el pa¡s ya han matado a 800 personas desarmadas, ahora que les prometen una recompensa, van a salir a cazar aon m s j¢venes, pobres, y todos los que por sus ropas entren en su noci¢n de sospechosos».
Los abogados Ventura Pe_a y Verdo explicaron a la prensa que la acci¢n est dirigida a que la justicia ordene a Ruckauf y a la polic¡a abstenerse de ejecutar el conjunto de ¢rdenes y medidas que conforman estas pol¡ticas de mano dura y tolerancia cero que, bajo el mentiroso disfraz de la presunta «guerra a la delincuencia», consisten en actos criminales que ponen en peligro cierto a todos los ciudadanos, en violaci¢n a sus derechos constitucionalmente garantizados. «Es cierto que los actos de naturaleza pol¡tica no son revisables por el poder judicial», dijo Pe_a, «pero cuando lo que se lesiona es nada menos que el derecho a la libertad, la integridad f¡sica y la vida de las personas, la justicia tiene el deber de intervenir para restituir el goce pleno de esos derechos amenazados».
En el escrito presentado, se hace referencia a los m s recientes casos de gatillo f cil, torturas, muerte de rehenes y transeontes por la polic¡a, y se citan las declaraciones poblicas, resoluciones y normas emanadas del gobernador Ruckauf y de los jefes policiales que conforman la versi¢n m s violenta y evidente de las pol¡ticas represivas en el pa¡s.
