La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, entidad que representa a más de 60 organizaciones de derechos humanos del Perú, ha venido a la Asamblea General de la OEA a expresar su posición sobre el cuestionado proceso electoral realizado recientemente en el Perú y sobre lo que corresponde hacer en el marco legal de la OEA, al ser el Perú uno de los Estados parte de esta organización.
Lo hacemos amparados en el art. 23, de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el que se establece que «todos los ciudadanos deben de gozar» del «derecho y la oportunidad» de «votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores» (1, b).
Venimos profundamente convencidos de estar motivados únicamente por nuestro compromiso con principios democráticos y seguros de representar las ideas y sentimientos de la mayoría de los peruanos y peruanas. Ideas y sentimientos que se vienen expresando en el Pero a trav’s de la participaci¢n masiva de la ciudadan¡a en manifestaciones y movilizaciones realizadas por todo el pa¡s.
Fue esta justa y valiente movilizaci¢n ciudadana en defensa de la democracia y el estado de derecho que logr¢ que hubiera segunda vuelta electoral, la que exigi¢ en su momento postergaci¢n de la fecha de esa segunda vuelta y la que ahora expresa rechazo e indignaci¢n por la imposici¢n de las elecciones del 28 de mayo.
Con nuestra presencia queremos tambi’n dar testimonio del important¡simo papel que en la defensa de la democracia en el Pero viene cumpliendo toda la comunidad internacional y la OEA en especial. Queremos as¡ alentar la continuidad de este compromiso, y no s¢lo por el bien del Pero sino porque al constituir una se_al inequ¡voca a favor de la democracia, tiene un impacto muy positivo en toda la regi¢n.
Es innegable que el desenlace de lo que est ocurriendo en nuestro pa¡s afectar el futuro de la democracia y los derechos humanos no s¢lo en el Pero sino en toda la regi¢n. Se ha tratado de un proceso electoral abiertamente irregular y fraudulento, que ha estado bajo la lupa de diversas misiones de observaci¢n – incluida una de la OEA- que han coincidido en descalificar el proceso y sus resultados. Si, al final, ‘stos terminan legitim ndose, los est ndares para medir las elecciones en la regi¢n se habr n deteriorado y se estar alentando a otros pa¡ses a seguir el mal ejemplo del gobierno del Pero.
M s grave aon: si se legitima lo ocurrido en el Pero, se estar legitimando la continuidad de un r’gimen que durante los 10 a_os que lleva en el poder ha dado innumerables pruebas de no creer en la democracia y estar m s bien en contra de ella.
Recordemos que se trata de un r’gimen absolutamente autoritario caracterizado por:
– Concentraci¢n del poder en Fujimori y su entorno. (Vladimiro Montesinos y copula militar).
– Intolerancia y eliminaci¢n de contrapesos y fuentes de fiscalizaci¢n; de ah¡ la pol¡tica de intervenir y controlar las instituciones del Estado, y, en la sociedad civil, la animadversi¢n del r’gimen frente a aspectos fundamentales de toda sociedad democr tica como la libertad de prensa, el desarrollo de movimientos sociales y pol¡ticos, ONGs de derechos humanos, etc.
– Expansi¢n m s all de los l¡mites democr ticos de entidades como el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y la Justicia Militar.
– Irrespeto permanente de la legalidad: tanto del ordenamiento jur¡dico interno (sobre todo la primac¡a de la Constituci¢n) como de convenios internacionales.
– Hostilizaci¢n y hasta persecuci¢n de quienes son opositores, cr¡ticos y hasta independientes.
Se trata de un r’gimen que ya en el pasado recurri¢ abiertamente a un golpe de Estado, el de 5 de abril de 1992, y que por la presi¢n internacional tuvo que iniciar un «cronograma de reinstitucionalizaci¢n democr tica». Un r’gimen que ataca y agravia permanentemente a los miembros de la Comisi¢n y Corte interamericanas, que incumple sistem ticamente recomendaciones y resoluciones de estos organismos y que pretendi¢ abandonar la competencia de la Corte sin respetar la v¡a y el plazo previsto por la Convenci¢n, decisi¢n que la propia Corte declar¢ «inadmisible». Es, pues, la permanencia indefinida en el poder de un r’gimen profundamente autoritario, al que muchos han caracterizado como un «golpe de estado permanente» o golpe de estado en «c mara lenta», lo que que hoy d¡a est en cuesti¢n en el Pero y en la comunidad internacional.
Es tambi’n pertinente recordar que la democracia como sistema pol¡tico de gobierno es esencial y pilar fundamental en la fundaci¢n y consolidaci¢n de la OEA, tal como lo consagra expresamente varios dispositivos de su marco normativo:
«la Organizaci¢n de los Estados Americanos, para realizar los principios en que se funda y cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, establece los siguientes prop¢sitos esenciales», entre los que se encuentra:
«Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervenci¢n». (inc. b, del art. 2 de la Carta de la OEA. Bogot 1948).
«Los Estados reafirman los siguiente principios».
«La solidaridad de los Estados Americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la organizaci¢n pol¡tica de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa». (inc. d, del art. de la Carta de la OEA. Bogot 1948).
Debemos tambi’n explicitar que nuestra posici¢n respecto al proceso electoral se basa fundamentalmente en las conclusiones a las que lleg¢ la Misi¢n de observaci¢n de la OEA presidida por el ex canciller Eduardo Stein, cuya constituci¢n y mandato se decidieron en el marco legal de la OEA y de acuerdo a las atribuciones de su Secretario General, C’sar Gaviria.
En relaci¢n a esta Misi¢n cabe precisar que fue gestionada y promovida por el gobierno peruano. Antes del inicio del proceso electoral y durante su primera etapa, el gobierno del Pero manifest¢ poblicamente su conformidad con el car cter de esta comisi¢n, comprometi’ndose a aceptar sus apreciaciones y recomendaciones. S¢lo a partir de que la Misi¢n de la OEA asume una posici¢n cr¡tica frente a las visibles y grav¡simas irregularidades del proceso, el gobierno empieza a cuestionar y desconocer las atribuciones y la objetividad de esta Misi¢n.
Es por eso que de llegarse a legitimar lo ocurrido en el Pero se estar¡a tambi’n poniendo en cuesti¢n el futuro de las misiones de observaci¢n electoral en general, debilitando as¡ un mecanismo que eficazmente est contribuyendo a promover en la regi¢n elecciones justas y libres.
Debe considerarse tambi’n que por este intento del r’gimen de Fujimori de permanecer en el poder, violentando la Constituci¢n y a partir de elecciones irregulares y fraudulentas, se ha creado en el pa¡s un estado de polarizaci¢n e inestabilidad que compromete seriamente la gobernabilidad del pa¡s y sus perspectivas de crecimiento econ¢mico y desarrollo. Por ello, no reconociendo ni aceptando lo ocurrido se est contribuyendo a revertir una situaci¢n l¡mite que puso al Pero ante un futuro incierto y muy peligroso.
Nuestra posici¢n
Un proceso electoral que desde el comienzo y hasta el final estuvo plagado de grav¡simas irregularidades, muy por debajo de los est ndares que caracterizan las elecciones libres y justas, s¢lo puede ser declarado NULO -NTEGRAMENTE y s¢lo tiene una salida posible: NUEVAS ELECCIONES.
Las nuevas elecciones deber n realizarse en condiciones totalmente distintas, entre las que cabe destacar:
Respeto del ordenamiento jur¡dico interno y de los tratados internacionales.
Renovaci¢n de las actuales autoridades electorales por su evidente parcializaci¢n y adecuaci¢n de normas electorales a est ndares internacionales.
Imparcialidad de autoridades, civiles y militares.
Equidad de condiciones, especialmente en el caso de los medios de comunicaci¢n.
Sistema de c¢mputo con garant¡as.
Plenas garant¡as para la observaci¢n y supervisi¢n nacional e internacional.
Nuestra posici¢n se basa en un conjunto de hechos ocurridos en el Pero y que en lo que sigue pasamos a interpretar y analizar. (Pe/YZ/Ong/Ppe-Dh/mc)
