El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos expresa ante la comunidad nacional e internacional su preocupación por los siguientes hechos: Desde el 30 de agosto, la 13 Brigada, la Quinta División y la Fuerza de Despliegue Rápido del ejército han iniciado una gigantesca operación en el extenso parque natural de la región de Sumapaz, ubicado a unas tres horas de la capital Colombiana, que involucra a unos 4.000 soldados; dicho operativo denominado Aniquilador II;. Se realiza muy cerca del área de despeje, con los riesgos que ello implica para el proceso de diálogo por la paz.
El operativo militar se inició con ametrallamientos desde helicópteros artillados y tanques Cascabel en el plan de Sumapaz, vereda San José y otras en límites con el municipio de Cabrera. La escuela de «La Granada», quedó semidestruida con el argumento de que en ella se encontraban atrincherados guerrilleros de las FARC.
Luego vinieron los decretos del gobernador de Cundinamarca Andr’s Gonz lez y del alcalde de Bogot Enrique Pe_alosa, 02687,780, 781 y 782 respectivamente declarando la zona de operaciones militares.
La Defensor¡a del Pueblo posee algunas pruebas como fotos y un video donde se testimonian los ametrallamientos contra las escuelas. Algunas denuncias llegadas a nuestra oficina dan cuenta de restricci¢n de v¡veres, procedimiento contrario al Protocolo dos de Ginebra, que como la declaratoria de Zona de Operaciones Especiales y los decretos del Gobernador y el Alcalde, son ilegales y violan los derechos fundamentales establecidos en la Constituci¢n Nacional.
Se anunci¢ que en Sumapaz se construir n bases para un nuevo batall¢n del Ej’rcito y operativos de traslado de escolares lo mismo que advertencias de que estos traslados pueden ser tambi’n de poblaci¢n adulta.
La copula militar ha justificado los ametrallamientos argumentando la utilizaci¢n de maquinaria del Distrito Capital por parte de la insurgencia, para constru¡r una carretera que unir¡a el p ramo de Sumapaz con el rea de despeje. Sin embargo tal carretera est proyectada por la Ley tres, expedida el 11 de enero 1.936, mediante la cual existe un trazado oficial para adelantar la v¡a Bogot – Plan de Sumapaz-Colombia, Huila. Por lo tanto el trazado de la carretera es oficial y legal. Posteriormente el gobierno incluy¢ la obra en los planes de desarrollo y aprob¢ partidas presupuestales para el desarrollo de tal v¡a, lo cual desvirtoa la afirmaci¢n castrense. Los operativos militares paralizaron tanto la construcci¢n de la carretera central, como la del mencionado ramal, lo que llevar a que los campesinos tengan que seguir sacando sus mercader¡as a lomo de mula.
Las organizaciones campesinas se han dirigido a las autoridades solicitando su intervenci¢n para que cesen de manera inmediata las medidas que se vienen tomando por parte de los integrantes de la Fuerza Poblica, Ej’rcito Nacional (Fuerza de Despliegue R pido, Brigada M¢vil Nomero Uno, Batall¢n 39 Sumapaz, Batallones Contraguerrillas) entre otros, y que violan nuestros derechos a la vida, a la libre movilizaci¢n, derechos de los ni_os y ancianos con medidas como el impedimento total y arbitrario del paso de v¡veres para nuestros hijos, en los retenes ubicados a la salida del casco urbano de Cabrera, Cundinamarca, onico acceso vial a nuestras veredas y que dista inclusive, a varios d¡as de camino, por lo que tenemos que adquirir nuestros v¡veres, especialmente en per¡odos de siembra y de colecta de cosechas. Igualmente consideran que el decreto dictado por el Gobernador de Cundinamarca vulnera derechos fundamentales de la poblaci¢n civil, como el derecho a la movilizaci¢n libre, el derecho a la educaci¢n y los derechos de los ni_os. Opina que los citados decretos parecen m s un peque_o Estado de Conmoci¢n Interna, en unos municipios del Departamento que considera, s¢lo puede proferir el Presidente de la Repoblica.
Por la gravedad de los hechos el Comit’ Permanente solicita de las organizaciones hermanas dirigirse a las autoridades Colombianas inst ndolas a:
– Garantizar la vida, integridad personal y dem s derechos fundamentales de los pobladores de las regiones en menci¢n.
-Desmilitarizar la regi¢n de Sumapaz y las reas circunvecinas.
-Exigir la derogatoria de los decretos 780-781-782 del 15 de Septiembre de 2000 de la Alcald¡a Mayor de Bogot y 02687 del 19 de Septiembre de 2000 de la Gobernaci¢n de Cundinamarca, por atentar contra los derechos fundamentales de los ciudadanos.
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