La IV Conferencia Ministerial ACP-UE, celebrada en Bruselas el 2 y 3 de febrero de este año, ha concluido el largo proceso de negociación iniciado en septiembre de 1998 para sustituir el Convenio de Lomé por unos nuevos acuerdos, cuya firma esta prevista el próximo mes de junio en Suva, capital de Fidji.
Los nuevos «Acuerdos de Partenariado de Suva» suponen una ruptura radical con la filosofía que inspiró primero la Convención de Yaundé (1963) y más tarde la Convención de Lomé (1975), en sus diferentes revisiones, como marco regulador de las relaciones entre la Europa comunitaria y 71 de sus antiguas colonias en Africa, el Caribe y el Pacífico (ACP). El viejo paternalismo neocolonial va a ser sustituido ahora por el neoliberalismo, el tratamiento preferencial no recíproco por la apertura mutua de mercados.
En la práctica supondrá el fin de cualquier política de desarrollo de la UE y su subordinación completa a los dictados de la globalización y los programas de ajuste estructural del FMI y el Banco Mundial. Las negociaciones se han desarrollado bajo el chantaje de que si no se alcanzaba un r’gimen «compatible» con la Organizaci¢n Mundial de Comercio (OMC)- es decir, no preferencial para los ACP- la onica alternativa ser¡a un aumento de tarifas para sus exportaciones hacia la UE . La zanahoria para que los pa¡ses ACP aceptaran su propia desaparici¢n como grupo ha sido un per¡odo transitorio de 8 a_os, en el que se mantiene el actual status quo comercial sin ninguna mejora, pero condicionado a que desde el 2005 inicien su restructuraci¢n. La OMC tiene aun que conceder su visto bueno a este per¡odo transitorio.
Lo m s asombroso es que ocurre escasamente dos meses despu’s de las grandes protestas en Seattle, y en todo el mundo, contra la OMC y la Ronda del Milenio. Y que el Comisario europeo de comercio Pascal Lamy se pasea por el Tercer Mundo intentando convencer a sus interlocutores de que la UE no es los EE UU y que es posible y necesaria una alianza para «regular» la globalizaci¢n y darle un «rostro humano», haciendo frente a las multinacionales norteamericanas. Todo ello en abierta contradicci¢n con las resoluciones del Parlamento Europeo, que en su informe anual sobre la Asamblea Paritaria ACP-UE, de 7 de febrero de este a_o, exig¡a que «la UE y los ACP refuercen su postura comon con objeto de modificar las normas de la OMC para dar prioridad a la erradicaci¢n de la pobreza y al desarrollo sostenible frente a la liberalizaci¢n de los intercambios comerciales».
A diferencia del Comit’ de Enlace de las ONGDs europeas, que describ¡an la Convenci¢n de Lom’ como «un modelo de cooperaci¢n para el desarrollo muy avanzado», la izquierda alternativa nunca ha cre¡do que se tratase de otra cosa que de la gesti¢n de los intereses neocoloniales europeos, de un pacto de explotaci¢n con sus aliados de las oligarqu¡as tercermundistas que solo ha servido para aumentar la deuda externa de los m s pobres del planeta y condicionar a trav’s de los programas de ayuda al ajuste estructural su modelo de desarrollo a los intereses de las multinacionales europeas.
Pero con los Acuerdos de Suva cualquier debate sobre este tema esta superado: la propia declaraci¢n de acceso a los mercados durante el per¡odo transitorio, que figura como anejo, reconoce que las econom¡as de los ACP se ver n perjudicadas por las nuevas medidas a aplicar. Cualquier espejismo de lucha contra la pobreza se ha evaporado. La vieja ideolog¡a de desarrollo paternalista de la UE es sustituida por una visi¢n del Tercer Mundo como una periferia inestable y peligrosa, fuente de emigraciones ilegales que hay que controlar con medidas policiales. No en vano el escollo m s importante de las negociaciones ha sido la expulsi¢n hacia los estados ACP no solo de los «sin papeles» propios, sino tambi’n de ap tridas que hubieran transitado por ellos antes de entrar en la UE (1).
La herencia de Lom’
En el momento de la firma del Tratado de Roma (1957) cuatro de los seis estados miembros de la CEE (Francia, B’lgica, Holanda e Italia) aon ten¡an colonias o, si se prefiere, «territorios dependientes». La Parte IV del Tratado estableci¢ las modalidades de su asociaci¢n con la CEE y se cre¢ el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) con la idea de avanzar en una gesti¢n mancomunada europea de su esfera de intereses neocolonial.
En 1963, 18 excolonias franc¢-fonas firmaron la Convenci¢n de Yaund’ con la CEE, tras la independencia de Argelia, para contrapesar las ofertas de ayuda de la URSS al Tercer Mundo. Paralelamente, la CEE descubri¢ un nuevo m’todo para dar salida a sus excedentes de la pol¡tica agr¡cola comon (PAC) a trav’s de la ayuda alimentaria que, a partir de 1967, tuvo tr gicas consecuencias para la producci¢n local en la India, Bangladesh y el Africa Subsahariana.
El ingreso de Gran Breta_a en la CEE oblig¢ a ampliar la Convenci¢n de Yaund’ a las antiguas colonias brit nicas en Africa y el Caribe (las de Asia quedaron excluidas por expresa presi¢n de EE UU) y en 1975 se firm¢ la primera Convenci¢n de Lom’ que, tras su IV revisi¢n en 1990 para un per¡odo de 10 a_os, incluy¢ a 71 estados del Tercer Mundo.
Las prioridades han ido variando con cada una de las distintas revisiones de Lom’, de acuerdo con las concepciones sobre la pol¡tica de desarrollo vigentes en cada momento. Pero los beneficios del r’gimen comercial no-rec¡proco se han ido erosionando con el proceso de liberalizaci¢n generalizado impulsado por el GATT y la OMC . En 1975, los ACP pod¡an exportar al mercado comunitario el 92% de sus productos sin tarifas ni cuotas y, aunque sus exportaciones agr¡colas quedaban excluidas de estos beneficios en gran parte por la PAC, losprotocolos sobre pl tano, azocar, ron y carne de vacuno aseguraban unas cuotas de mercado comunitario. Pero en el a_o 2000 el margen preferencial para productos manufacturados en relaci¢n con el r’gimen generalizado de preferencias (SPG) es tan solo de 1,6%, m s de la mitad de los productos agr¡colas (caf’ y cacao entre ellos) no disfrutan de ninguna preferencia y el resto oscila entre un 7% y un 10% en el mejor de los casos. Como consecuencia, las exportaciones ACP al mercado comunitario han ca¡do del 6,7% en 1975 al 2,7% en 1995.
En el per¡odo 1986-1998 el monto de la ayuda de la UE a los ACP ha sido de casi 30.000 millones de euros y de ellos el 77% a trav’s de las previsiones del Convenio de Lom’, lo que ha supuesto el 45% de toda la ayuda desembolsada por la UE en estos a_os. De hecho, aunque el volumen absoluto de la ayuda ha ido aumentando, en t’rminos relativos ha disminuido del 70% del total de la ayuda en 1986 a solo el 30% en 1998 como consecuencia del aumento de la ayuda a Europa central y del este y la ex BURSS, reflejando las prioridades pol¡ticas y econ¢micas de la Uni¢n Europea.
Si se descomponen las partidas de esta ayuda, geogr ficamente han sido los pa¡ses del Africa Sub-sahariana los principales beneficiarios (un 78% del total ACP): Etiop¡a, Costa de Marfil, Mozambique, Cameron, Sudan, Mali, Tanzania y Zambia, especialmente. Repoblica Dominicana, Hait¡ y Papoa-Nueva Guinea han sido tambi’n pa¡ses receptores importantes en el Caribe y el Pac¡fico.
En cuanto a los instrumentos, el principal (25%) han sido los «programas de ayuda», nombre bajo el que se incluye la ayuda para el ajuste estructural (12%), en coordinaci¢n desde 1990 con el FMI y el Banco Mundial, las compensaciones por las perdidas en ingresos por exportaciones agr¡colas como consecuencia de las oscilaciones de precios, STABEX (11.6%), y las compensaciones referidas a las exportaciones de minerales, SYSMIN (2,1%).
Este tipo de ayudas implican transferencias directas a los gobiernos ACP, pero condicionadas a reformas macroecon¢micas de acuerdo con las indicaciones del FMI y el Banco Mundial en el caso del ajuste estructural, determinando as¡ el modelo de desarrollo econ¢mico de los pa¡ses ACP de acuerdo con los intereses neocoloniales de la UE. 42 pa¡ses africanos, 9 caribe_os y 2 del Pac¡fico de los 71 ACP han recibido ayudas de ajuste estructural, siendo al mismo tiempo el principal impulsor de las privatizaciones en estos pa¡ses(2).En el caso de STABEX y SYSMIN las ayudas supon¡an a veces subvenciones directas a empresas productoras de caf’, cacao y algod¢n, una parte de ellas en manos europeas bien en la producci¢n directa o en la comercializaci¢n o a las grandes multinacionales mineras que explotan los dep¢sitos de bauxita, aluminio, cobre, hierro, manganeso o uranio en pa¡ses como Guinea, Mauritania, Jamaica, Zambia o Botswana. El mismo sector minero recibi¢ otro 6% de la ayuda directamente para «proyectos productivos».
El segundo instrumento por su cuant¡a ha sido la ayuda a proyectos de transporte, infraestructura y comunicaciones (19%), en cuyas licitaciones tienen especial inter’s las empresas constructoras y de ingenier¡a europeas. Frente a ello, la ayuda orientada directamente a la lucha contra la pobreza se reparte as¡: Ayuda alimentaria (9%), Ayuda humanitaria (7,3%) e infraestructura y servicios sociales (7,5%).
La estructura institucional de los Convenios de Lom’ ha sido b sicamente intergubernamental. A pesar de contar con una Asamblea Parlamentaria conjunta ACP-UE, adem s del Consejo de Ministros Conjunto y el Comit’ de Embajadores, las decisiones y el control de la ayuda escapan al Parlamento Europeo porque solo un 16% de la ayuda esta presupuestada, especialmente las ayudas humanitaria y alimentaria. El 75% de la ayuda a los ACP se canaliza a trav’s del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), de cuya gesti¢n s¢lo es responsable la Comisi¢n ante el Consejo de la UE, y cuyo principal contribuyente, con m s de un 25%, es Francia(3).
El paquete comercial
Tres elementos han sido decisivos a la hora de definir la posici¢n de la UE en ralaci¢n con el nuevo paquete comercial de los Acuerdos de Suva:
*La desaparici¢n de la importancia estrat’gica de los ACP como fuentes de materias primas tras el fin de la segunda Guerra Fr¡a y el colapso de la URSS, que ha ido acompa_ada a nivel ideol¢gico en las pol¡ticas de desarrollo por la relativizaci¢n de la problem tica del intercambio desigual, en especial en lo que respecta al precio de las materias primas.
*La erosi¢n continua, como consecuencia de la liberalizaci¢n multilateral, de las ventajas comerciales preferenciales de los ACP, que ya hemos comentado, y que de paso pone en cuesti¢n todo el discurso sobre las «ventajas comparativas naturales».
*La «incompatibilidad» del sistema no-rec¡proco de Lom’ con la OMC, que ha sido finalmente el argumento determinante en las negociaciones.
Merece la pena, por lo tanto, detenerse en este punto. El riesgo de incompatibilidad no nace de los Acuerdos de Marrakech, sino del juego de los nuevos procedimientos de la OMC. Nadie se hab¡a preocupado de pedir una derogaci¢n de las reglas del GATT para el Convenio de Lom’. Fue el nuevo ¢rgano de apelaci¢n de la OMC el que plante¢ el problema en relaci¢n con el Protocolo sobre el Pl tano, al se_alar que las preferencias de Lom’ eran discriminatorias en relaci¢n con otros PVD. La UE se vio obligada a pedir una derogaci¢n en 1994, que le fue concedida por 5 a_os.
El Libro Verde de la Comisi¢n y el mandato otorgado por los estados miembros a la Comisi¢n para el inici¢ de las negociaciones part¡an sin discutirlo de esta base: cualquier acuerdo post-Lom’ deber¡a ser compatible con la OMC. Y ello dejaba en ese momento solo dos alternativas.
La primera, reemplazar el sistema de preferencias de Lom’ por el r’gimen generalizado de preferencias (SPG). Pero ello tiene dos claras desventajas para los ACP: se trata de un r’gimen unilateral y revocable y tiende a graduar las preferencias de acuerdo con el nivel de desarrollo de cada pa¡s, rompiendo no solo la unidad de los ACP como grupo sino tambi’n las din micas de integraci¢n regional realmente existentes. La escasa correlaci¢n de fuerzas negociadora de los ACP desaparec¡a con esta opci¢n. Por otra parte, Brasil ha denunciado el r’gimen SPG acordado por la UE a los pa¡ses andinos y centroamericanos.
La segunda, la restructuraci¢n de los ACP en uniones aduaneras y de libre cambio regionales (REPA), de acuerdo con el art¡culo XXIV del GATT, introduciendo un r’gimen rec¡proco con la UE, para el que la OMC prev’ un r’gimen transitorio de 10 a_os o m s en el que la liberalizaci¢n se puede ir haciendo de manera asim’trica. De acuerdo con los estudios de posibilidad realizados, las nuevas zonas ser¡an:
-CARICOM en el Caribe (que cuenta con 11 miembros a los que se podr¡an sumar Hait¡, Surin m, Repoblica Dominicana y Cuba, en su caso).
-EAC en Africa del Este (Kenya, Uganda y Tanzania).
– PACÖFICO, reuniendo a todas las islas-estado alrededor de Papoa-Nueva Guinea.
-SADC, los pa¡ses del Cono Sur africano, con Sud frica como eje.
-UDEAC, con los seis estados de Africa Central.
-UEMOA, con ocho pa¡ses del Africa Occidental de la zona monetaria del franco CFA.
Este esquema de regiona-lizaci¢n cuenta ante todo con el inconveniente de ser solo un esquema. Los modelos econom’-tricos realizados a partir de ‘l concluyen adem s consecuencias negativas para numerosos estados ACP, hasta el punto que una revista tan poco dada a la sensibler¡a como The Economist ha tenido que reconocerlo.
El mismo proceso de regio-nalizaci¢n se ve complicado por el tratamiento distinto acordado a los Pa¡ses Menos Avanzados (PMA), clasificaci¢n en la que se encuentran m s de la mitad de los ACP. Lo l¢gico hubiera sido extender a todos los ACP el tratamiento preferencial otorgado a los PMA y facilitar el papel de «locomotoras» regionales de los no-PMA en el per¡odo transitorio(4). A ello se neg¢ la UE, alegando la renta de algunos ACP del Caribe angl¢fono y limitando el acceso al mercado comunitario de los ACP no-PMA estrictamente al status quo actual, porque de no hacerlo as¡ habr¡a tenido que extender este mismo tratamiento, de acuerdo con las reglas de la OMC, a todos los PVD, ACP o no, entre los que se encuentran algunos de sus principales competidores.
M s complicado es entender las razones profundas que han inspirado a los negociadores de la UE a insistir en que el per¡odo transitorio se extendiera solo hasta el 31 de diciembre del 2007, a pesar del margen m s amplio previsto por la OMC. Los estados ACP no-PMA, es decir los candidatos a formar parte de las REPA, ser n examinados en el 2004 por la Comisi¢n sobre sus intenciones y en el 2006 deber n dar explicaciones sobre sus planes de restructuraci¢n para integrarse en las REPA. Quienes no hayan cumplido las condiciones se sumaran a los PMA en el 2008 y la UE les impondr caso por caso un r’gimen SPG. Mientras tanto, los protocolos especiales sobre pl tano, ron, vacuno y azocar simplemente han desaparecido o se han convertido en declaraciones de buenas intenciones dada su incompatibilidad total con la OMC.
El Paquete financiero
Cabr¡a haber esperado una compensaci¢n en el terreno financiero, sobre todo en el monto del 9 FED, a las draconianas perspectivas comerciales impuestas por la UE. En definitiva, todas las evaluaciones sobre la ayuda de la UE a los ACP subrayan que el principal problema de que no se alcance el crecimiento econ¢mico previsto reside en la falta de inversi¢n privada extranjera y que ‘sta no se produce en gran medida por la falta de inversi¢n poblica que asegure infraestructuras m¡nimas para la rentabilizac¡¢n del capital privado. +sta y no otra era la tarea asignada al FED, independientemente de los ping_es negocios a realizar por las empresas constructoras europeas(5).
Pero el FED sufre de sus propios males y el m s importante es la incapacidad de gesti¢n de la Comisi¢n europea. Al terminar los Acuerdos de Lom’ el 29 de febrero del 2000, los remanentes no utilizados del 7 y 8 FED sumaban 9.000 millones de euros. La oferta de la UE a los ACP para el 9 FED ha sido de 13.500 millones de euros en cinco a_os, cifra que mantiene el monto comprometido en el 8 FED, lo que supone un compromiso adicional de 4.500 millones de euros. Su utilizaci¢n real exigir¡a una media de gasto anual de 2.700 millones de euros, aunque la Comisi¢n hasta la fecha solo ha mantenido una media dedesembolsos anuales de 1.800 millones de euros.
Como hay que dudar por principio de la capacidad administrativa de la Comisi¢n -una de las burocracias mas ineficientes que existen- la explicaci¢n hay que buscarla en dos elementos adicionales del paquete financiero. El primero es que 1.000 millones de euros est n condicionados a un balance global del 9 FED a realizar en el 2004. El segundo, es que la posible aportaci¢n de la UE a la iniciativa internacional a favor de los pa¡ses altamente endeudados (HIPC) saldr¡a de los remanentes del 7 y 8 FED, hasta un monto total de otros 1.000 millones de euros, destinados en lo fundamental a reflotar el Banco Africano de Desarrollo y a trav’s de ‘l la zona monetaria del franco CFA, lo que reducir¡a a 2.300 millones de euros la cantidad a gestionar anualmente por la Comisi¢n en los primeros a_os del 9 FED y seguir¡a trasladando un remanente al 10 FED de unos 5.000 o 6.000 millones de euros.
En definitiva, el FED sigue operando no como un elemento compensador de las concesiones realizadas por los ACP en materia comercial, sino como una cantidad de dinero virtual que se compromete varias veces hasta su desembolso real. Un desembolso que tras la desaparici¢n de STABEX y SYSMIN y el reforzamiento de los mecanismos de ayuda al ajuste estructural tiene como objetivo seguir condicionando el modelo de desarrollo de los ACP y evitar cualquier resistencia a la globalizaci¢n.
Si a ello se suma su no presu-puestaci¢n y, por lo tanto, su falta de control por parte del Parlamento Europeo no es de extra_ar que su gesti¢n sea uno de los elementos de la pol¡tica de desarrollo comunitaria m s criticada por las ONGs y una fuente de corrupci¢n de los propios ACP, como ha puesto de manifiesto recientemente el caso de Costa Marfil.
En este sentido, la presupues-taci¢n del FED deber¡a ser un objetivo inmediato, a pesar de la resistencia de estados miembros como Alemania, que ver¡an aumentar su cuota de participaci¢n en el mismo. Un mayor control democr tico y transparencia del sistema de licitaciones del FED deber¡a permitir un incremento del ciclo de desembolsos y abrir el horizonte a un incremento anual del FED hasta la cifra proporcional para los pa¡ses ACP del 0,7% del PIB, recomendado por la OCDE como ayuda al desarrollo de sus miembros.
El paquete pol¡tico
Quienes han defendido Lom’ como un modelo de cooperaci¢n para el desarrollo suelen subrayar la «cultura de partenariado» que inspira su redacci¢n, en el sentido de que los ACP siguen siendo due_os de su destino a la hora de decidir su modelo de desarrollo. Como hemos visto, el objetivo de la ayuda para el ajuste estructural es precisamente lo contrario y, sobre esta base, seria mas correcto hablar de «cultura de clientelismo colectivo».
La noci¢n de partenariado ha legitimado, sin embargo, un mecanismo de consultas onico a nivel internacional, que recog¡a el antiguo art¡culo 366b de Lom’ y los nuevos 94 y 95 de Suva. Se trata de la cl usula de no-ejecuci¢n en relaci¢n con los elementos esenciales del articulo 9 de Suva que suma a la defensa de los principios democr ticos, los derechos humanos y el estado de derecho, ya recogidos en Lom’, la lucha contra la corrupci¢n. En caso de que una de las partes, hasta ahora la UE, considere que se han producido violaciones graves de estos elementos puede suspender la cooperaci¢n o limitarla a la ayuda humanitaria y llamar a consultas al estado violador en un plazo de 21 d¡as, manteniendo abiertas las conversaciones durante 60 d¡as antes de adoptar medidas definitivas. En dichas consultas participan no solo la UE y el estado afectado sino representantes de otros estados ACP, en un sistema colectivo de control de gran eficacia y escaso coste pol¡tico para la UE o sus estados miembros individualmente.
La menci¢n de la corrupci¢n fue precedida de largos debates sobre el concepto de «buen gobierno» y la parte ACP solo acept¢ su inclusi¢n en los Acuerdos tras argumentar que podr¡a afectar tambi’n a la UE en aquellos casos en los que estuviese provocada por empresas o gobiernos europeos. De igual manera que en el caso del FED, la gesti¢n de este mecanismo de control esta reservado a la Comisi¢n y el Consejo, sin participaci¢n del Parlamento Europeo.
Sin embargo, el punto m s dif¡cil de la negociaci¢n no fue, como se tem¡a, la inclusi¢n del «buen gobierno» o la corrupci¢n entre los elementos esenciales de los Acuerdos sino el articulo 13 referente a las migraciones. El comunicado de prensa de los ACP, ya citado, sobre la conclusi¢n de las negociaciones es dif¡cil de superar en su descripci¢n de como se desarrollaron las conversaciones en este punto. El espectro de Haider se perfil¢ en la propuesta de la UE de tratamiento de los emigrantes ilegales, incluidos los ap tridas y sin nacionalidad conocida, que quer¡an poder reenviar a los estados ACP de origen o oltimo tr nsito antes de su entrada en el territorio de la UE. Para algunos estados miembros de la UE se trataba de una oportunidad de convertir los Acuerdos de Suva en un tratado de emigraci¢n con los 71 estados ACP a la vez, que dotar¡a del instrumento legal a la Europa de Tampere para deshacerse de los «sin papeles» de una vez por todas, a su simple conveniencia.
Los ACP supieron hacer del asunto un esc ndalo pol¡tico, movilizar a las ONGs europeas e incluso a la responsable de Derechos Humanos de la ONU, Mary Robinson, y finalmente obtuvieron una redacci¢n del articulo 13 m s medida, con el compromiso de la UE de respetar los derechos de los emigrantes legales ACP, pero con la obligaci¢n de abrir negociaciones bilaterales, a petici¢n de los estados miembros de la UE, para concluir acuerdos migratorios en los que se incluya el caso de los emigrantes ilegales ap tridas.
+Eran posibles otros acuerdos?
+Eran posibles otros acuerdos? Esta pregunta solo es planteable despu’s de las protestas de Seattle contra la Ronda del Milenio de la OMC y de Bangkok contra la UNCTAD. Equivale, en la pr ctica, a intentar medir la correlaci¢n de fuerzas real de la resistencia contra la globalizaci¢n capitalista.
Con la voluntad pol¡tica necesaria, la UE y los ACP hubieran podido aprovechar la negociaci¢n de los Acuerdos post-Lom’ para pedir conjuntamente la reforma del articulo XXIV del GATT y defender una pol¡tica de desarrollo basada en acuerdos comerciales no-rec¡procos.
En vez de una regionalizaci¢n forzada a trav’s de terapias de choque quiz s hubiera sido posible mantener un horizonte de regionalizaci¢n a partir de una din mica de integraci¢n alimentada a trav’s de un SGP mejorado con una tarifa de base cero para todos los exportadores ACP. La UE hubiera podido transformar el car cter unilateral del SGP en uno contractual a partir de la propuesta del antiguo director general de la OMC Ruggiero de ofrecer a todos los PMA una tarifa cero para sus exportaciones en el marco de la OMC, extenderlo a todos los ACP con un criterio de vulnerabilidad que protegiese los intereses justos de los productores de la UE frente a la competencia basada en el dumping social de algunos de los PVD no-ACP. Y hacer del concepto de partenariado algo mas real con un organismo de arbitraje ACP-UE independiente.
Todo ello era posible t’cnicamente si se estaba dispuesto a dar la batalla junto a los ACP en el seno de la OMC, imponiendo una l¢gica distinta a la de la globalizaci¢n y los intereses de las multinacionales europeas. Pero a la Comisi¢n Prodi y a la UE de la «Tercera V¡a» le falt¢ esa voluntad pol¡tica y, como se_al¢ The Econo-mist: «La UE no esta dispuesta a gastar capital pol¡tico para asegurarse la aprobaci¢n americana de una nueva derogaci¢n en la OMC». La negociaci¢n de los intereses de la UE en el marco de la competencia inter-imperialista tiene otras prioridades que la pol¡tica de desarrollo. Por eso los estados miembros de la UE se cerraron en banda a cualquier mejora en el acceso al mercado comunitario de los ACP durante el per¡odo transitorio y recortaron este a ocho a_os.
Pero se trata de un resultado que todav¡a podr¡a reabrirse teniendo como horizonte la consulta con los ACP del 2004 y el retraso de la Ronda del Milenio. Esta esperanza ha flotado en el ambiente de las negociaciones entre algon sector de los ACP y las ONGs que les han apoyado. Para que se concretase har¡a falta una inmensa movilizaci¢n que uniese a la resistencia contra la OMC en defensa del estado de bienestar europeo una solidaridad activa con el Tercer Mundo y su derecho al desarrollo. Har¡a falta un internacionalismo de masas de verdad. En la lucha por esa utop¡a necesaria nos encontraremos.
(1) No tiene desperdicio en este sentido el comunicado del Secretariado General de los ACP tras la conclusi¢n de las negociaciones (http://www.oneworld.org/acpsec/gb/press/037900_e.htm), que expresa su asombro ante la propuesta «no-negociable» de la UE en el momento en el que toda la prensa europea clamaba contra el acceso al gobierno austriaco de Haider y la extrema derecha. Dos semanas despu’s tendr¡a lugar la explosi¢n racista de El Ejido, en Espa_a, contra los trabajadores emigrantes de los cultivos bajo pl stico para la exportaci¢n a los mercados comunitarios m s importantes de la UE.
(2) Merece la pena mencionar en este sentido la obra colectiva Ajustement et D’veloppement: L¡experience des pays ACP, dirigida por Patrick y Sylviane Guillaumont, Ed.Economica, Par¡s 1994. En el pr¢logo, el entonces Comisario Manuel Mar¡n afirmaba: «. El ajuste, por otra parte inevitable, no ha mostrado unos resultados a la altura de las esperanzas, mas cuando la justicia social ha sido maltratada en muchos lugares». De hecho y por lo que se refiere a los gastos de educaci¢n y sanidad, el gasto poblico total de los pa¡ses ACP cay¢ de media un 6% entre 1979-1998, cuando en el resto de los pa¡ses PVD no-ACP crecieron de media un 6% y 4% respectivamente. La contribuci¢n de la UE a que los 80 y parte de los 90 fueran a_os «perdidos» para Africa no es despreciable, teniendo en cuenta que aport¢ entre el 40% y el 60% de las ayudas totales para el ajuste estructural en el Africa Subsahariana.
(3) Kappel,O.C.:»Francia y Gran Breta_a son hoy los principales protagonistas que todav¡a mantienen intereses estrat’gicos en los estados ACP. Francia ha sido capaz de ejercer en cierta medida una influencia masiva en sus antiguas colonias(…) Esta relaci¢n se ve reforzada por la cooperaci¢n monetaria (la zona CFA), militar y cultural, que alimenta estructuras clientelares muy estrechas.(…) El inter’s estrat’gico de otras naciones europeas, por otra parte, es relativamente menor, con la excepci¢n de Inglaterra. Gran Breta_a mantiene relaciones comer-ciales con Africa del Sur y Oriental, as¡ como con varios estados de Africa occidental (especial-mente Nige-ria y Ghana) y el Caribe. Ello se aplica tambi’n a sus intere-ses estra-t’gicos».
(4) En el marco de una iniciativa internacional para reducir el nomero de personas que viven en la extrema pobreza a la mitad para el a_o 2015, se concede a los PMA un acceso sin res-tricciones ni contrapartidas a los mercados de la OCDE . De los 71 estados ACP, 40 est n clasificados como PMA segon el PIB per capita. Pero se trata de un criterio de clasificaci¢n ampliamente contestado y abandonado incluso por el PNUD a favor de los indicadores de desarrollo humanos. La distinci¢n entre la pobreza de los PMA y los no-PMA requiere en Africa Subsahariana de especialistas en desarrollo capaces de hilar muy fino en la medici¢n de la miseria humana.
(5) Ver Guillaumont, O.C. No deja de tener cierto inter’s que la causa de la falta de crecimiento econ¢mico se atribuya al capital y no al trabajo, como es la explicaci¢n habitual interna en la UE. Es obvio que los salarios no pueden bajar m s en zonas como el Africa Subsahariana e incluso que un aumento de productividad va ligado a un crecimiento de los ingresos y una mejora de la dieta. Lo contradictorio es que al mismo tiempo se recomienden ajustes macroeconomicos para favorecer la exportaci¢n que reducen el ingreso fiscal de los estados ACP y el gasto social, en un circulo vicioso sin salida, porque tampoco se pueden as¡ hacer infraestructuras con capital publico inexistente. La onica l¢gica que explica este embrollo es la prioridad otorgada por el FMI, el Banco Mundial y la UE al servicio de la deuda externa.
G. Buster
