ôFrente a la intransigencia manifiesta del Gobierno nacional, que expresa las desinteligencias e intrigas políticas de los funcionarios y partidos integrantes de la coalición gobernante, los gobernadores del PJ (Partido Justicialista) interrumpen las negociacionesö, se lee en el comunicado difundido por los gobernadores de las provincias peronistas difundido este viernes.
Luego de una semana de reuniones entre las autoridades nacionales y los representantes de las provincias peronistas, este viernes quedaron agotadas las posibilidades de acuerdo entre las partes.
Así las cosas, y luego que las autoridades nacionales en horas del mediodía firmaban un compromiso fiscal con los Gobernadores de la Alianza, los mandatarios peronistas decidieron suspender la reunión que tenían previsto realizar en la sureña ciudad de El Calafate y volvieron a reunirse en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la capital de Argentina.
Horas más tarde, decidieron dar a conocer su ôacuerdo federal» y anunciaron que el lunes 20 volver¡an a reunirse a partir de las 10 a.m., hora local en el CFI.
El texto de los gobernadores justicialistas lleva por nombre: «Acuerdo Federal para el Control del Gasto Poblico, el Crecimiento Econ¢mico, la Disciplina Fiscal y la Solidaridad Fiscal».
El mismo lleva las firmas de Felipe Sol en representaci¢n del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, y los gobernadores de C¢rdoba, Jos’ Manuel de la Sota; Formosa, Gildo Insfr n; Jujuy, Eduardo Fellner; La Pampa, Rub’n Mar¡n; Misiones, Carlos Rovira; Salta, Juan Carlos Romero; San Luis Adolfo Rodr¡guez Sa ; Santa Fe, Carlos Reutemann; La Rioja Angel Maza; Tierra del Fuego, Carlos Manfredotti, y de Tucum n, Julio Miranda. En tanto no suscribieron el texto el Gobernador de Santa Cruz, N’stor Kirchner quien se encontraba en su provincia en la inauguraci¢n del aeropuerto de El Calafate y el Gobernador de Santiago del Estero, Carlos Ju rez.
Un de los puntos del acuerdo exige «ante el fracaso de las pol¡ticas centralistas» la desaparici¢n del Ministerio de Desarrollo Social cuya titular es Graciela Fern ndez Meijide.
«Frente a los conflictos sociales existentes en todo el pa¡s, ofrecemos al Gobierno nacional nuestra participaci¢n en la definici¢n y en la administraci¢n de programas sociales que atiendan a los que se encuentran por debajo de la l¡nea de pobreza, y los programas de empleos para jefes de hogar con hijos desempleados», se_ala el documento.
Asimismo, el acuerdo suscrito propone mantener «el actual volumen del gasto presupuestario nacional fijado a tales fines, con el m s pleno control y auditor¡a de la Naci¢n». Al tiempo los mandatarios provinciales se comprometieron a «no aumentar sus respectivos niveles de gastos primarios, en la medida que presenten desequilibrios fiscales actuales o potenciales, con el objetivo de alcanzar todos el equilibrio fiscal». En este punto exceptuaron «el impacto de los financiamientos obtenidos o a obtener del Banco Mundial y el BID para la modernizaci¢n y reforma del Estado, tendientes a lograr una mayor eficiencia, economicidad y transparencia en la gesti¢n de los estados provinciales» cuanto asimismo quedaron exceptuados «los compromisos de capitalizaci¢n o inversi¢n plurianual con principio de ejecuci¢n», precisa el documento.
Otra de las exigencias a las autoridades nacionales gira en torno a determinados grav menes, en tal sentido solicitan la «inmediata reducci¢n de los impuestos nacionales que gravan la actividad productiva, en especial para las nuevas inversiones, como el impuesto sobre los intereses pagados, el IVA sobre bienes de capital e intereses y toda tributaci¢n que desaliente inversiones generadoras de la reactivaci¢n. (…) Ofrecemos compartir la lucha contra la evasi¢n fiscal en el pa¡s y en todas las jurisdicciones, colocando a disposici¢n de la AFIP (Administraci¢n Federal de Ingresos Poblicos) las bases de datos y los recursos humanos de nuestras Direcciones Generales de Rentas provinciales».
En lo relativo a los montos coparticipables que el Ejecutivo transferir a las provincias, el acuerdo de los mandatarios justicialistas establecen los mismos montos que el que firmaran sus pares de la Alianza y el Gobierno Nacional, vale decir un monto onico de 1364 millones de pesos para el 2001 y el 2002, y un promedio de los recaudado coparticipable -para los a_os 2003, 2004 y 2005-.
En tanto, los gobernadores reiteraron «su voluntad de sancionar de inmediato una nueva Ley Federal de Coparticipaci¢n» y le solicitaron a la administraci¢n nacional «el cumplimiento del Plan Federal de Infraestructura, de ejecuci¢n simult nea en todo el pa¡s».
Asimismo, los mandatarios provinciales adhirieron al ‘Compromiso Federal para la austeridad, la equidad y la transparencia en el ejercicio de la funci¢n poblica’ «con el objeto de instrumentar y garantizar el funcionamiento de un sistema que asegure la proporcionalidad en las remuneraciones de los funcionarios poblicos de todos los poderes del Estado».
M¢nica Escayola
Corresponsal Informativos.Net en Am’rica Latina
