El Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad, denuncia ante la comunidad nacional e internacional los siguientes hechos que vienen sembrando de terror a las comunidades del municipio antioqueño de San Vicente (Colombia):
ANTECEDENTES
En el año 1993 en el municipio de San Vicente se generó un fuerte movimiento cívico, que tuvo mucha incidencia en las luchas comunitarias por un mejor bienestar para la población, de esta forma se opusieron al cobro de valorización y expulsión de los campesinos de su tierras que se generó por la carretera que el entonces gobernador de Antioquia, doctor Juan Gómez Martínez pretendía realizar.
También tuvo una marcada incidencia en las luchas libradas en contra del desalojo que la administración municipal hiciera de los pobladores del barrio conocido como San Vicente de Paúl. Los habitantes serían retornados a sus vivienda.
El movimiento cívico continuaría su proceso organizativo y de fortalecimiento, llev ndolos a participar en las elecciones del a_o1994, donde lograron obtener una curul en el Concejo Municipal. Desde all¡ y con el respaldo popular continuaron sus luchas, oponi’ndose a las lesivas pol¡ticas gubernamentales.
Su alta aceptaci¢n popular los llev¢ a convertirse en una fuerza importante, para aspirar a la Alcald¡a municipal y a obtener varios esca_os en el Concejo en las elecciones a celebrarse en 1996, y fue all¡ cuando hace su aparici¢n los grupos paramilitares sembrando el terror y asesinando, torturando, desapareciendo y amenazando a los participantes del movimiento c¡vico y a sus lideres naturales. De esta forma han exterminado el movimiento social de esta localidad, la creciente participaci¢n ciudadana en la gesti¢n y desarrollo del municipio fue asesinada por los grupos paramilitares.
Los grupos paramilitares ubicaron dos bases paramilitares: una en la vereda Yolombal del municipio de Guarne (Antioquia) y otra en la vereda Santa Rosa del municipio de San Vicente, ubicada a 20 minutos del batall¢n Juan del Corral por v¡a carreteable, desde donde ejecutan todos sus actos criminales en contra de la poblaci¢n.
HECHOS
En el municipio antioque_o de San Vicente los grupos paramilitares vienen asesinando de forma selectiva a los lideres naturales e integrantes del movimiento popular, sin que el Ej’rcito y la Polic¡a Nacional que tienen fuerte presencia en la regi¢n hagan nada para proteger a la poblaci¢n y combatir a estos grupos. De esta forma han sido asesinadas las siguientes personas:
Libardo Antonio Gallego Rivera y Alberto de Jesos Alzate Casta_o, secuestrados y asesinados el 24 de noviembre de 1998, Jos’ Casta_o l¡der de la vereda El Coral asesinado el 17 de mayo de 1999, Emilio Vanegas torturado y asesinado el 29 de junio de 2000, Jhon Fredy Ortiz Duque y Gonzalo Ortiz Ort¡z asesinado en la vereda San Jos’ el d¡a 23 de julio del presente a_o. La comunidad asegura que en esta cadena de muertes selectivas han sido asesinados mas de 150 personas.
Los asesinatos selectivos se siguen presentando, lo que ha generado un desplazamiento de campesinos hacia diferentes centros urbanos.
SOLICITUD
A las organizaciones nacionales e internacionales remitir comunicaciones al gobierno nacional exigiendo:
1. Que se combatan a los grupos paramilitares que est n sembrando el terror en el municipio de San Vicente y aleda_os.
2. Que se investigue a los miembros del Ej’rcito y la Polic¡a nacional por la actitud omisiva que han tenido en la protecci¢n de la poblaci¢n y que a permitido que estos grupos puedan accionar libremente.
SUSCRIBEN,
Fundaci¢n Comit’ de Solidaridad con los Presos Pol¡ticos, Asociaci¢n Campesina de Antioquia, Corporaci¢n Jur¡dica Libertad, Asociaci¢n de Familiares Desaparecidos, Justicia y Paz, Comunidades Eclesiales de Base, Movimiento Social de Desplazados de Antioquia, Comit’ de Derechos Humanos del Nordeste, Corporaci¢n Sumapaz.
FUNDAMENTACI.N DEL EQUIPO NIZKOR
Los paramilitares est n efectuando un exterminio planificado de poblaci¢n civil.
1) Segon el Estatuto del Tribunal Internacional de Nuremberg y las sentencias posteriores reafirmadas por el Tribunal ad doc de la Ex Yugoslavia en julio de 1999 en el caso TADIC, la responsabilidad de los comandantes militares y dirigentes civiles que controlan la zona donde actuaron los paramilitares son responsables de no impedir la actuaci¢n de los paramilitares con las mismas responsabilidades penales individuales que si hubieran dirigido las operaciones en la zona de su comando.
Los comandantes de la zonas militares que son responsables en la cadena de mando de la que dependen los batallones y los jefes de los batallones son responsables de no impedir la actuaci¢n de las organizaciones criminales que componen los grupos paramilitares, no es suficiente las alegaciones de subordinaci¢n territorial ante la comisi¢n de delitos de esta naturaleza. Estas responsabilidades deben ser depuradas ante un tribunal bajo el criterio de que «no s¢lo deben saber, sino que est n obligados a saber» lo que ocurre en sus zonas de comando, como ha reafirmado en sentencia de 3 de marzo de 1999, en el caso TIHOMIR BLASKIC, el Tribunal Penal Internacional de la Ex Yugoeslavia. En este caso el general que comanda la V Brigada del Ej’rcito de Colombia.
2) La actuaci¢n de los paramilitares en Colombia recoge un patr¢n de instrumentaci¢n de operaciones militares encubiertas que hacen responsables a los cuerpos militares y al estado mayor del ej’rcito de Colombia de cr¡menes de guerra, secuestros, desapariciones forzosas y dem s delitos constituidos en la figura de cr¡menes graves contra la humanidad. Estos delitos ni prescriben, ni son amnistiables tal cual ha dictaminado la Comisi¢n Interamericana de Derechos Humanos en los informes que afectan al Batall¢n Atlacatl en El Salvador. Lo mismo ocurrir¡a si sus responsabilidades fueran depuradas con los par metros utilizados por los Tribunales Penales Internacionales y la doctrina actual sobre el Derecho Internacional Humanitario.
3) Los paramilitares deben saber que segon los convenios de Ginebra los mercenarios no tendr n derecho al estatuto de combatiente o de prisionero de guerra y que adem s ser n juzgados por ser integrantes de una organizaci¢n.
4) Es evidente que se est n utilizando forma de exterminio de poblaci¢n civil que siguen perfiles de modelos de an lisis y control social con la utilizaci¢n de t’cnicas de simulaci¢n por ordenador que determinan las listas de personas que son «nodos» de activismo civil pol¡tico, social y cultural y que son: a) son fijadas como blanco; b) son amenzadas como forma de determinaci¢n del blanco a las unidades paramilitares; c) son despejadas las areas geogr ficas de actuaci¢n paramilitar en zonas rurales o fijadas zonas de cobertura de seguridad en zonas urbanas; d) son otorgadas facilidades de comunicaciones y coordinaci¢n y finalmente se determina el momento de la ejecuci¢n.
Estos hechos son constitutivos de la figura de organizaci¢n criminal y planificaci¢n sistem tica de exterminaci¢n de poblaci¢n civil. Segon la Comisi¢n Colombiana de Juristas, durante 998 de un total de 1656 incidentes registrados el 81,8 por ciento fueron cometidos por paramilitares y por las fuerzas de seguridad del estado. Entre 1994 y 1998 las violaciones graves de paramilitares y militares se han m s que doblado.
5) El exterminio es un crimen contra la humanidad, y por lo tanto punible bajo el Derecho Internacional. El exterminio es reconocido como crimen contra la humanidad en el art¡culo 6(c) del Estatuto de Nuremberg; art¡culo II(1) (c) de la Ley Nom. 10 del Consejo Aliado de Control, ¢rgano supremo de los aliados en Alemania, ocupada despu’s de la II G.M.; art¡culo 5(c) del Estatuto de Tokio y Principio IV(c) de los Principios de Nuremberg. Se incluy¢ tambi’n en los estatutos de los tribunales penales internacionales para la Antigua Yugoslavia (art¡culo 5) y Ruanda (art¡culo 3), as¡ como en el Proyecto de C¢digo de Cr¡menes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad [1954: art¡culo 2, p rr. 11 y 1996: art¡culo 18(b)].
