El informe destaca en primer lugar – y al solo efecto de intentar demostrar la eficacia represiva- el aumento considerable de personas detenidas en el período analizado. Esos arrestos, atribuidos a las bondades draconianas de la nueva legislación procesal de Ruckauf y Mosquera, no importan otra cosa que un adelanto de supuestas condenas futuras para los procesados. Procesados que serán apilados en comisarías como la de Don Torcuato, conviviendo con pestes, en condiciones infrahumanas y siendo víctimas de penas degradantes.
Además el informe pone de relieve que, entre marzo y abril, el número de «abatidos» por parte de la policía tuvo un alza a más del doble, en comparación con los primeros meses del año. (En el «MERVAL» de la represión cotiza en suba la muerte.)
Con la solvencia de un parte de guerra, el aludido dossier de la policía bonaerense refiere que 48 civiles (+ personas?) fueron ejecutadas en enfrentamientos entre delincuentes y fuerzas del orden. Con la experiencia y la cantidad creciente de denuncias que CORREPI ha acumulado en ese mismo per¡odo, afirmamos sin temor a equivocarnos, que una ¡nfima parte podr¡an ser casos reales de leg¡timo cumplimiento del deber o leg¡tima defensa.
En ese listado de feroces delincuentes de frondoso prontuario despachados por los guardianes del orden, deben figurar sin dudas las decenas de denuncias que recibimos en el mismo lapso y de las que hemos ido informando a trav’s de los Boletines Informativos semanales. San Mart¡n, Los Polvorines, San Isidro, La Matanza y otras zonas del Gran Buenos Aires son permanente escenario de fusilamientos de menores de edad o j¢venes que no estaban armados ni representaban un peligro para terceros o para el polic¡a homicida. En casi todos los casos los cuerpos presentan las heridas fatales en la espalda o la nuca, lo que es suficiente para destruir las tesis oficiales de «enfrentamientos». La polic¡a bonaerense, respetuosa de los acuerdos De La Rua-Ruckauf, seguramente ha sido instruida para contribuir al recorte presupuestario, ahorrando al Estado largos juicios y la manutenci¢n de los detenidos al m s bajo costo de algunas balas. Y exhiben orgullosos los resultados de la «limpieza social» que les fue encomendada abiertamente, con la v¡a libre, la licencia para matar que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial concedieron a la fuerza de seguridad. Las referencias del ministro Casanovas a las «bajas» en el bando enemigo, demuestran c¢mo se viene desarrollando -con eficiencia- la guerra contra los pobres.
Correpi
PARTE DE GUERRA
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