La reaparición de supuestos «escuadrones de la muerte» que en presuntos operativos de «limpieza social» ejecutan a personas, previa tortura y tiro de gracia, sacude a la sociedad guatemalteca después de que esta semana fueran descubiertos cuatro cadáveres con esas huellas de tormento.
En tanto, el fiscal Leopoldo Zeissig afirmó hoy que el asesinato del obispo Juan Gerardi, en abril de 1998, se debió a su participación en la redacción del informe de la Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), que atribuye al Ejército más de 90% de las violaciones a derechos humanos y crímenes en el pasado conflicto armado (1960-96); en ese documento se certificaron más de 55 mil casos extremos .
Organismos de derechos humanos expresaron este viernes su preocupación por la aparente puesta en marcha de una sanguinaria operación de «limpieza social» en Guatemala, versión que de antemano fue descartada por la Policía Nacional Civil (PNC).
En efecto, el descubrimiento, esta semana, de varios cad veres con se_ales de tortura, atados de pies y manos, tiro de gracia incluido, «hace presumir un retorno al pasado violento», segon palabras del Procurador de los Derechos Humanos, Julio Arango.
El «ombudsman» dijo que est preocupado por las moltiples muertes extrajudiciales y exigi¢ al Presidente Alfonso Portillo que defina sus acciones en materia de seguridad poblica y detenga a los responsables de esos cr¡menes.
El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), que reone a familiares de 45,000 desaparecidos pol¡ticos durante la pasada guerra civil en Guatemala, se_al¢ en un comunicado que el hallazgo de cuatro cad veres con se_ales de tortura el pasado martes podr¡a ser el inicio de programas de «limpieza social» dirigidos contra las aqu¡ llamadas maras (pandillas) o delincuentes de bandas peque_as.
«No dudamos de que los responsables de estas muertes sean los mismos que en el pasado violaron los derechos humanos, s¢lo que ahora responden a intereses del crimen organizado», subray¢ el GAM.
Tambi’n la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA) se_al¢ que «ser¡a lamentable» para el pa¡s una abrupta vuelta al pasado violento y demand¢ a las autoridades que adopten medidas dr sticas para controlar ese fen¢meno.
El portavoz de la Misi¢n de Verificaci¢n de las Naciones Unidas para Guatemala (Minugua), Bertrand de la Grange, por su parte, coment¢ que por las caracter¡sticas de esos cr¡menes se piensa que existe una posible operaci¢n de «limpieza social».
Pero, la Polic¡a Nacional Civil descart¢ esa posibilidad y atribuy¢ los asesinatos a problemas de drogas entre pandilleros.
GERARDI, AJUSTICIADO
Fue la suscripci¢n y difusi¢n del informe de la Recuperaci¢n de la Memoria Hist¢rica (REMHI) la causa del asesinato, el 26 de abril de 1998, del obispo auxiliar Juan Gerardi, segon el fiscal especial del caso, Leopoldo Zeissig, quien a_adi¢ que, segon sus investigaciones, el tambi’n llamado Informe Gerardi hiri¢ los intereses de los militares acusados del crimen del prelado.
Los presuntos afectados ser¡an el coronel retirado Byron Disrael Lima Estrada, su hijo, el capit n Byron Lima Oliva, y el ex guardaespaldas presidencial Jos’ Obdulio Villanueva.
En aquel documento se atribuye 90 por ciento de las violaciones al Ej’rcito y siete por ciento a la guerrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
Ahora, de acuerdo con el fiscal, el coronel Lima Estrada fue el autor intelectual del crimen y su hijo le ayud¢ en la planificaci¢n y ejecuci¢n. Los tres militares son acusados de la «ejecuci¢n extrajudicial» del obispo y est n a la espera de que hoy la juez a cargo del caso, Flor de Mar¡a Garc¡a, decida si los lleva a un juicio oral.
Gerardi hab¡a revelado el REMHI 54 horas antes de su brutal asesinato. Fue ultimado a golpes con una piedra, en la cochera de la casa parroquial de la iglesia de San Sebasti n, de la que era su p rroco titular, a escasos 300 metros de la residencia presidencial de Guatemala.
Adem s de los tres militares, tambi’n est n detenidos por el asesinato de Gerardi el sacerdote Mario Orantes, que era auxiliar de la v¡ctima, y su cocinera, Margarita L¢pez. Orantes, que est hospitalizado, fue acusado por el fiscal especial de asesinato y L¢pez de encubrimiento propio; ambos ser n llevados a un juicio oral, segon la resoluci¢n judicial.
Tanto el coronel retirado como su hijo han negado haber participado en la muerte del obispo fundador de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), y consideran que la acusaci¢n contra ellos es pol¡tica y busca perjudicar a la instituci¢n armada guatemalteca.
[Fuente: Haroldo Shetemul, corresponsal Diario Excelsior, Mexico, 19may00]
