Imponer la pena de muerte a los secuestradores, ese es el objetivo de una convocatoria a referéndum que respaldarían los dirigentes de los partidos políticos de Colombia. Ciro Ramírez, presidente del Partido Conservador de gobierno y Basilio Villamizar, liberal de oposición, apoyaron la propuesta. Sin embargo, otros sectores manifestaron su oposición.
Luis Guillermo Vélez, presidente del Partido Liberal, respaldó la convocatoria del referéndum para endurecer las penas a los secuestradores. Vélez planteó además que esa ley debe impedir la creación de zonas de despeje para grupos insurgentes comprometidos en el secuestro.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, tienen una zona desmilitarizada de 42 mil kilómetros cuadrados para negociar la paz con el gobierno del Presidente Andrés Pastrana. Según las autoridades, las Farc ocupan el segundo lugar entre los grupos secuestradores.
Camilo González, de la organización Mandato Ciudadano por la Paz, dijo que el secuestro y otros delitos de lesa humanidad como las masacres, y desapariciones deber¡an ser competencia de un tribunal penal internacional.
Por su parte, el Fiscal General Alfonso G¢mez, se pronunci¢ contra la pena de muerte y dijo que la soluci¢n est en fortalecer la investigaci¢n y la inteligencia para capturar a los secuestradores.
El dirigente de los trabajadores estatales, Wilson Borda, dijo: «Nosotros rechazamos el secuestro, pero no estamos de acuerdo con normas de guerra, as¡ sean transitorias». De esa manera, el dirigente sindical rechaz¢ la propuesta de pena de muerte y otros castigos extremos para plagiadores, guerrilleros y delincuentes comunes.
En Colombia, hasta el 30 de noviembre se report¢ m s 2 mil 900 casos de secuestro. Segon la polic¡a colombiana, esos plagios habr¡an dejado ingresos por m s de 9 millones y medio de d¢lares a favor de la guerrilla y de grupos de delincuencia comon.
La Constituci¢n de la Repoblica de Colombia prohibe la pena de muerte. Sin embargo, la Carta fundamental de ese pa¡s puede ser modificada por medio de un refer’ndum convocado por el Presidente de la Repoblica. La oltima palabra la tiene el Congreso, que debe aprobar o rechazar la reforma. (Co/YZ/Ppg-Ppo/Pl-Dh-Am/pt).
