PROCESAMIENTO A DIRIGENTE GREMIAL ENTRERRIANO

En su momento, desde la CORREPI caracterizamos las detenciones arbitrarias, la aplicación de torturas y el gatillo fácil como parte de una política represiva del Estado de fuerte contenido disciplinario, por cuanto su fin es ejercer el control social sobre amplios sectores de la población. En los últimos años, y sin abandonar esos métodos «clásicos», se ha incrementado la aplicación de políticas represivas a quienes comenzaron a resistir y luchar contra el sistema socioeconómico, aunque fuere en sectores puntuales. El aumento de la protesta social trajo aparejado, como respuesta del estado, más palos y gases en las movilizaciones, luego balas de goma y de las otras. Pese a ello las luchas persistieron, se ampliaron y recurrieron a herramientas novedosas como el corte de ruta. Paralelamente, al resultar insuficiente la represión física directa contra sus protagonistas, se encaró desde el poder una novedosa y muy eficiente modalidad represiva.

Así como a principios de los años 80 las polic¡as reemplazaron casi totalmente a las fuerzas armadas en su rol de brazo ejecutor de las pol¡ticas represivas estatales, en los finales de la d’cada del 90 fueron los integrantes del poder judicial quienes asumieron la funci¢n de reprimir a los «revoltosos», iniciando miles de procesos judiciales en todo el pa¡s contra luchadores populares, aunque sin desplazar a las fuerzas de seguridad que siguen aplicando la represi¢n disciplinadora general.

De esta manera, junto a la represi¢n indiscriminada destinada a ejercer el control social de los j¢venes, los pobres y las minor¡as, se consolid¢ esta vertiente de represi¢n selectiva, uno de cuyos aplicadores permanentes es el poder judicial. Basta recordar la detenci¢n de los curas y de nuestro compa_ero de la CORREPI Toto Zimerman en el asentamiento Agust¡n Ram¡rez, el procesamiento de los mapuches acusados de usurpar la tierra de sus ancestros en el Pulmar¡, la causas contra los dirigentes de la Coordinadora de Desocupados de Neuqu’n, de la UOM de Tierra del Fuego, del Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados, de la Uni¢n de Vecinos Organizados de Mar del Plata, del M. T. D. Teresa Rodr¡guez, o los centenares de expedientes generados luego de cada marcha o movilizaci¢n con imputaciones que var¡an del da_o calificado a la asociaci¢n il¡cita, de la usurpaci¢n a la coacci¢n agravada, de la extorsi¢n a la incitaci¢n a la violencia o al atentado y resistencia a la autoridad.

El Consejo Directivo Provincial de la Asociaci¢n Trabajadores del Estado, Entre R¡os, nos informa que el lunes 14 de agosto, por disposici¢n de la justicia provincial, se dict¢ el procesamiento del Compa_ero Secretario General Edgardo Massarotti. El hecho que se le imputa es incitaci¢n a la violencia y resistencia a la autoridad ocurrida durante la manifestaci¢n realizada el mi’rcoles 15 de marzo de 2000 al mediod¡a en reclamo por la reincorporaci¢n de los 4.000 compa_eros despedidos por el gobierno provincial, la que tuvo como recorrido el interior de la Casa de Gobierno y el Palacio de Tribunales, que se realiz¢ pac¡ficamente por esos lugares y luego se detuvo frente a las ventanas del despacho del Gobernador, donde despu’s de manifestar nuevamente, se desconcentr¢ con total normalidad. Con esta causa el Compa_ero Massarotti pasa a ser uno de los 2500 dirigentes sociales del pa¡s, a los cuales se pretenden acallar con persecuciones de toda ¡ndole y hasta judiciales, como en este caso. Convocamos a todas las organizaciones y compa_eros a expresar poblicamente el repudio a esta metodolog¡a de represi¢n a las expresiones populares de descontento contra las pol¡ticas de entrega ordenadas por el F.M.I. y el Banco Mundial.

Correpi
Argentina