SANGUINETTI ABANDONA EL PODER ENTRE DURAS CRÍTICAS Y BAJA POPULARIDAD

Julio María Sanguinetti, el único político uruguayo que ocupó dos veces la Presidencia por voto directo, abandonó este miércoles el gobierno cuando voces del exterior se suman al pedido de investigación de las desapariciones durante la dictadura militar.
Expertos y oposición coinciden en que el caso de los desaparecidos es uno de los asuntos más urticantes que recibirá el liberal Jorge Batlle, sucesor de Sanguinetti, junto con un desempleo de 11,4 por ciento de la población activa y la crisis de la producción agropecuaria.
Los militares y policías acusados de delitos contra los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985, fueron puestos fuera del alcance de la justicia por una ley de amnistía promulgada por Sanguinetti en 1986 y confirmada por un plebiscito en 1989.
Pero una cláusula de esa ley compromete al Poder Ejecutivo a investigar el destino de las personas desaparecidas. Según el no gubernamental Servicio de Paz y Justicia, los uruguayos desaparecidos en la época de la dictadura son 156, la mayor¡a en Argentina, donde estaban exiliados.
En ese marco, el poeta argentino Juan Gelman pidi¢ a fines de abril de 1999 al gobierno uruguayo que investigara el caso de su nuera y de su nieta o nieto, como lo hacen desde el fin de la dictadura otros familiares de v¡ctimas de la represi¢n.
Gelman dice haber confirmado que su nuera, Mar¡a Irureta Goyena, fue trasladada por sus captores a Montevideo en la segunda semana de octubre de 1976 desde el centro de detenci¢n ilegal Automotores Orletti, en Buenos Aires, en el marco del Plan C¢ndor, coordinaci¢n represiva de las dictaduras del Cono Sur de Am’rica.
Irureta Goyena dio a luz un beb’ en el Hospital Militar, y ambos fueron vistos por oltima vez a fines de diciembre de ese a_o, explic¢ Gelman desde M’xico, donde est  radicado desde que se exili¢ de Argentina en los a_os 70.
La solicitud de Gelman, conocida en octubre a trav’s de una carta poblica dirigida a Sanguinetti, fue apoyada por cerca de 150 personalidades internacionales, como el arquitecto brasile_o Oscar Niemeyer y los premio Nobel de Literatura Jos’ Saramago, de Portugal, y G_nter Grass, de Alemania.
En coincidencia con estos reclamos, Estados Unidos advirti¢ el viernes, por cuarta vez consecutiva, que el gobierno uruguayo »continoa sin tener en cuenta» la recomendaci¢n de la Comisi¢n Interamericana de Derechos Humanos de investigar las desapariciones, hecha en 1992 y reiterada en 1997.
El oltimo informe del Departamento de Estados estadounidense sobre derechos humanos en el mundo recuerda que, »a pesar de que la ley de amnist¡a obliga» a ello, »los tres gobiernos que se sucedieron desde el retorno a la democracia rechazaron abrir investigaciones oficiales.
Esos pronunciamientos afectaron la proyecci¢n externa de Sanguinetti como estadista de fuste y perfil humanista, reconocida por sus pares m s all  de coincidencias o disidencias estrat’gicas y de opini¢n.
Tambi’n ha recogido halagos en foros de debate ideol¢gico y filos¢fico, como el llamado C¡rculo de Montevideo, que a su iniciativa congrega anualmente a pensadores, acad’micos y ex jefes de Estado, como el espa_ol Felipe Gonz lez. Pero Sanguinetti asegura que Uruguay, desde su primer gobierno, entre 1985 y 1990, al que sigui¢ un segundo mandato a partir de 1995, ha hecho m s esfuerzos que ningon otro pa¡s por reparar los da_os causados por las dictaduras que asolaron la regi¢n.
»Eso nos da la autoridad moral con la cual encaramos este tema», dijo el viernes a la radio El Espectador, de Montevideo, para reconocer luego que »desgraciadamente, no se ha podido encontrar la verdad de las desapariciones» de personas. Sanguinetti atribuy¢ responsabilidad en ese fracaso a »mucha gente que ha estado del lado del reclamo», entre ellos el propio Gelman.
Al respecto, dijo haber ordenado »una investigaci¢n administrativa, no judicial, porque la ley de Caducidad (amnist¡a) no permite otra cosa», aunque manifest¢ extra_eza ante la demanda poblica del poeta argentino, realizada a »m s de 20 a_os de sucedidos los hechos».
Pero Gelman precis¢ que »el pedido a Sanguinetti se hizo despu’s de confirmar todos los indicios reunidos arduamente a lo largo de este tiempo». »S¢lo a fines de 1998 tuve datos de la presencia en el cuartel del Servicio de Inteligencia de Defensa de Uruguay de una mujer embarazada, probablemente argentina», explic¢.
»Cuando viaj’ a Buenos Aires y Montevideo a fines de abril, lo que eran indicios se convirtieron en certezas y all¡ ped¡ la entrevista con Sanguinetti, quien dispuso que me atendiera el secretario de la Presidencia, El¡as Bluth», agreg¢. »Hasta ahora no he sido notificado en forma oficial de nada… y las declaraciones del viernes del presidente fueron las primeras reacciones oficiales sobre el tema», dijo.
La oposici¢n tampoco ahorra cr¡ticas al tratamiento dado al reclamo de familiares de los desaparecidos por los dos gobiernos de Sanguinetti y por su actual aliado, Luis Alberto Lacalle, gobernante de 1990 a 1995 y l¡der del Partido Nacional. »No se ha hecho absolutamente nada hasta ahora, pese a lo que dispone la ley de Caducidad», afirm¢ el senador socialista Reinaldo Gargano, del Encuentro Progresista-Frente Amplio.
Gargano, el primer izquierdista en presidir el parlamento bicameral en la historia del pa¡s, dijo que »las actuaciones de la justicia militar en el primer gobierno de Sanguinetti fueron una parodia, una farsa, ya que s¢lo se convoc¢ a declarar a los presuntos implicados en los delitos».
Mientras tanto, el analista pol¡tico Oscar Botinelli considera que la falta de respuesta a estos pedidos de esclarecimiento es uno de los problemas m s delicados que recibir  en herencia Batlle, dirigente del Partido Colorado, al igual que Sanguinetti.
Botinelli, director de la firma consultora de opini¢n poblica Factum, coment¢ que la pregunta que surge es si, al buscar una soluci¢n como lo prometi¢ previamente, Batlle »dar  por concluido el tema o reabrir  una discusi¢n que estaba bastante aquietada».
Pero el experto cree que ‘ste no es el onico asunto espinoso que deja pendiente Sanguinetti. La alta desocupaci¢n y la crisis de la industria y la agricultura son fuertes demandas sociales que reclaman respuestas urgentes. El nuevo gobierno deber  afrontar, adem s, las controversias en el Mercado Comon del Sur y definir, junto con sus socios en el bloque (Argentina, Brasil y Paraguay), las alianzas en el Area de Libre Comercio de las Am’rica en formaci¢n, y la discusi¢n con la Uni¢n Europea para que ‘sta elimine los subsidios agr¡colas, se_al¢.
»Sanguinetti consigui¢ la meta de bajar la inflaci¢n a entre tres y cuatro por ciento al a_o, registros muy inferiores a los altos niveles hist¢ricos de Uruguay, y dejar un d’ficit fiscal relativamente dominado», indic¢ Botinelli. Sin embargo, queda una situaci¢n econ¢mica endeble, por la falta de competitividad y la dependencia con Argentina y Brasil, que »genera una sensaci¢n en la opini¢n poblica de gran inestabilidad en cuanto a los resultados econ¢micos», explic¢.
Tambi’n hay sensaciones contradictorias entre los uruguayos respecto de la distribuci¢n de la riqueza. La oposici¢n izquierdista afirma que se asiste a un proceso constante de concentraci¢n del ingreso y, por tanto, al crecimiento de la desigualdad. Mientras, los datos oficiales establecen que Uruguay es uno de los pa¡ses que mejor reparte la riqueza en Am’rica Latina, indic¢ Botinelli. »M s que un tema de desigualdad, lo que la gente percibe es el crecimiento de sectores que quedan marginados del consumo y del acceso a determinados servicios», agreg¢.
Sanguinetti minimiza las cr¡ticas al decir que los recaudos tomados en tiempos de bonanza permitieron enfrentar con m s ‘xito que otros pa¡ses la crisis financiera mundial. Un ejemplo es »que tenemos una desocupaci¢n en torno de 11 por ciento, mientras en Sao Paulo lleg¢ a 15 y en Buenos Aires a 19 por ciento».
Para Gargano, en cambio, despu’s de 15 a_os de democracia, el pa¡s est  en franco deterioro, con »casi 12 por ciento de desocupaci¢n abierta, un d’ficit fiscal de 3,5 por ciento, una ca¡da del ingreso de cinco por ciento en 1999 y la pobreza que alcanza a 22 por ciento de los uruguayos». Esto obligar  al gobierno de Batlle a »apelar a una pol¡tica de ajuste m s dr stica, que afectar  los salarios y las pensiones», predijo.