Desde 1983, Santiago del Estero sobrepasó la letanía interior cuando la revuelta popular de diciembre de 1993, primera pueblada de espontanea resistencia al neoliberalismo. Años antes, los medios nacionales difundieron los ataques a la libertad de prensa, con allanamientos y clausuras ordenadas por el propio Juárez a radios opositoras, a principios de los 90. Luego del Santiagazo, los mismos medios de comunicación dieron cuenta de la detención de opositores políticos (entre ellos de la U.C.R.) en la ciudad de Quimilí en 1996, la propagación de la política de gatillo fácil, dando origen a agrupaciones como las «Madres del Dolor», la persecución judicial del abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Luis Santucho, etc.
Pero en el último semestre se han dado una serie de hechos que resulta necesario poner en conocimiento de la opinión pública y que, en materia de denuncia, no sobrepasa los límites provinciales.
EL COMISARIO TE CONVOCA:
El año pasado el octogenario Carlos Ju rez fue por su quinta reelecci¢n. En su campa_a proselitista, el candidato del PJ, adem s de echar mano a la distribuci¢n de dinero y d divas para afianzar su popularidad, no tuvo empacho en utilizar la estructura policial para convocar a los propios militantes peronistas.
A las reuniones o actos proselitistas que encabezaba Ju rez eran «invitados» todos los que formaran parte del padr¢n electoral del PJ a trav’s de una c’dula de notificaci¢n que les pon¡a en conocimiento las actividades juaristas. Pero no s¢lo los afiliados justicialistas (con la salvedad que en Argentina a trav’s del sistema de «punteros» muchas veces la afiliaci¢n no significa necesariamente adhesi¢n ideol¢gica) eran notificados de tales mitines pol¡ticos, sino tambi’n una enorme cantidad de empleados poblicos, que en Santiago es la fuente laboral m s fluida.
Y tales notificaciones llevaban como firmante, no a un dirigente juarista, sino nada m s ni nada menos que al comisario del barrio del notificado. As¡ el titular de la seccional policial de la jurisdicci¢n, citaba al invitado para que se dirija al convite.
Es f cil de imaginar la impresi¢n psicol¢gica que la firma del comisario provocaba en aquellos que recib¡an la c’dula. O vas al acto en el que habla el Tata Ju rez o vas preso. M s si la misma est destinada a gente de poca instrucci¢n.
En la ciudad de La Banda, algunos afectados (o apretados) por esta pol¡tica comunicacional del Gob. Ju rez y su polic¡a, formularon la denuncia correspondiente por abuso de autoridad e intimidaci¢n. Estas fueron acompa_adas por una movilizaci¢n de m s de 1.000 personas. Lamentablemente cayeron en saco roto debido a que los jueces carecen de todo tipo de independencia, ya que fueron todos designados por Ju rez.
CON LA EXCUSA DE LA PREVENCION DEL DELITO, ESPIAN A OPOSITORES POLITICOS
Los gobernadores justicialistas cuentan con varios cuerpos que hacen inteligencia. Los m s relevantes son la Subsecretaria de Informaciones y el Departamento de Informaciones (D 2). La primera, que depende directamente del gobernador, dice que se encarga de facilitar informaci¢n necesaria para la labor de gobierno. El D 2 es la inteligencia policial y su accionar supuesto es la informaci¢n para prevenir la comisi¢n de delitos. La realidad es otra ya que ambas agencias se dedican a hacer inteligencia interna, a trav’s de seguimientos personales, pinchaduras de tel’fonos, averiguaci¢n de datos personales resguardados por el art. 19 de la C. Nacional de opositores dentro del propio PJ, y miembros de otros partidos pol¡ticos, organizaciones sociales, de DD HH, gremiales, estudiantiles, etc. y hasta de sus familias.
As¡ los esp¡as de Ju rez se han infiltrado directamente en organizaciones sociales como el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), representaci¢n de los sin tierra santiague_os que en sus informes secretos llegaron a calificar como de «zurdos y subversivos»; de las «Madres del Dolor», agrupaci¢n de v¡ctimas -muchas de ellas del gatillo f cil de la polic¡a provincial- que, en un principio, denot¢ un alto grado de participaci¢n y combatividad para luego derivar en expresiones m s moderadas. En varias de sus actividades, los servicios juaristas llegaron a lanzar panfletos buscando el desprestigio de los reclamos, tratando de incorporar supuestos antecedentes de las v¡ctimas y familiares.
Tambi’n se investig¢ al fallecido obispo Sueldo sobre la base de que molestaba y hac¡a «quilombo», entre otros por apoyar al MOCASE y a las Madres del Dolor, y a los opositores pol¡ticos al juarismo. Al nuevo obispo de la Provincia, Mons. Maccarone, se le investig¢ su pasado buscando informaci¢n para presionarlo. Los esp¡as encontraron que en una ocasi¢n el sacerdote hab¡a colocado a las v¡rgenes de su iglesia de Or n pa_uelos blancos de las Madres de Plaza de Mayo.
El objetivo de la inteligencia es conocer las capacidades reales o potenciales del enemigo, y a su vez, hacer acciones de sabotaje y contrasubversi¢n, afirma un informe especial aparecido en el Diario «El Liberal» de la Provincia.
La l¢gica de los servicios de Ju rez divide a la provincia entre «los nuestros» y «los contras». Estos oltimos son todos subversivos. Se calcula que en la provincia hay 50.000 legajos de estos subversivos. Se aplica el mismo esquema de la dictadura. Y ello no puede ser de otra manera debido a que los servicios de la democr tica Santiago del Estero son los mismos que actuaron durante la dictadura militar. Para muestra bastan un par de «botones»: El jefe del D 2 es el comisario general Musa Azar, que es el que decide a quien seguir o perseguir. Ya en 1975, siendo Ju rez gobernador de Santiago del Estero, Musa Azar era jefe del Departamento de Informaciones. En ese a_o, en la provincia desaparecieron varios opositores pol¡ticos (ligados a Montoneros y PRT). La CONADEP nunca investig¢ estas desapariciones debido a que fueron antes del 24 de marzo del 76.
Testimonios no consignados en el «Nunca m s» sostienen que estuvieron detenidos en el edificio de Alsina y Belgrano, Santiago Capital, sede del D 2. Al producirse el golpe, Musa Azar continu¢ en el cargo y el D 2 se convirti¢ en un centro clandestino de detenci¢n. Haber denunciado la existencia de prostituci¢n de menores en las Termas de R¡o Hondo, le vali¢ la desaparici¢n al abogado Guillermo Miguel a manos del represor -y proxeneta- Musa Azar.
M s tarde pasar¡a a desempe_arse como genocida en Chaco, lo que le valdr¡a su procesamiento luego de la institucionalizaci¢n del pa¡s. Sin embargo, fue sobrese¡do por la ley de Obediencia Debida.
Reciclado -como una buena cantidad de genocidas- por el gobernador Iturre, fue designado como asesor de seguridad. Hasta entonces, no oficialmente, hac¡a contrainteligencia para Ju rez. Cuando ‘ste volvi¢ al poder, lo nombr¢ nuevamente como Jefe del D 2, igual que en ‘poca de la dictadura.
Como refiri’ramos antes, haber denunciado su actuaci¢n como represor le vali¢ al Dr. Luis Santucho una querella por «injurias y calumnias» del propio Musa Azar. Segon el Jefe del D 2 haberle recordado su pasado le provocaba deshonra y descr’dito.
El otro represor nombrado por Ju rez para hacer inteligencia interna, fue el anterior Secretario de Seguridad, Jorge D¡Amico, ex carapintada que fuera indultado por Menem. Actualmente fue desplazado en internas palaciegas por Musa Azar.
Es dable destacar que el art. 36 de la Constituci¢n Provincial inhabilita a perpetuidad para cargos poblicos a aquellos que se hayan alzado contra el orden constitucional y la democracia.
Tambi’n es bueno recordar que en la vecina provincia de Catamarca, gobernada por el aliancista Castillo, hab¡a sido designado como secretario de seguridad al coronel Rampulla, quien actu¢ en la masacre de Margarita Bel’n, en Chaco, donde fueron torturadas y asesinadas 21 personas. Las denuncias period¡sticas y de organismos de DD HH lograron que el represor tuviera que renunciar. En Santiago del Estero, eso no pasa.
LA BANDA EN MANOS DE UNA BANDA
En la ciudad de La Banda, ubicada a 10 km. al sur de la ciudad capital, durante el mes de mayo de 2000 se han agudizado las violaciones a los derechos humanos por parte de la Polic¡a Provincial. M s precisamente, a trav’s de la Brigada de Investigaciones dependiente de la Unidad Regional N¡ 2, encabezada por siniestros personajes apodados «Cara Manchada», «El Verdugo» o «El Torturador Morales».
As¡ defensores de los DD HH han denunciado procedimientos en viviendas de ciudadanos de barrios pobres, donde sin orden de allanamiento la mencionada Brigada ingresa al domicilio, golpea a sus moradores, amenaza con armas de fuego, detienen a personas que son conducidas a dependencias policiales donde son posteriormente torturadas. Como en la dictadura, los «guardianes del orden» hasta se roban las pertenencias de los detenidos y sus familiares.
Los principales hechos se produjeron entre los d¡as 7 y el 10 de mayo del 2000.
La impulsora de las denuncias es la Sra. Sara Pineda del Valle de Gordillo, DNI 13.496.621 quien ante las autoridades judiciales y organismos de DD HH, denunci¢ que el 8/5/00 en horas de la madrugada ingres¢ a su casa, rompiendo la cerradura, un hombre con un pasamonta_a cubriendo el rostro y diciendo que era polic¡a. Este individuo dio paso a otros seis, algunos encapuchados, que le preguntaron sobre un dinero. Al no poder contestar semejante requisitoria, la agarraron de una de sus mu_ecas y se la torcieron, haci’ndola arrodillar y apunt ndole a la cabeza. Luego, revolvieron toda las habitaciones sin encontrar nada. Posteriormente, se quisieron llevar un ciclomotor de propiedad de la Sra. Pineda. Ante su negativa, la sujetaron del cuello y se dirigieron a la casa de su hijo Leonardo Pineda, frente a la suya. Rompieron a patadas y culatazos la puerta de acceso, enca_onaron a su mujer y a sus dos hijas menores y procedieron a secuestrarlo. Lo llevaron a la comisar¡a 12 del Barrio Misky Mayu, donde siempre preguntando por «la plata» lo sometieron a la tortura llamada submarino seco. M s tarde, lo condujeron a la Unidad Regional N¡ 2, donde nuevamente fue torturado, con golpes de pu_o y pies, culatazos y baldazos de agua fr¡a y nuevamente sofocaci¢n. Posteriormente fue dejado en libertad, con la previa amenaza de muerte si denunciaba lo que hab¡a vivido.
Ese mismo d¡a, la misma Brigada detuvo a Ram¢n Orlando Lobos, padre de 11 hijos, que en primera instancia fue llevado al Parque Industrial de la ciudad de La Banda, golpeado por personal policial, para luego trasladarlo a la Seccional N¡ 15. All¡ se le venci¢ el plazo de la incomunicaci¢n previsto en el C¢digo Procesal sin que el detenido fuera pasado al juez competente.
El domingo 7 la Brigada ingres¢ en el domicilio de Angel Acosta, con exhibici¢n de armas de fuego cortas y largas, y sac ndolo de los pelos, a los golpes lo ingresaron a uno de los cuatro m¢viles con que se desplazaban. Llegado a la sede de la Brigada, lo esposaron, golpearon, le arrojaron agua hirviendo, fue sometido al tormento de submarino seco y le aplicaron picana el’ctrica en los test¡culos. Con ello lograron que Acosta se inculpara de un robo de una t¢mbola, que segon los medios de comunicaci¢n ya hab¡a sido esclarecido d¡as antes.
Por oltimo, el d¡a 10 de mayo siendo las 6:00 de la ma_ana, la Brigada junto con polic¡as de la Cria. 15 comandados por el Jefe Gonz lez (alias «Cara Manchada» por tener una mancha de «vino» en su rostro) irrumpi¢ en el domicilio de Hugo V zquez, Juli n Reinoso y Ram¢n Lobos. En un nomero superior a los 30, rompiendo las puertas y cercas, sin exhibir orden de allanamiento o detenci¢n, disparando armas de fuego (mataron a un perro) y golpeando a las esposas, se llevaron detenidos a los mencionados. En el operativo, el Jefe Gonz lez lleg¢ a poner en la sien de la Sra. Yudith Guzm n, esposa de Reinoso, su pistola reglamentaria, delante de los ni_os de edad escolar, hijos del matrimonio.
En todos los casos, tanto esposas o padres de los detenidos fueron extorsionados pidi’ndoles dinero para que no sean interrogados por los polic¡as «Cara Manchada», «Verdugo» o «El torturador Morales».
CORREPI
