El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos convocó el IX Foro Nacional dedicado a los temas de derechos humanos y agenda de negociación por la paz, durante los días 8, 9 y 10 de Junio próximo, en la ciudad de Bogotá.
En el 56 período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, celebrado en Ginebra, Suiza, de nuevo el gobierno colombiano ha sido severamente fustigado por la creciente violación de derechos humanos. El nuestro es uno de los países de América Latina más mencionados durante los últimos años en la comunidad internacional y, particularmente, en los medios de prensa. Los temas más recurrentes sobre este país son los de la violencia generalizada y el narcotráfico.
Sin embargo el tema de los narcóticos y los carteles que trafican con ellos, ha sido usado reiteradamente por el régimen dominante en Colombia como un hábil recurso para ocultar la realidad del país, que no es otra que la persistente violencia institucional que se ejerce contra la poblaci¢n, el recorte dr stico de las libertades poblicas, la judicializaci¢n de la protesta social y la presencia de profundas desigualdades sociales, como consecuencia de la imposici¢n brutal del modelo de econom¡a neoliberal.
Se trata de ocultar, por ejemplo, que en Colombia el poder lo detenta una encumbrada oligarqu¡a, due_a de los grandes monopolios industriales y comerciales, del sistema bancario y el latifundio.
Ese conjunto de intereses en que el predominio lo ha tenido el capital financiero se traduce en un r’gimen pol¡tico estrecho y excluyente que corresponde a la ¡ndole de la concentraci¢n del capital. El perfil presidencialista del r’gimen tiende a ser reforzado ahora con el referendo pastranista, con el cual la capacidad decisoria del parlamento y dem s corporaciones electivas va a ser reducida. Los dos partidos tradicionales, el liberal y conservador, continoan usufructuando por igual la burocracia y el manejo del Estado en medio de grandes esc ndalos de corrupci¢n.
El IX Foro centrar sus debates en las tem ticas de derechos humanos y agenda para la paz. Existe una profunda crisis de los derechos humanos en el pa¡s. Lo que prevalece es un r’gimen de terrorismo Estatal, donde la alianza entre el ej’rcito oficial y los escuadrones de la muerte se imponen en medio de la m s alarmante impunidad.
Segon las estad¡sticas que registra el Comit’ Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, durante el a_o 1.999 se presentaron 219 masacres (homicidios de 4 o m s v¡ctimas) con un total de 1367 v¡ctimas. Estos hechos violentos se registraron en reas fuertemente controladas por tropas militares. Segon algunas investigaciones de organismos de los derechos humanos, la mayor¡a de estas v¡ctimas son campesinos y trabajadores urbanos, acusados de ser simpatizantes de agrupaciones insurgentes.
El 92 por ciento de las masacres han sido realizadas por los grupos paramilitares en clara complicidad con las fuerzas estatales. Este es un hecho denunciado reiteradamente por Human Rights y otras agencias internacionales de derechos humanos.
El fen¢meno del paramilitarismo y su relaci¢n con importantes sectores de la copula militar viene causando honda preocupaci¢n entre los organismos de derechos humanos y en crecientes sectores de la comunidad internacional, debido a su desarrollo vertiginoso, a su cobertura geogr fica, a su apoyo de amplias redes de inteligencia que le ha permitido desplazarse f cilmente por todo el pa¡s y perseguir a sus v¡ctimas en regiones distantes; a la implacable secuencia de eliminaci¢n sistem tica de movimientos pol¡ticos de oposici¢n, sindicatos y personas; a la absoluta impunidad que protege a sus agentes victimarios.
El Estado y sus organismos militares saben donde se encuentran los grupos paramilitares, c¢mo actoan, conocen sus fuentes de financiamiento y de provisi¢n de armamentos, sus reas de desplazamiento y sus nexos con agentes oficiales, sin embargo no actoan.
Al mismo tiempo se presenta un desplazamiento forzado de 2 millones y medio de personas. Estos refugiados andan en todas partes del pa¡s y viven a la intemperie, sin trabajo ni remuneraci¢n de ninguna especie. Un numeroso grupo de desplazados se tom¢ las oficinas de la Cruz Roja Internacional en Bogot para llamar la atenci¢n de las autoridades y despu’s de tres meses, los funcionarios oficiales no han resuelto el problema, argumentando cualquier tipo de excusas.
De otro lado, algunos informes indican la existencia de unos dos mil presos pol¡ticos, a quienes se les desconocen sus derechos fundamentales, se les niega el debido proceso, muchos de ellos han sido sometidos y condenados por tribunales secretos, con testigos sin rostro y pruebas prefabricadas por la inteligencia militar. Estos detenidos viven en condiciones de hacinamiento en las diversas c rceles del pa¡s, sometidos a tratos inhumanos. El reporte de v¡ctimas de desaparici¢n forzada se acerca a la cifra de tres mil personas.
Como lo se_ala un estudio de Diana Losada, «los informes del Departamento de Estado de E.U., de Human Rights Watch y de la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos le exigen al Estado, como prioridad, que combata a los paramilitares, que en 1999 cometieron la mayor¡a de las violaciones a los derechos humanos, segon estad¡sticas de la defensor¡a del pueblo».
La fiscal¡a solo ha detenido a 341 de los 11.000 paramilitares que delinquen en el pa¡s; ha sindicado a 139 militares, de los cuales 33 est n detenidos; 44 oficiales del ej’rcito involucrados en casos de corrupci¢n y/o violaci¢n de derechos humanos se han fugado de los propios cuarteles militares sin que el gobierno tome medidas al respecto, denuncia la fiscal¡a.
Lo curioso es que el gobierno ha instalado un sinnomero de oficinas y entidades de derechos humanos. El propio Vicepresidente de la Repoblica fue encargado formalmente de la pol¡tica oficial de derechos humanos. Las entidades judiciales han creado igualmente estas oficinas. Los militares se ufanan de tener en sus cuarteles despachos de derechos humanos. Sin embargo, estas entidades son simples aparatos burocr ticos para dar la apariencia ante la comunidad internacional de que el Estado estar¡a preocupado por cumplir con las recomendaciones que sobre estas materias se exigen desde el exterior pero, muy por el contrario, la crisis de los derechos humanos continoa su fatal camino de deterioro.
Lo m s grave es que el propio gobierno objet¢ la tipificaci¢n del genocidio pol¡tico dentro del proyecto de ley de desaparici¢n forzada, aprobado por el Congreso de la Repoblica. Pese a que la ONU recalc¢ la importancia que tiene para la comunidad internacional que Colombia cuente con esta ley.
El Comit’ Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos fue constituido en el primer Foro Nacional de Derechos Humanos, realizado en Bogot los d¡as 30 y 31 de marzo y 1 de abril de 1979, como respuesta de distintos sectores de la sociedad colombiana a la suspensi¢n arbitraria de las libertades poblicas, aplicaci¢n de medidas represivas violatorias de los derechos humanos por parte del gobierno del Presidente liberal Julio Cesar Turbay Ayala, en desarrollo del denominado «Estatuto de Seguridad Nacional», con el cual se prosigui¢ el desconocimiento de los derechos fundamentales de las grandes mayor¡as nacionales, a la vez que se estimul¢ el incremento de la confrontaci¢n armada en el pa¡s.
El Comit’ cumpli¢ 21 a_os de fundado. Hemos realizado ocho Foros, cuya importancia se ha expresado en la respuesta popular contra las violaciones a los derechos humanos, la presencia internacional, el profundo estudio de los problemas nacionales, el pluralismo de los participantes en la lucha por objetivos comunes hizo que el Foro Nacional de Derechos Humanos se constituyera como la m xima instancia consultiva y program tica, donde se examinan la situaci¢n de los derechos humanos en cada momento hist¢rico, los principales problemas nacionales, las alternativas de soluci¢n; se establecen las orientaciones de trabajo del Comit’ para un per¡odo determinado y se elaboran propuestas que son presentadas a diversas instancias del Estado y a las organizaciones sociales del pa¡s, buscando contribuir en la soluci¢n de diferentes conflictos.
El IX Foro ser un escenario abierto a todas las organizaciones y personas interesadas en abordar estos temas en un sentido cr¡tico y constructivo, para aportar conclusiones que incidan eficazmente en la bosqueda de una salida pol¡tica a la crisis nacional que azota al pa¡s. (Co/QR/Ong/Dh/ap)
Luis Jairo Ram¡rez
