La declaratoria de inconstitucionalidad de 22 artículos de la Ley Trole 2, que permite las privatizaciones, es considerada un triunfo parcial por parte de las organizaciones sociales.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y la Coordinadora de Movimientos Sociales presentaron una demanda ante el Tribunal Constitucional en septiembre último. Pidieron que se declare inconstitucional la ley que fue puesta en vigencia por el mandatario, sin la aprobación del Congreso.
Paulina Muñoz, del Comité Ejecutivo de la Coordinadora de Movimientos Sociales, dijo a Púlsar que es importante que el Tribunal Constitucional haya reconocido el papel de la empresa pública. Manifestó que de esta manera se frena la privatización.
Paulina Muñoz dijo que los movimientos sociales no se oponen a la inversión de capitales privados. Y agregó que están dispuestos al diálogo y a presentar al gobierno propuestas para la inversión privada responsable a fin de reactivar la producci¢n del pa¡s.
Sin embargo, aclar¢ que existe oposici¢n a que se haga un fest¡n del pa¡s a trav’s del remate de sus empresas, situaci¢n que llevar¡a a una mayor dependencia y p’rdida de la soberan¡a, segon indic¢.
Record¢ que durante el gobierno de Sixto Dur n, en 1995, se realiz¢ una consulta popular respecto de las privatizaciones y que el pa¡s entero se pronunci¢ en contra. Dijo que el gobierno de Gustavo Noboa deber¡a tomar en cuenta esta opini¢n y ahora del pronunciamiento del Tribunal Constitucional. (Ec/QR/Po/Pp-Pe/ap)
Amanda Pinto
