1. En las primeras horas de la madrugada del día de hoy, 29 de mayo, un numeroso grupo paramilitar estableció un reten en el sitio denominado «Las Mercedes», en la vía que de la ciudad de Ocaña conduce al municipio de Convención, departamento de Norte de Santander.
2. En ese sitio los paramilitares retuvieron, torturaron y asesinaron al señor ALEXANDER ANGARITA, persona domiciliada en el municipio de Convención y quien laboraba como conductor de un vehículo de carga, automotor que fue incinerado.
3. Así mismo, los miembros de la banda armada de derecha, quienes se han identificado como miembros de los paramilitares de sur del Cesar, impiden el tráfico, requisan y amenazan a los usuarios de la referida arteria vial, al tiempo que pregonan que la mantendrán bloqueada hasta el próximo sábado.
4. Estos crímenes se consuman sin que haya reacción de la fuerza pública, entre ella, los policiales de los cuarteles de Convención y Ocaña, y los efectivos del Batall¢n de Contraguerrillas No. 50 y del Batall¢n Santander, con sede, respectivamente, en los municipios antes nombrados; el primero a 20, y el segundo a 35 kil¢metros del lugar en el que han establecido el reten los paramilitares.
5. Igualmente, en las oltimas horas se ha hecho notoria la presencia en el rea rural y las v¡as de acceso a la cabecera del municipio de Teorama, entre los municipios de Oca_a y Convenci¢n, de un grupo de m s de trescientos paramilitares, lo que convierte en inminente un ataque contra ese poblado y contra los l¡deres sociales y activistas de derechos humanos de esa localidad.
ANTE ESTO EXIGIMOS
1. Que el comandante de la V Brigada del Ej’rcito Nacional y el comandante Departamental de Polic¡a Norte de Santander, ordenen a sus hombres: proteger a los habitantes de Convenci¢n, Teorama y San Calixto; neutralizar y combatir a los paramilitares; restablecer el tr fico entre Convenci¢n y Oca_a y garantizar los derechos fundamentales a la vida, la libertad y al patrimonio de los usuarios del carreteable que comunica a los municipios de Oca_a y Convenci¢n.
2. Que la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscal¡a General de la Naci¢n y la Procuradur¡a General de la Naci¢n, asuman las investigaciones penales y disciplinarias a que haya lugar.
3. Que el Presidente de la Repoblica ordene a las fuerzas armadas y de polic¡a combatir a los paramilitares que operan sin oposici¢n de la fuerza poblica en la provincia de Oca_a y en el sur del departamento del cesar.
Santa Fe de Bogot D.C., 29 de Mayo 2000
Asociaci¢n Para La Promoci¢n Social Alternativa «Minga»
FUNDAMENTACI.N DEL EQUIPO NIZKOR
Los paramilitares est n efectuando un exterminio planificado de poblaci¢n civil.
1) Segon el Estatuto del Tribunal Internacional de Nuremberg y las sentencias posteriores reafirmadas por el Tribunal ad doc de la Ex Yugoslavia en julio de 1999 en el caso TADIC, la responsabilidad de los comandantes militares y dirigentes civiles que controlan la zona donde actuaron los paramilitares son responsables de no impedir la actuaci¢n de los paramilitares con las mismas responsabilidades penales individuales que si hubieran dirigido las operaciones en la zona de su comando.
Los comandantes de la zonas militares que son responsables en la cadena de mando de la que dependen los batallones y los jefes de los batallones son responsables de no impedir la actuaci¢n de las organizaciones criminales que componen los grupos paramilitares, no es suficiente las alegaciones de subordinaci¢n territorial ante la comisi¢n de delitos de esta naturaleza. Estas responsabilidades deben ser depuradas ante un tribunal bajo el criterio de que «no s¢lo deben saber, sino que est n obligados a saber» lo que ocurre en sus zonas de comando, como ha reafirmado en sentencia de 3 de marzo de 1999, en el caso TIHOMIR BLASKIC, el Tribunal Penal Internacional de la Ex Yugoeslavia. En este caso est n en esa situaci¢n las fuerzas policiales de los cuarteles de Convenci¢n y Oca_a, y los efectivos del Batall¢n de Contraguerrillas No. 50 y del Batall¢n Santander.
2) La actuaci¢n de los paramilitares en Colombia recoge un patr¢n de instrumentaci¢n de operaciones militares encubiertas que hacen responsables a los cuerpos militares y al estado mayor del ej’rcito de Colombia de cr¡menes de guerra, secuestros, desapariciones forzosas y dem s delitos constituidos en la figura de cr¡menes graves contra la humanidad. Estos delitos ni prescriben, ni son amnistiables tal cual ha dictaminado la Comisi¢n Interamericana de Derechos Humanos en los informes que afectan al Batall¢n Atlacatl en El Salvador. Lo mismo ocurrir¡a si sus responsabilidades fueran depuradas con los par metros utilizados por los Tribunales Penales Internacionales y la doctrina actual sobre el Derecho Internacional Humanitario.
3) Los paramilitares deben saber que segon los convenios de Ginebra los mercenarios no tendr n derecho al estatuto de combatiente o de prisionero de guerra y que adem s ser n juzgados por ser integrantes de una organizaci¢n. 4) Es evidente que se est n utilizando forma de exterminio de poblaci¢n civil que siguen perfiles de modelos de an lisis y control social con la utilizaci¢n de t’cnicas de simulaci¢n por ordenador que determinan las listas de personas que son «nodos» de activismo civil pol¡tico, social y cultural y que son: a) son fijadas como blanco; b) son amenzadas como forma de determinaci¢n del blanco a las unidades paramilitares; c) son despejadas las areas geogr ficas de actuaci¢n paramilitar en zonas rurales o fijadas zonas de cobertura de seguridad en zonas urbanas; d) son otorgadas facilidades de comunicaciones y coordinaci¢n y finalmente se determina el momento de la ejecuci¢n.
Estos hechos son constitutivos de la figura de organizaci¢n criminal y planificaci¢n sistem tica de exterminaci¢n de poblaci¢n civil. Segon la Comisi¢n Colombiana de Juristas, durante 998 de un total de 1656 incidentes registrados el 81,8 por ciento fueron cometidos por paramilitares y por las fuerzas de seguridad del estado. Entre 1994 y 1998 las violaciones graves de paramilitares y militares se han m s que doblado.
5) El exterminio es un crimen contra la humanidad, y por lo tanto punible bajo el Derecho Internacional. El exterminio es reconocido como crimen contra la humanidad en el art¡culo 6(c) del Estatuto de Nuremberg; art¡culo II(1) (c) de la Ley Nom. 10 del Consejo Aliado de Control, ¢rgano supremo de los aliados en Alemania, ocupada despu’s de la II G.M.; art¡culo 5(c) del Estatuto de Tokio y Principio IV(c) de los Principios de Nuremberg. Se incluy¢ tambi’n en los estatutos de los tribunales penales internacionales para la Antigua Yugoslavia (art¡culo 5) y Ruanda (art¡culo 3), as¡ como en el Proyecto de C¢digo de Cr¡menes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad [1954: art¡culo 2, p rr. 11 y 1996: art¡culo 18(b)].
6) Tomamos nota y apoyamos en todos sus t’rminos, la Declaraci¢n Publica del Comit’ Permanente de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional del Parlamento Canadiense de 16oct99 que dice expresamente «Hace un llamado al Gobierno de Colombia a intensificar tanto la investigaci¢n de la masacre de Barrancabermeja como tambi’n todas las actividades orientadas a reducir y prevenir la violencia, la violaci¢n de los derechos humanos en el pa¡s y a que ponga fin a la impunidad especialmente respecto a los cr¡menes de lesa Humanidad».
En concordancia con esta Declaraci¢n solicitamos a otros gobiernos que adopten similares posturas y que revisen las relaciones diplom ticias y econ¢micas con el gobierno Colombiano que ha demostrado ser insensible a sus obligaciones frente al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, para ello creemos se debe utilizar como clausula de condicionalidad el cumplimiento irresctrito de la doctrina emergente de los dict menes e informes de la Comisi¢n Interamericana de Derechos Humanos cuyo incumplimiento por parte del estado colombiano es evidente.
Equipo Nizkor
Derechos Human Rights
