Del lote de medidas anunciadas, el viernes 10, por el presidente Fernando de la Rúa, una de las que más enojo causó es la referida a las modificaciones que se introduciría en el régimen de previsión social. El titular del Ejecutivo argentino dijo que elevaría la edad de jubilación de las mujeres (hasta hoy de 60 años) progresivamente hasta los 65 y que la retribución económica para las nuevas jubilaciones se irían reduciendo. Muchas voces se alzaron contra esa medida, que posiblemente fuera impuesta por decreto, tanto desde el ámbito sindical, la oposición peronista cuanto algunos diputados del oficialismo aliancista.
Pero no sólo los cuestionamientos quedaron en las palabras, sino que también el rechazo se tradujo en una presentación ante la Justicia.
En tal sentido, ayer miércoles 15, los abogados Marcelo Parrilli y Antonio Liurgo dijeron lo suyo en la presentación radicada en el Juzgado Federal a cargo de Gustavo Literas.
En su escrito, los letrados sostienen que si se concretara la intenci¢n del Gobierno, el presidente incurrir¡a en «malversaci¢n de caudales poblicos, abuso de autoridad, y violaci¢n de los deberes de funcionario poblico, estafas y otras defraudaciones». A_aden que el art¡culo 14 bis de la Constituci¢n Nacional dispone que «el Estado otorgar los beneficios de la seguridad social que tendr car cter de integral e irrenunciable» y que «no se puede delegar en la banca privada para que se transforme en un negocio rentable en desmedro y perjuicio de la ciudadan¡a toda».
Al tiempo, indican los denunciantes que «la pretendida tranquilidad y calma del sistema financiero implicar¡a lisa y llanamente desbaratar los derechos y garant¡as constitucionales y ampliar m s la esfera de ausencia y desamparo del Estado sobre cuestiones que son indelegables (…)
El onico perjudicado es el habitante de este suelo que ve cercenado su derecho a la previsi¢n social cediendo una parte de su esfuerzo a empresas que lucran, como primer y onico objetivo, mientras el Estado que debe garantizar la funci¢n social oficia de anfitri¢n en la mesa de negociaci¢n».
En cuanto al aumento «indiscriminado de la edad jubilatoria» de la mujer que se elevar¡a, de manera progresiva, hasta llegar a la edad de 65 a_os, los abogados precisaron que «ello se proyecta en beneficio de aumentar la rentabilidad del sistema que se cede mediante anunciadas medidas del nuevo paquete econ¢mico. Con esta pol¡tica de seducci¢n los integrantes del Ejecutivo acometer¡an contra el orden jur¡dico establecido, en grado de ilicitud criminal».
Asimismo, remarcaron que el «abuso de autoridad» se encuentra reglamentado en art¡culo 248 del C¢digo Penal que reprime al funcionario que «dictare resoluciones u ¢rdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere».
A modo de prueba de los anuncios del presidente De la Roa y su Ministro de Econom¡a, Jos’ Luis Machinea, los abogados reclamaron que se libre un oficio a los medios de comunicaci¢n que dieron cuenta de lo expresado por los funcionarios en la noche del viernes 10.
En tanto, en la ma_ana del mismo mi’rcoles, el Jefe de Estado formul¢ algunas apreciaciones ante los periodistas reunidos en la Casa de Gobierno.
Sostuvo que estaba estudiando la factibilidad de que la reforma previsional saliera «a trav’s de un decreto o mediante un proyecto de ley ya existente en el Congreso. Por eso quiero ver los detalles del decreto y cotejarlo con esa iniciativa».
Por otra parte, en la C mara de Diputados, Mar¡a Am’rica Gonz lez (del Frente Pa¡s Solidario, integrante de la Alianza) presidenta de la Comisi¢n de Previsi¢n de dicho cuerpo subray¢ que esperaba que el Ejecutivo reflexionara y que as¡ desistiera de echar mano a la figura de los decretos de necesidad y urgencia dejando en manos del Congreso la discusi¢n sobre la reforma del sistema previsional.
Cabe destacar que si el anunciado proyecto de reformar el sistema previsional argentino se concretara, las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones habr¡an obtenido su mayor triunfo, ya que vienen presionando por la eliminaci¢n del sistema estatal desde hace varios a_os.
Alberto Bastia
Jefe Corresponsal¡as Informativos.Net en Am’rica Latina
