La aplanadora de diputados oficialistas aprobó la ley que autoriza al presidente Hugo Chávez para dictar decretos con fuerza de ley en diversas materias, por el lapso de un año, lo que, para algunos analistas locales y extranjeros han calificado como ôel secuestro de la facultad del Legislativoö.
Tras 20 meses en el poder, durante los cuales logró poner en marcha un cambio total en las instituciones políticas del país e imponer una nueva carta magna, Chávez tiene hoy ante sí lel reto de poner a caminar el país.
La Ley Habilitante, de la que han gozado todos los gobiernos anterior, es aún tema de polémica. Hasta el New York Times se metió en la discusión, calificando a Chávez de ôquasi dictadorö, mientras que juristas locales se mostraban más preocupados por el peligro de solapamiento legal cuando el Ejecutivo emita decretos que podrían colindir con la legislación vigente.
Dijo el NYT en su editorial de principios de noviembre que desde que Chávez ganó las elecciones, casi dos a_os atr s, «el ex paracaidista se ha convertido en uno de los l¡deres que habla con mayor franqueza. En su pa¡s, ha logrado una serie de cambios constitucionales, ha consolidado un poder casi dictatorial, y ahora busca gobernar por decreto».
Esta Ley Habilitante abarca, por primera vez en la historia venezolana -y de acuerdo a los lineamientos de la constituci¢n de 1999-, el mbito financiero; econ¢mico y social; de infraestructura, transporte y servicios; seguridad ciudadana y jur¡dica; ciencia y tecnolog¡a y organizaci¢n y funcionamiento del Estado.
La variedad de temas y el tiempo de vigencia de la Ley Habilitante gener¢ enfrentamientos entre los partidos de gobierno y los de la oposici¢n, porque los primeros rechazaron la propuesta para que la votaci¢n se hiciera por cada una de las reas a autorizar, en vez de realizarse una votaci¢n onica, en la cual se «empaquet¢» en un solo art¡culo todos los t¢picos sobre los que legislar el Poder Ejecutivo.
Los parlamentarios opositores -de Alianza Bravo Tiempo, Primero Justicia, La Causa Radical, Copei, Proyecto Venezuela, Convergencia y Nuevo Tiempo lamentaron que el sufragio no se hiciera por separado, lo que a criterio de ellos hubiese mostrado los puntos de consenso que exist¡an, en vez de irse a una decisi¢n en la que tuvieron que salvar el voto. El aspecto que gener¢ mayores cr¡ticas fue el que se delegara la legislaci¢n sobre hidrocarburos.
La socialdem¢crata Liliana Hern ndez, quien advirti¢ que se otorgaron «poderes ampl¡simos al presidente Ch vez sin ningon tipo de control», se_al¢ que la oposici¢n estaba de acuerdo en el 70 por ciento de las materias solicitadas por el ejecutivo, y destac¢ que se suprimi¢ el di logo y el acuerdo para demostrar la fuerza partidista.
Si bien algunos calificaron como «mamotreto» el texto propuesto, otros se preocuparon por la falta de proyectos concretos del Ejecutivo y «el alto criterio de improvisaci¢n de la ley en discusi¢n».
Pero lo cierto es que al Legislativo unicameral le queda la tarea de cumplir con la agenda de las disposiciones transitorias de la nueva Constituci¢n y adaptar el entramado legal a ‘sta, de modo que por lo menos deber considerar 79 proyectos de leyes ordinarias y org nicas, lo que significar¡a que las leyes econ¢micas, sociales, y de reestructuraci¢n del Estado deber¡an esperar al menos un par de a_os para ser aprobadas.
«Las demandas sociales no pueden esperar», admiti¢ el presidente de la Asamblea Nacional, William Lara a NA, tras afirmar que el ejecutivo ya tiene una serie de decretos para poner en marcha inmediatamente. Lara est preocupado por una posible postergaci¢n de la reactivaci¢n econ¢mica y social y un recrudecimiento de las tensiones sociales.
Pero antes de emprender la reestructuraci¢n del Estado, el gobierno de Ch vez lanz¢ otra «guerra santa» contra las centrales sindicales, cuya influencia es grande entre los empleados poblicos. Sin renovaci¢n sindical -para ello el referendo del 3 de diciembre- no podr haber reestructuraci¢n del Estado.
El diputado conservador Ezequiel Vivas Ter n dijo que la aprobaci¢n significaba «constituir un monarca» al violentar la divisi¢n de poderes. «Un nuevo tiranuelo bas ndose en triqui_uelas legales, (…) no se justifica la existencia del Parlamento despu’s de esta Habilitante: +por qu’ no lo cerramos?», pregunt¢. Nadie le contest¢: una cosa es ser opositor y otra perderse una dieta de 4.300 d¢lares al mes en medio de esta gran recesi¢n. «Esperamos que con tanto poder y respaldo estemos en capacidad de concretar las respuestas a las demandas del pa¡s, en lo social y econ¢mico: ‘sta es la gran oportunidad del gobierno», dijo el diputado Carlos Tablante, del Movimiento Al Socialismo (MAS), miembro de la alianza chavista.
Mes y medio antes, el presidente Hugo Ch vez pidi¢ una nueva Ley Habilitante y present¢ el programa de inversi¢n poblica bajo el nombre de la sobremarcha y la Asamblea Nacional aprob¢ al Poder Ejecutivo ambas solicitudes. Ahora el Gobierno no s¢lo podr legislar sobre materia econ¢mica o financiera, sino tambi’n sobre seguridad ciudadana, ciencia y funcionamiento del Estado, debido a que la Constituci¢n de 1999 otorga esa facultad. La Carta Magna de 1961 restring¡a la autorizaci¢n al mbito econ¢mico.
Esta es la segunda Habilitante que se le otorga a Ch vez y lo cierto es que los amplios poderes otorgados el a_o pasado no terminaron en la cantidad de decretos y leyes que ‘l mismo esperaba. «Esta ser m s eficaz y eficiente», asegur¢ el mandatario en su acostumbrado programa radial dominical. Se_al¢ que en el mbito financiero se promocionar el rea agr¡cola, el fortalecimiento de la peque_a y mediana empresas y de las aseguradoras, se crear el sistema de microfinanzas y se impulsar n las cajas de ahorros; en lo econ¢mico y lo social se crear la ley de tierras.»Ay ay ay, latifundistas», advirtis¢.
Ch vez agreg¢ que se promover n cooperativas y asociaciones, se desarrollar el turismo, se impulsar el sistema ferroviario y todo lo que tiene que ver con educaci¢n, salud, ciencia y tecnolog¡a, viviendas y vialidad, entre otras cosas.
La Ley
Esta nueva Ley Habilitante faculta al Ejecutivo para legislar por un a_o y abarca 36 normativas en seis reas:
* Financiero: financiamiento agropecuario y para la peque_a y mediana industria, microfinanzas, bancos y otras instituciones financieras, est¡mulo a la competitividad bancaria, seguros y reaseguros, fusiones de empresas aseguradoras, Fondo de Inversiones de Venezuela, Banco de Comercio Exterior y cajas de ahorro.
* Ec¢nomico-Social: tierras y desarrollo rural, asociaciones cooperativas, pesca y agr¡cola, hidrocarburos, turismo, hidrocarburos gaseosos y sector el’ctrico.
* Infraestructura, transporte y servicios: aviaci¢n civil, ferrocarriles, espacios acu ticos, transporte terrestre.
* Ciencia y Tecnolog¡a: mensaje de datos y firmas electr¢nicas y ley de ciencia, tecnolog¡a e innovaci¢n.
* Organizaci¢n y funcionamiento del Estado: leyes de estad¡stica, licitaciones, sistema nacional de planificaci¢n, compensaci¢n interterritorial, funci¢n poblica, Procuradur¡a General de la Repoblica, Consejo de Estado y Consejo Federal de Gobierno.
* Seguridad ciudadana y jur¡dica: sistema coordinado de servicios y ¢rganos de la polic¡a, investigaci¢n penal, Defensa Civil, bomberos, sistema nacional de identificaci¢n, registro y notar¡as poblicas, sistema coordinado de servicios y ¢rganos de la polic¡a.
Aram Aharonian
Corresponsal Informativos.Net en Caracas
