Con seguridad los funcionarios del gobierno de la Alianza nunca deben haber deseado tanto que una semana concluyera.
Dos acontecimientos les acarrearon serios dolores de cabeza a la administración radical frepasista.
El primero de ellos, hacia el interior del elenco gubernamental.
El martes 18, en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, Argentina votó, junto a Chile y Estados Unidos, una resolución donde ôse exhorta de nuevo al gobierno de Cuba a asegurar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentalesö.
De esta manera, la Alianza reiteró la práctica que había inaugurado Menem en 1991. En aquella oportunidad el ex presidente se congració con George Bush y con la Fundación Cubano Americana del extinto Jorge Mas Canosa. A esa fluida relación diplomática se la conoció como la época de las ôrelaciones carnalesö El canciller, Adalberto Rodríguez Giavarini, defendió la posición del voto argentino argumentando que su gobierno conden¢ el bloqueo y las sanciones econ¢micas impuestas a la administraci¢n caribe_a.
«Yo hubiese votado la abstenci¢n» fueron las palabras de Raol Alfons¡n, presidente de la Uni¢n C¡vica Radical. Es de destacar que durante su gobierno, la abstenci¢n prim¢ sobre el encolumnamiento con los Estados Unidos.
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Gil Lavedra, sostuvo que hubiera sido «m s simp tica la abstenci¢n, como hizo Brasil».
En una misma l¡nea de acci¢n se expres¢ Rosa Graciela Castagnola de Fern ndez Meijide, titular de Desarrollo Social.
El Ministro del Interior, Federico Storani, remarc¢ que el menemismo hab¡a apoyado las mociones contra Cuba propuestas por los Estados Unidos, cuando destac¢ «nosotros hicimos lo mismo y perdimos una excelente oportunidad de diferenciarnos de la gesti¢n anterior».
Transcurridos cuatro meses y medio de su asunci¢n, la primera grieta se avizor¢ en la coalici¢n de gobierno.
El segundo dolor de cabeza aliancista devino el mi’rcoles 19. En la madrugada de esa jornada, la Polic¡a Federal descarg¢ una feroz represi¢n contra los trabajadores, de la Confederaci¢n General del Trabajo (C.G.T.) disidente que lidera Hugo Moyano, congregados frente al Congreso Nacional para demostrar su oposici¢n a la posible sanci¢n de reformas laborales por parte de los senadores. Una veintena de heridos y medio centenar de detenidos fue el saldo del accionar policial.
Durante la rueda de prensa, Storani insisti¢ una y otra vez que el objetivo de los manifestantes era el copamiento del Congreso, con la intenci¢n de impedir el «funcionamiento de las instituciones democr ticas».
Al d¡a siguiente el Ministro del Interior, usando el mismo razonamiento que su antecesor menemista -Carlos Corach- afirm¢ estar convencido que hubieron infiltrados entre las filas de los manifestantes. El titular del sindicato de choferes de ¢mnibus, Juan Manuel Palacios, sostuvo que si hubo infiltrados «es porque los manda la polic¡a o el Gobierno, para que la gente no vaya».
Para el mi’rcoles 26, fecha en la que los senadores intentar n sancionar el proyecto de reforma laboral, la C.G.T. disidente convoc¢ a una nueva manifestaci¢n ante el Parlamento.
Con la intenci¢n de evitar «nuevos hechos de violencia», el gobierno estudia un operativo de seguridad que consistir¡a en disponer de funcionarios pol¡ticos que negocien con los manifestantes los l¡mites de la protesta.
Cada acto de gobierno, antes de concretarlo, debe ser mensurado por sus funcionarios.
En dos semanas los porte_os deber n elegir a sus nuevas autoridades. La Alianza, oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires, +pagar en esa oportunidad el costo pol¡tico de la represi¢n policial del mi’rcoles 19?
Alberto Bastia
Jefe Corresponsal¡as Informativos.Net en Am’rica Latina
