La Ley se aplicará dentro del más estricto respeto por la Constitución Nacional y por las normas internacionales en materia de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. En este sentido, un componente esencial de la ley es el deber del Estado de diseñar, en el marco de dichas normas, las medidas necesarias para ofrecer a todas las personas las condiciones apropiadas para que disfruten los derechos y garantías consagrados en la Constitución.
Las nuevas disposiciones ratifican el principio constitucional de que el monopolio de las armas para la defensa de la soberanía del país y la seguridad de los habitantes radica en el Estado, en particular en las Fuerzas Militares y de Policía.
El Estado colombiano y su Fuerza Pública están plenamente comprometidos con sus obligaciones constitucionales e internacionales en lo que respecta a la promoción, protección y defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitarioö.
