Sin embargo, el organismo de Derechos Humanos recuerda también que la legislación uruguaya vigente, impide juzgar a los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos.
El informe indica que «en agosto del año 2000, el gobierno uruguayo estableció un grupo especial, la Comisión para la Paz, encargada de determinar qué había sido de quienes desaparecieron durante los años de dictadura».
Sin embargo, la Ley de Caducidad de 1986, que otorgaba inmunidad procesal a todos los miembros de la Policía y el Ejército que hubieran cometido violaciones de Derechos Humanos por motivos políticos u obedeciendo órdenes antes del 1¦ de marzo de 1985, continuó impidiendo que se llevara a los responsables ante la Justicia.
Otro avance que se destaca en el informe de Amnistía Internacional es la circunstancia de que en mayo del año 2000 un tribunal civil resolvió que la madre de Elena Quinteros tenía derecho a conocer el paradero de su hija y las circunstancias de su desaparición.
En ese caso, en noviembre un tribunal dictamin¢ que los civiles presuntamente implicados en la desaparici¢n de Elena Quinteros, deb¡an comparecer ante la Justicia, ya que no estaban protegidos por la Ley de Caducidad de 1986. Entre los que deb¡an comparecer estaba el entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Blanco.
Lamentablemente, varios meses despu’s de dichos fallos judiciales, la situaci¢n permanece incambiada. Ni se sabe qu’ pas¢ con Elena Quinteros, ni ha comparecido ante la Justicia ningon civil c¢mplice de los militares. M s aon, uno de esos civiles, el embajador Lupinacci, fue designado por el Presidente Batlle como su representante en el Vaticano.
Otro de los hechos positivos destacados por Amnist¡a Internacional es el hallazgo de la nieta desaparecida del poeta argentino Juan Gelman, nacida en cautiverio en una c rcel clandestina y adoptada por un polic¡a amigo del ex presidente Julio Sanguinetti. En ese hallazgo, el gobierno del Presidente Batlle no tuvo ninguna intervenci¢n m s que la de convalidar lo actuado por Gelman.
Finalmente, el documento sobre los Derechos Humanos en Uruguay se_ala que «se recibieron informes sobre torturas y malos tratos a detenidos por parte de polic¡as y guardias de prisiones». Entre ellos un caso en el que «cuatro hombres y un muchacho de 19 a_os, detenidos por la Polic¡a como sospechosos de robo, fueron sometidos a tortura para obligarlos a firmar confesiones». (Uy/QR/Oi/Dh/pt).
